Recibir una orden de demolición del Ayuntamiento no significa que la obra vaya a desaparecer al día siguiente.
Pero tampoco es una resolución que pueda guardarse mientras se intenta “hablar con Urbanismo”.
Cuando la Administración ordena derribar una construcción, restaurar la realidad física o reponer una finca a su estado anterior, entran en juego al mismo tiempo tres cuestiones:
si la orden es jurídicamente correcta, cuánto tiempo existe para recurrirla y si es necesario impedir que el derribo se ejecute mientras se resuelve el recurso.
Ésta última puede ser decisiva.
Porque si la construcción se demuele antes de que llegue la sentencia, una eventual victoria judicial puede perder gran parte de su utilidad.
Por eso la defensa frente a una orden de demolición debe plantearse desde el principio en dos planos:
recurso contra la orden + protección frente a su ejecución.
¿Se puede recurrir una orden de demolición?
Sí, cuando la resolución sea susceptible de recurso y existan fundamentos para combatirla.
Pero antes de recurrir hay que conocer exactamente qué ha dictado la Administración.
No es lo mismo recibir:
- una orden de paralización;
- un requerimiento para legalizar;
- una resolución que declara que la actuación no es legalizable;
- una orden de restablecimiento de la legalidad;
- una resolución definitiva de demolición;
- un apercibimiento de ejecución subsidiaria;
- o la comunicación de una fecha próxima para ejecutar el derribo.
Cada fase exige una respuesta distinta.
La primera pregunta, por tanto, no debe ser:
“¿Cómo recurro?”
Debe ser: ¿En qué punto exacto del expediente estoy?
¿Por qué pueden ordenar demoler una obra?
Las situaciones son muy variadas.
Puede tratarse de:
- una construcción realizada sin licencia;
- obras que exceden lo autorizado;
- un cerramiento;
- una piscina;
- un porche;
- una ampliación;
- una terraza;
- cambio de uso;
- una edificación auxiliar;
- una obra ejecutada mediante declaración responsable que la Administración considera incorrecta;
- una actuación incompatible con el planeamiento;
- o una construcción situada en una clase de suelo sometida a especial protección.
Pero el hecho de que exista una irregularidad no permite saltarse el análisis del expediente.
Hay que estudiar:qué se construyó + cuándo + con qué título + en qué suelo + qué planeamiento era aplicable + si puede legalizarse + qué procedimiento ha seguido la Administración.
¿Puede legalizarse la obra en lugar de demolerla?
Ésta debe ser una de las primeras cuestiones que se estudien.
Obra sin licencia y obra imposible de legalizar no significan necesariamente lo mismo.
Una construcción puede haberse ejecutado sin el título urbanístico adecuado y, sin embargo, resultar materialmente compatible con el planeamiento.
En ese escenario puede existir una vía de legalización.
Para determinarlo habrá que revisar, entre otras cuestiones:
- clasificación del suelo;
- calificación urbanística;
- uso permitido;
- edificabilidad;
- ocupación;
- altura;
- retranqueos;
- protección patrimonial;
- ordenanzas;
- normativa sectorial;
- y planeamiento vigente.
En muchos asuntos la defensa exige trabajar simultáneamente desde dos perspectivas:
jurídica
y
técnico-urbanística.
Por eso el informe de un arquitecto puede convertirse en una pieza esencial.
¿Qué ocurre si la obra no puede legalizarse?
Si la actuación es materialmente incompatible con el planeamiento, la situación es más compleja.
Por ejemplo, puede ocurrir cuando:
- se supera la edificabilidad;
- se invade un retranqueo obligatorio;
- se ocupa suelo especialmente protegido;
- se afecta al dominio público;
- existe protección patrimonial;
- o el uso realizado no resulta admisible.
Pero incluso entonces debe comprobarse si la orden de demolición se ha dictado:
- por el órgano competente;
- dentro del procedimiento correcto;
- respetando los plazos;
- con audiencia;
- con una identificación precisa de lo que debe demolerse;
- y mediante una resolución suficientemente motivada.
Una obra materialmente problemática no convierte automáticamente en correcto cualquier expediente administrativo.
¿Qué plazo tengo para recurrir una orden de demolición?
Aquí hay que mirar siempre la resolución.
No existe un único recurso aplicable a todas las órdenes de demolición.
Dependiendo de quién haya dictado el acto y de si pone fin o no a la vía administrativa, puede proceder:
- recurso de alzada;
- recurso potestativo de reposición;
- o directamente recurso contencioso-administrativo.
Si el acto expreso pone fin a la vía administrativa, el plazo general para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa es de dos meses desde el día siguiente a su notificación.
Por eso hay cuatro documentos que nunca deben perderse:
resolución completa + pie de recursos + fecha de notificación + justificante de recepción.
Puedes ampliar esta cuestión en nuestra guía sobre recurso contencioso-administrativo: plazos, duración, costas y medidas cautelares.
Recurrir una orden de demolición no la suspende automáticamente
Éste es uno de los puntos más importantes.
La regla general del artículo 117 de la Ley 39/2015 es que:
presentar un recurso administrativo no suspende por sí solo la ejecución del acto recurrido.
Eso significa que pueden coexistir:
un recurso pendiente
y
una resolución que continúa siendo ejecutiva.
Por eso, ante una orden de demolición, debe estudiarse expresamente si procede solicitar la suspensión.
La Administración puede acordarla, previa ponderación de los intereses afectados, cuando:
- la ejecución pueda producir perjuicios de imposible o difícil reparación;
- o la impugnación se fundamente en determinadas causas de nulidad de pleno derecho.
Y una demolición plantea de manera muy evidente el problema de la reversibilidad.
La regla del mes en la suspensión administrativa
Existe además una previsión muy relevante en el artículo 117.3 de la Ley 39/2015.
Cuando la solicitud de suspensión se ha formulado en el marco del recurso administrativo, la ejecución se entiende suspendida si transcurre un mes desde que la solicitud entra en el registro electrónico de la Administración u organismo competente sin que se haya dictado y notificado una resolución expresa sobre la suspensión.
Pero esta regla no debe manejarse a ojo.
Hay que controlar:
- fecha exacta de presentación;
- órgano competente;
- registro de entrada;
- contenido de la petición;
- y existencia o no de una posterior resolución.
En un asunto de demolición, las fechas deben poder acreditarse.
¿Puede el Ayuntamiento ejecutar el derribo mientras voy al juzgado?
La presentación del recurso contencioso-administrativo tampoco paraliza automáticamente la ejecución.
Si existe riesgo de derribo habrá que estudiar una:
medida cautelar judicial.
Los artículos 129 y 130 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa permiten solicitar las medidas necesarias para asegurar la efectividad de la sentencia.
La pregunta fundamental será:
¿puede la ejecución de la demolición hacer perder al recurso su finalidad legítima?
En términos sencillos:
¿De qué serviría una sentencia que anulase la orden meses después si la construcción ya ha sido destruida?
Éste es precisamente el tipo de problema que justifica analizar una petición cautelar.
Eso no significa que los tribunales suspendan automáticamente todas las demoliciones.
El juez debe ponderar también:
- interés general;
- interés de terceros;
- situación urbanística;
- riesgo existente;
- perjuicios derivados de mantener temporalmente la obra;
- y circunstancias concretas del caso.
¿Qué hay que explicar para pedir la suspensión judicial?
Una solicitud cautelar no debe consistir simplemente en decir:
“El derribo me causa un perjuicio.”
Debe construirse.
1. Qué elemento va a demolerse
Hay que identificarlo perfectamente.
No es lo mismo:
- una vivienda;
- parte de una vivienda;
- un cerramiento;
- una piscina;
- un porche;
- una planta adicional;
- o una construcción auxiliar.
2. Qué consecuencias tendría la ejecución
Hay que explicar:
- coste de demolición;
- carácter irreversible o difícilmente reversible;
- afectación al resto del inmueble;
- posible daño estructural;
- utilización de la construcción;
- y consecuencias económicas.
3. Por qué la sentencia podría llegar demasiado tarde
Hay que conectar el derribo con la posible pérdida de finalidad del procedimiento.
4. Qué ocurre con el interés general
También debe explicarse por qué mantener provisionalmente la situación no produce una perturbación grave del interés general o de terceros.
5. Qué argumentos existen contra la orden
La cautelar no es todavía la sentencia.
Pero el juez necesita comprender cuál es el conflicto y por qué existe una controversia jurídicamente seria.
¿Puede pedirse una medida cautelarísima si el derribo es inminente?
En circunstancias de especial urgencia, puede valorarse el artículo 135 LJCA.
Es la denominada medida cautelarísima.
Puede ser especialmente relevante cuando existe:
- una fecha inmediata de demolición;
- comunicación de ejecución subsidiaria inminente;
- presencia o contratación de maquinaria;
- actuaciones materiales ya iniciadas;
- o un riesgo real de que el derribo se produzca antes de poder tramitar una cautelar ordinaria.
La clave está en la urgencia.
No basta con afirmar que una demolición es importante.
Hay que justificar por qué:
no puede esperarse siquiera a que se tramite el incidente cautelar ordinario.
Si la obra tiene muchos años, ¿todavía pueden ordenar demolerla?
Depende.
Y ésta es una de las cuestiones donde más errores se producen al buscar información por Internet.
Los plazos de protección de la legalidad urbanística dependen fundamentalmente de:
- la Comunidad Autónoma;
- clase de suelo;
- naturaleza de la actuación;
- fecha de terminación;
- normativa vigente;
- y existencia de regímenes especiales.
Por tanto, frases como:
“Han pasado cuatro años, ya no pueden demoler”
pueden ser jurídicamente erróneas.
Hay que determinar la ley aplicable al supuesto concreto.
Orden de demolición en Madrid: un ejemplo especialmente importante
En la Comunidad de Madrid existe una regulación concreta en la Ley 9/2001, del Suelo.
Para determinadas obras ya finalizadas, el artículo 195 establece actualmente que la Administración puede actuar, en los supuestos que regula, cuando desde la total terminación no hayan transcurrido:
- quince años en suelo no urbanizable de protección;
- o seis años en el resto de los casos.
Además, puede requerirse al interesado para que solicite la legalización o ajuste las obras en el plazo de dos meses.
La propia ley establece también que el plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento regulado en ese artículo es de un año.
Para obras todavía en ejecución, el artículo 194 contempla igualmente un plazo de dos meses, desde la notificación de la suspensión correspondiente, para solicitar la legalización o ajustar la actuación.
Esto demuestra algo fundamental:
no utilices automáticamente antiguos plazos urbanísticos que aparezcan en artículos o foros.
La normativa vigente debe comprobarse siempre.
¿Qué pasa si compré la casa con la obra ya realizada?
Es muy frecuente.
El propietario actual puede recibir una orden de demolición respecto de una construcción que:
- no ejecutó;
- ya estaba allí al comprar;
- figuraba físicamente en el inmueble;
- incluso aparecía en determinadas descripciones o documentos.
Pero decir:
“Yo no hice la obra”
no resuelve automáticamente el expediente.
Hay que estudiar:
- escritura;
- Registro de la Propiedad;
- Catastro;
- fotografías;
- antigüedad;
- licencias;
- expedientes anteriores;
- transmisiones;
- y régimen legal aplicable.
También habrá que valorar, en su caso, las posibles acciones frente a terceros.
Pero eso es distinto de la relación del propietario actual con la Administración urbanística.
Que la obra aparezca en Catastro no significa que sea legal
Otra confusión habitual.
El Catastro tiene una finalidad diferente de la disciplina urbanística.
Por tanto:
una construcción catastrada puede tener problemas urbanísticos.
También hay que ser prudente con:
- IBI;
- suministros;
- escrituras;
- certificados de antigüedad;
- fotografías aéreas.
Pueden ser pruebas muy valiosas.
Pero ninguno de esos documentos sustituye automáticamente al título urbanístico exigible.
¿Y si la obra aparece en la escritura?
Tampoco es suficiente por sí solo.
La escritura puede describir una realidad física.
La legalidad urbanística obliga además aQue la obra aparezca en Catastro no significa que sea legal
Otra confusión habitual.
El Catastro tiene una finalidad diferente de la disciplina urbanística.
Por tanto:
una construcción catastrada puede tener problemas urbanísticos.
También hay que ser prudente con:
- IBI;
- suministros;
- escrituras;
- certificados de antigüedad;
- fotografías aéreas.
Pueden ser pruebas muy valiosas.
Pero ninguno de esos documentos sustituye automáticamente al título urbanístico exigible.
comprobar:
- qué autorización existía;
- qué proyecto se aprobó;
- si la obra se ajustó a él;
- qué planeamiento era aplicable;
- y cuál es actualmente la situación de la construcción.
Registro, Catastro, escritura y urbanismo deben analizarse de forma conjunta, pero no son equivalentes.
Prescripción, caducidad y antigüedad: no son lo mismo
Otra fuente habitual de errores.
Debe distinguirse entre:
prescripción de la infracción;
plazo para ejercer las potestades de protección o restablecimiento;
caducidad del procedimiento administrativo;
y prescripción de una eventual sanción.
Son instituciones diferentes.
Por eso una defensa basada en el tiempo transcurrido no debería decir simplemente:
“La obra tiene muchos años.”
Debe demostrar:
cuándo terminó + qué normativa era aplicable + qué plazo rige + qué consecuencia jurídica produce.
¿Cómo se prueba la antigüedad de una construcción?
Cuando el tiempo es determinante, hay que convertir la antigüedad en prueba.
Pueden resultar especialmente útiles:
- fotografías históricas;
- ortofotografías;
- vuelos aéreos;
- Catastro;
- escrituras;
- facturas;
- contratos;
- suministros;
- informes técnicos;
- archivos municipales;
- expedientes anteriores;
- certificados técnicos;
- y cualquier documento que permita reconstruir cuándo quedó realmente terminada.
Una afirmación del propietario no suele ser suficiente.
Hay que documentarla.
¿Puede haber caducado el procedimiento urbanístico?
También debe comprobarse.
Los procedimientos administrativos están sometidos a plazos máximos.
Para analizar una posible caducidad hay que reconstruir:
- fecha de inicio;
- notificaciones;
- alegaciones;
- informes;
- períodos de suspensión;
- requerimientos;
- actuaciones imputables al interesado;
- y fecha de resolución.
En Madrid, por ejemplo, el artículo 195.4 de la Ley del Suelo establece actualmente un plazo máximo de un año para notificar la resolución del procedimiento allí regulado.
Pero la caducidad del procedimiento y el plazo material para ejercer la potestad urbanística son problemas diferentes.
No deben confundirse.
Una orden de demolición debe estar motivada
La resolución tiene que permitir comprender:
- qué construcción debe eliminarse;
- cuál es su situación urbanística;
- qué preceptos considera vulnerados la Administración;
- por qué no se admite la legalización;
- qué trámites se han seguido;
- qué alegaciones se han formulado;
- y por qué procede precisamente la medida acordada.
Una orden genérica, imprecisa o desconectada del expediente puede presentar problemas de motivación.
También hay que comprobar si existe correspondencia entre:
lo realmente construido
y
lo que la Administración ordena demoler.
En determinados expedientes, esta diferencia puede ser decisiva.
Motivos que deben revisarse antes de recurrir una orden de demolición
Cada caso exige su propio estudio.
Pero hay cuestiones que conviene revisar siempre.
Competencia
¿Ha dictado la resolución el órgano que legalmente podía hacerlo?
Procedimiento
¿Se han respetado audiencia, alegaciones y prueba?
Caducidad
¿Se ha resuelto dentro del plazo correspondiente?
Plazo de actuación urbanística
¿Todavía podía la Administración ejercer sus potestades?
Antigüedad
¿Está correctamente determinada la fecha de terminación?
Planeamiento
¿Se está aplicando la norma urbanística correcta?
Legalización
¿Se ha examinado realmente la posibilidad de legalizar?
Identificación
¿Está perfectamente delimitada la construcción afectada?
Licencia o declaración responsable
¿Se ha interpretado correctamente su alcance?
Motivación
¿Explica la resolución por qué procede el derribo?
Proporcionalidad y restauración
¿La medida impuesta se corresponde realmente con la alteración urbanística apreciada?
Cuidado: un mismo inmueble puede tener varios procedimientos
Es perfectamente posible encontrar:
expediente de legalización + sancionador + orden de demolición + ejecución subsidiaria.
No debe darse por supuesto que recurrir uno paraliza automáticamente los demás.
Especialmente:
recurrir una multa no equivale a recurrir la demolición.
Hay que elaborar un mapa completo del expediente.
¿Qué ocurre si no cumplo voluntariamente la orden?
Una resolución de demolición puede acabar ejecutándose forzosamente en los términos previstos legalmente.
Dependiendo del caso pueden aparecer:
- multas coercitivas;
- ejecución subsidiaria;
- actuaciones materiales de demolición;
- y repercusión al obligado de los costes de ejecución.
Esperar hasta ese momento reduce drásticamente el margen de maniobra.
La defensa debe comenzar cuando llega la resolución, no cuando llega la máquina.
Los 10 documentos que debes reunir inmediatamente
1. Orden de demolición completa
Todas las páginas.
2. Fecha de notificación
Incluido justificante electrónico o acuse.
3. Expediente administrativo
No sólo la resolución final.
4. Licencia urbanística
Si existió.
5. Declaración responsable
Cuando proceda.
6. Proyecto y planos
Tanto los autorizados como los realmente ejecutados.
7. Informes técnicos municipales
Pueden contener el verdadero fundamento de la orden.
8. Alegaciones anteriores
Para saber qué ha sido ya discutido.
9. Fotografías y documentación histórica
Especialmente cuando se discute la antigüedad.
10. Informe técnico independiente
En muchos asuntos resultará esencial.
¿Cuándo hay que ir al Juzgado?
Cuando existe un acto recurrible y se ha agotado, cuando sea necesario, la vía administrativa, el conflicto puede pasar a la jurisdicción contencioso-administrativa.
En ese momento deben distinguirse dos objetivos.
Objetivo principal
Conseguir la anulación total o parcial de la resolución cuando exista fundamento jurídico.
Objetivo urgente
Evitar que la demolición haga inútil la futura sentencia.
Por eso la pieza cautelar puede convertirse en una parte esencial del proceso.
Puedes consultar nuestra página sobre defensa contencioso-administrativa y medidas cautelares.
No dejes correr el plazo mientras negocias con el Ayuntamiento
Muchos propietarios intentan primero:
- reunirse con el técnico municipal;
- hablar con Urbanismo;
- presentar nuevos planos;
- pedir explicaciones;
- consultar con el arquitecto;
- o intentar alcanzar una solución informal.
Eso puede ser útil.
Pero tiene un riesgo:
las conversaciones no suspenden automáticamente los plazos de recurso.
Una llamada telefónica tampoco.
Un correo informal tampoco.
Un:
“no se preocupe, vamos a revisarlo”
tampoco.
Mientras se intenta solucionar el problema técnicamente, debe controlarse jurídicamente:
notificación + recurso + plazo + ejecución.
Díez & Romeo Abogados: defensa frente a órdenes de demolición
En Díez & Romeo intervenimos en procedimientos de Derecho Administrativo y urbanístico relacionados con:
- órdenes de demolición;
- restablecimiento de legalidad urbanística;
- obras sin licencia;
- denegaciones de legalización;
- órdenes de ejecución;
- expedientes de disciplina urbanística;
- sanciones;
- licencias;
- recursos administrativos;
- recursos contencioso-administrativos;
- medidas cautelares;
- y situaciones de ejecución urgente.
Nuestra práctica en Derecho Administrativo incluye expresamente los procedimientos relacionados con órdenes de reposición o demolición, licencias y disciplina urbanística.
Puedes consultar nuestra área de Derecho Administrativo y Urbanismo.
¿Te han notificado una orden de demolición?
Antes de realizar una valoración jurídica, prepara:
orden completa + fecha de notificación + expediente + licencia o declaración responsable + planos + proyecto + fotografías + informes técnicos + alegaciones anteriores.
Y, si existe, indícanos inmediatamente:
la fecha prevista para el derribo o cualquier apercibimiento de ejecución.
Con esa documentación puede analizarse:
qué acto recurrir, qué plazo existe, qué motivos pueden invocarse y si debe solicitarse la suspensión antes de que la demolición se ejecute.
Díez & Romeo Abogados
Derecho Administrativo · Urbanismo · Contencioso-Administrativo · Medidas cautelares
Orden de demolición: recurrir a tiempo puede ser tan importante como tener razón
Una orden de demolición no debe tratarse como una simple multa.
El procedimiento puede acabar con la desaparición física de una construcción.
Por eso hay que analizar simultáneamente:
si la orden es legal
y
si debe impedirse provisionalmente su ejecución mientras un juez decide.
Cuando existe una resolución de demolición, el tiempo empieza a contar.
Y si existe riesgo real de derribo:
la estrategia jurídica debe empezar antes de que llegue la máquina.
Orden de demolición: recurrir a tiempo puede ser tan importante como tener razón
Una orden de demolición no debe tratarse como una simple multa.
El procedimiento puede acabar con la desaparición física de una construcción.
Por eso hay que analizar simultáneamente:
si la orden es legal
y
si debe impedirse provisionalmente su ejecución mientras un juez decide.
Cuando existe una resolución de demolición, el tiempo empieza a contar.
Y si existe riesgo real de derribo:







