Si han expulsado a tu hijo con TEA, no des la resolución por definitiva.
Una expulsión, una sanción o una decisión administrativa puede ser recurrida. Y cuando la medida empieza a producir efectos de inmediato, debe estudiarse también si existe fundamento para acudir al juzgado y solicitar una medida cautelar que evite que la protección judicial llegue cuando el daño ya está hecho.
Éste es el punto que muchas familias desconocen.
No siempre basta con enviar otro correo.
No siempre basta con mantener otra reunión.
No siempre basta con presentar otra reclamación ante el centro.
Cuando existe una resolución formal, un plazo, una expulsión que ya se está ejecutando o una exclusión escolar que continúa cada día, hay que plantearse otra estrategia:
¿Qué resolución puedo impugnar y qué puedo pedir al juez ahora?
En Díez & Romeo Abogados trabajamos precisamente esa fase: la defensa jurídica y judicial de alumnos con TEA cuando la vía interna del colegio o la reclamación administrativa ya no resulta suficiente para proteger al menor
Una expulsión de un alumno con TEA no puede analizarse ignorando su discapacidad
Un alumno con TEA está sujeto a las normas de convivencia del centro.
Eso no significa que su situación pueda analizarse como si su discapacidad, sus necesidades de comunicación, regulación, anticipación y apoyo no existieran.
La pregunta no puede limitarse a:
“¿Qué hizo el alumno?”
Hay que determinar también:
- qué ocurrió inmediatamente antes;
- qué necesidades estaban identificadas;
- qué apoyos debía recibir;
- qué apoyos recibió realmente;
- qué ajustes razonables se habían adoptado;
- si existían antecedentes de desregulación;
- cómo reaccionó el centro;
- qué alternativas se intentaron;
- cómo fue oído el menor;
- y por qué la Administración considera proporcionada precisamente la expulsión.
Desde el 23 de octubre de 2026, el artículo 18 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad tiene una redacción especialmente contundente: reconoce el derecho a una educación inclusiva y universalmente accesible, en los mismos espacios y con los apoyos necesarios para garantizar presencia, participación y progreso en igualdad de condiciones. La reforma exige además apoyos y ajustes razonables individualizados.
La Ley Orgánica de Educación obliga asimismo a las Administraciones educativas a proporcionar los recursos necesarios al alumnado que precisa una atención diferente de la ordinaria y dispone que la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales debe regirse por los principios de normalización e inclusión, garantizando la no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
Por tanto:
el procedimiento disciplinario no puede convertirse en el atajo para resolver mediante expulsiones una necesidad educativa que requería apoyos
Cuando el problema deja de ser educativo y se convierte en jurídico
Hay un momento en el que la familia debe dejar de preguntarse únicamente:
“¿Cómo consigo que el colegio me escuche?”
y empezar a preguntarse:
“¿Existe ya una actuación administrativa que puedo recurrir?”
Ese cambio es fundamental.
Porque mientras la familia continúa manteniendo reuniones, enviando correos y esperando respuestas, pueden estar corriendo plazos administrativos o judiciales.
La estrategia cambia cuando aparece alguno de estos elementos:
- una resolución de expulsión;
- una sanción disciplinaria;
- un acuerdo de cambio de escolarización;
- una resolución administrativa negativa;
- una exclusión efectiva y reiterada;
- una retirada de apoyos formalmente acordada;
- una decisión que empieza a producir efectos inmediatamente;
- o una situación en la que esperar puede hacer inútil una futura sentencia.
En esos casos ya no basta con “seguir reclamando”.
Hay que identificar:
acto + plazo + recurso + jurisdicción + prueba + medida cautelar
¿Se puede recurrir judicialmente una expulsión escolar?
Sí, cuando existe una actuación susceptible de impugnación y concurren los presupuestos procesales correspondientes.
Pero la vía depende de quién haya adoptado la decisión.
No es jurídicamente igual:
- un centro público;
- un centro concertado;
- un centro privado;
- una decisión de la Dirección;
- una resolución de una Consejería de Educación;
- una actuación de Inspección;
- o una decisión puramente contractual del centro.
Por eso uno de los primeros errores que hay que evitar es presentar recursos sin haber determinado previamente qué acto estamos impugnando y ante qué jurisdicción.
Cuando se trata de una resolución administrativa que pone fin a la vía administrativa, la vía habitual será el recurso contencioso-administrativo.
Cuando todavía cabe un recurso administrativo obligatorio, habrá que valorar previamente su interposición.
Y cuando la controversia afecta a un centro privado o a una relación que no tiene naturaleza administrativa, la jurisdicción competente puede ser distinta.
No existe una demanda TEA estándar.
Existe un expediente concreto que hay que encajar correctamente en una vía procesal.
El plazo puede ser tan importante como el fondo del asunto
Cuando recibas una resolución, conserva inmediatamente:
- resolución completa;
- fecha exacta de notificación;
- justificante electrónico;
- sobre, si existe;
- pie de recursos;
- y cualquier comunicación que acompañe la resolución.
En la vía contencioso-administrativa ordinaria, el artículo 46 LJCA establece con carácter general un plazo de dos meses frente a actos expresos que pongan fin a la vía administrativa.
Pero no debe extrapolarse ese plazo automáticamente a cualquier situación: puede existir un recurso administrativo previo, una normativa específica o una vía procesal distinta.
Y aquí aparece una cuestión especialmente importante.
¿Puede utilizarse el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales?
En determinados asuntos debe estudiarse también la posibilidad de acudir al procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, regulado en los artículos 114 y siguientes de la LJCA.
No procede automáticamente porque el alumno tenga TEA.
Debe existir una lesión de un derecho susceptible de tutela a través de ese procedimiento y la estrategia procesal debe construirse específicamente sobre esa vulneración.
Pero puede resultar relevante cuando se plantea, por ejemplo, una posible afectación al:
- derecho a la igualdad y prohibición de discriminación;
- derecho fundamental a la educación;
- o a derechos estrechamente conectados con éstos.
La Constitución reconoce el principio de igualdad del artículo 14, el derecho a la educación del artículo 27 y, tras la reforma constitucional del artículo 49, exige que las personas con discapacidad ejerzan sus derechos en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas.
Y hay una razón práctica por la que esta vía debe analizarse inmediatamente:
el plazo puede ser de sólo diez días.
El artículo 115 LJCA fija con carácter general ese plazo para interponer el recurso especial de protección de derechos fundamentales, con reglas específicas de cómputo según la actuación impugnada.
Por eso, cuando una familia consulta semanas después de recibir la resolución, la estrategia procesal puede ser completamente distinta de la que habría sido posible el primer día.
La Ley también protege la permanencia del alumno en el sistema educativo
La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, tiene una enorme importancia en los conflictos de alumnos con TEA.
Su artículo 13 obliga a garantizar la ausencia de discriminación en los criterios y prácticas relativos no sólo a la admisión, sino también a la permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos, cualquiera que sea la titularidad del centro.
Esto importa porque no toda exclusión tiene forma de “expulsión”.
En ocasiones la exclusión se produce mediante actuaciones mucho más difíciles de detectar:
- llamar constantemente a los padres para que recojan al niño;
- reducir de hecho su jornada;
- dejarlo fuera de determinadas actividades;
- mantenerlo reiteradamente fuera del aula;
- suspender su asistencia determinados días;
- acumular sanciones sin modificar ningún apoyo;
- sugerir constantemente que cambie de centro;
- o trasladar a la familia la responsabilidad de aportar recursos que corresponden al sistema educativo.
Una exclusión informal repetida puede terminar afectando a la escolarización del menor tanto como una resolución formal de expulsión.
Y también debe documentarse.
¿Qué ocurre cuando la conducta está relacionada con una desregulación?
Éste suele ser uno de los puntos esenciales del litigio.
Reconocer que existe una discapacidad no significa justificar automáticamente cualquier conducta.
Pero tampoco es jurídicamente correcto analizar una conducta potencialmente vinculada a la discapacidad sin examinar esa relación.
Ante una agresión, una fuga, una crisis o una alteración grave, debe reconstruirse todo lo ocurrido:
Antes
¿Había señales de desregulación?
¿Se conocían los desencadenantes?
¿Existía sobrecarga sensorial?
¿Se habían producido cambios no anticipados?
¿Faltaba algún apoyo habitual?
Durante
¿Quién intervino?
¿Qué protocolo se siguió?
¿Qué medidas de regulación se intentaron?
¿Se aplicaron las adaptaciones previstas?
Después
¿Se investigó el origen de la conducta?
¿Se modificó algún apoyo?
¿Se revisó el plan de intervención?
¿O simplemente se sancionó al alumno y se le devolvió al aula exactamente en las mismas condiciones?
Cuando la secuencia es:
falta de apoyo → desregulación → sanción → regreso sin cambios → nueva desregulación → nueva sanción,
hay que preguntarse si el sistema disciplinario está intentando sustituir lo que debería ser una respuesta educativa y de apoyo.
La falta de ajustes razonables puede ser jurídicamente decisiva
Desde la reforma de 2026, la legislación española refuerza de manera expresa los ajustes razonables individualizados y la obligación de garantizar los apoyos necesarios para que la persona con discapacidad pueda participar efectivamente en el sistema educativo.
Por eso, en un procedimiento judicial sobre una expulsión puede ser esencial acreditar:
- qué ajustes estaban recomendados;
- quién los recomendó;
- cuándo se solicitaron;
- cuáles se concedieron;
- cuáles no se concedieron;
- cuáles existían sólo sobre el papel;
- y qué relación puede existir entre su ausencia y el incidente sancionado.
El objetivo no es construir una afirmación simplista del tipo:
“Mi hijo tiene TEA, por tanto no puede ser sancionado.”
Eso sería una mala defensa.
La defensa debe ser:
“Esta resolución no ha valorado adecuadamente la discapacidad, los apoyos, el contexto, los ajustes razonables y la proporcionalidad de la respuesta.”
Eso sí es susceptible de convertirse en una verdadera controversia jurídica.
¿Puede pedirse al juez que suspenda la expulsión?
Éste es el corazón de la estrategia judicial.
El recurso contencioso-administrativo puede terminar con una sentencia que anule la sanción.
Pero existe un problema evidente:
la sentencia puede llegar cuando la expulsión ya se haya cumplido.
Por eso existen las medidas cautelares.
El artículo 129 LJCA permite solicitar las medidas necesarias para asegurar la efectividad de la futura sentencia.
Y el artículo 130 establece como criterio esencial que la ejecución del acto pueda hacer perder al recurso su finalidad legítima, previa ponderación de todos los intereses en conflicto.
Aplicado a un alumno con TEA, la pregunta es muy sencilla:
Si esperamos a la sentencia, ¿qué habrá ocurrido entretanto con ese niño?
Qué perjuicios deben explicarse al pedir una medida cautelar
No basta con escribir:
“La expulsión perjudica al menor.”
Hay que concretar.
Puede ser necesario acreditar:
- días efectivos de escolarización perdidos;
- ruptura de rutinas;
- alteración grave derivada de la interrupción;
- pérdida de apoyos;
- aislamiento respecto del grupo;
- deterioro emocional;
- regresión;
- incremento de conductas problemáticas;
- pérdida de aprendizajes;
- afectación al vínculo con el centro;
- dificultad de reincorporación posterior;
- o riesgo de consolidación de una dinámica de exclusión.
La cautelar debe explicar por qué:
ganar dentro de varios meses no repararía completamente lo que está sucediendo hoy.
¿Puede pedirse la reincorporación del alumno?
Dependiendo del acto impugnado, de la situación concreta y de la medida procesal elegida, puede estudiarse una petición encaminada a:
- suspender la eficacia de la expulsión;
- mantener provisionalmente la escolarización;
- restablecer temporalmente la situación anterior;
- o adoptar otra medida necesaria para preservar la utilidad del recurso.
No debe prometerse que un juez ordenará siempre la reincorporación.
Eso dependerá del caso.
Pero tampoco debe asumirse que la familia tiene necesariamente que esperar de brazos cruzados mientras la expulsión produce todos sus efectos.
La LJCA permite solicitar medidas dirigidas precisamente a asegurar que la sentencia futura tenga efectividad real.
¿Y si la situación es especialmente urgente? La medida cautelarísima
Cuando existe una especial urgencia, debe estudiarse el artículo 135 LJCA.
Esta vía permite que el juez adopte una primera decisión sin oír previamente a la otra parte.
La Ley establece que, alegadas circunstancias de especial urgencia, el órgano judicial puede pronunciarse inicialmente en un plazo de dos días sobre la adopción o denegación de la medida y continuar después con la audiencia contradictoria prevista legalmente.
Pero hay que insistir:
una cautelarísima no es simplemente una cautelar “muy rápida”.
La especial urgencia tiene que acreditarse.
Hay que explicar por qué incluso la tramitación ordinaria del incidente cautelar puede provocar un perjuicio que haga perder utilidad al recurso.
Por eso, presentar una cautelarísima exige mucho más que indignación.
Exige:
hechos + documentos + perjuicio inmediato + conexión jurídica + petición concreta.
Ya hemos llevado una expulsión de un alumno con TEA a los tribunales: la Justicia la anuló
En Díez & Romeo Abogados no hablamos de este problema únicamente en términos teóricos.
Nuestro despacho ha obtenido una sentencia estimatoria que anuló la expulsión escolar de un alumno con TEA.
El pronunciamiento no se limitó a dejar sin efecto la sanción.
Reconoció la necesidad de que futuras actuaciones disciplinarias respetasen:
- una audiencia real y adaptada;
- la valoración individualizada de la discapacidad;
- y los ajustes razonables necesarios.
La resolución impidió además que la expulsión anulada permaneciera como antecedente disciplinario susceptible de perjudicar al menor posteriormente.
sentencia que anuló la expulsión escolar de un alumno con TEA
Éste es precisamente el punto que una familia debe conocer:
que una resolución haya sido dictada no significa que tenga necesariamente razón la Administración.
Los actos administrativos se recurren.
Los expedientes se revisan.
Las pruebas se discuten.
Las vulneraciones se alegan.
Y las decisiones contrarias a Derecho pueden ser anuladas judicialmente.
Qué documentos necesitamos para preparar la vía judicial
Si existe una expulsión, no empieces por escribir veinte páginas contando todo lo ocurrido.
Empieza por reunir prueba.
1. Resolución de expulsión
Completa.
Incluyendo pie de recursos.
2. Notificación
Con la fecha exacta de recepción.
3. Expediente disciplinario
Debe revisarse completo:
- acuerdo de inicio;
- cargos;
- informes;
- partes;
- declaraciones;
- prueba;
- audiencia;
- alegaciones;
- propuesta;
- resolución.
4. Evaluación psicopedagógica
Especialmente relevante para conocer las necesidades identificadas oficialmente.
5. Dictamen de escolarización
Cuando exista.
6. Planes y documentos educativos
- plan de trabajo;
- adaptaciones;
- PT;
- AL;
- protocolos;
- planes de conducta;
- programas de regulación;
- medidas individualizadas.
7. Informes profesionales
- psicología;
- psiquiatría;
- neurología;
- terapia ocupacional;
- logopedia;
- profesionales especializados.
8. Comunicaciones con el colegio
Especialmente aquellas en las que:
La cronología: una de las mejores pruebas para entender el caso
Haz una tabla.
| FECHA | QUÉ OCURRIÓ | QUÉ HIZO EL CENTRO | QUÉ HIZO LA FAMILIA | DOCUMENTO |
|---|
Esa cronología permite detectar patrones.
Por ejemplo:
septiembre: se solicita apoyo.
octubre: no se implanta.
noviembre: aparecen incidencias.
diciembre: llamadas reiteradas para recoger al menor.
enero: primera sanción.
febrero: nueva crisis sin cambios en los apoyos.
marzo: expulsión.
Una resolución disciplinaria analizada de forma aislada puede parecer una cosa.
La misma resolución colocada dentro de seis meses de falta de apoyos puede contar una historia jurídica completamente diferente.
¿Qué hacer si el colegio te llama para recoger continuamente a tu hijo?
Documentarlo.
Siempre.
Una llamada puntual ante una verdadera emergencia no equivale a una exclusión.
Pero si se convierte en sistema:
- lunes a las 11:30;
- miércoles a las 12:00;
- viernes después del recreo;
- la semana siguiente otra vez;
ya no estamos hablando únicamente de una incidencia.
Puede estar produciéndose una reducción material de la escolarización.
Cada vez que ocurra:
- anota fecha y hora;
- pregunta quién ordena la salida;
- solicita el motivo;
- pide confirmación escrita;
- conserva mensajes;
- registra cuánto tiempo de clase pierde;
- deja constancia de la reiteración.
Porque lo que no se documenta es mucho más difícil de convertir después en prueba.
¿Y si el colegio dice que “no tiene medios”?
La falta de recursos no puede convertirse automáticamente en la respuesta jurídica a los derechos del menor.
La legislación educativa atribuye a las Administraciones la responsabilidad de asegurar los recursos necesarios y la reciente reforma de la Ley General de Discapacidad obliga a garantizar los apoyos individualizados y los recursos materiales, económicos y personales necesarios para una educación inclusiva.
La frase:
“No tenemos personal”
puede describir un problema organizativo.
Pero no resuelve por sí misma la cuestión jurídica.
Hay que preguntar:
¿quién tenía la obligación de proporcionarlo?
¿Qué hacer si te dicen que “este colegio no es para tu hijo”?
Pide que cualquier decisión que afecte a la escolarización se adopte formalmente y con las garantías correspondientes.
No aceptes que una cuestión de enorme trascendencia se resuelva únicamente mediante:
- reuniones informales;
- comentarios;
- llamadas;
- sugerencias de traslado;
- o presiones para que la familia retire voluntariamente al menor.
Las decisiones sobre escolarización de alumnado con necesidades educativas especiales están sometidas a reglas, garantías y participación familiar.
La LOE exige normalización, inclusión, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia.
Y la Ley 4/2026 refuerza todavía más la excepcionalidad de la escolarización separada cuando las necesidades pueden ser atendidas mediante medidas de inclusión, exigiendo motivación y consideración de la voluntad familiar en los términos establecidos legalmente.
Cuándo dejar de acumular reclamaciones y estudiar la demanda
No existe un número mágico de escritos.
Pero sí existen señales claras:
– Ya hay una resolución de expulsión
Hay que estudiar inmediatamente recurso y plazo.
– La expulsión comienza de forma inmediata
Hay que valorar protección cautelar.
– Existe una reiteración de sanciones
Hay que analizar el expediente completo, no sólo la última.
– El alumno está siendo materialmente apartado del aula
Hay que documentar la exclusión y determinar qué actuación es impugnable.
– Se han rechazado apoyos esenciales
Hay que estudiar la resolución y la vía de reacción.
– La Administración ha desestimado la reclamación
Puede haberse abierto la vía judicial.
– Existe una posible vulneración de derechos fundamentales
Debe estudiarse inmediatamente si procede la vía especial de los artículos 114 y siguientes LJCA y su plazo particularmente breve.
– El tiempo está haciendo inútil la futura protección
Hay que estudiar medidas cautelares.
El error más peligroso: pensar que primero hay que esperar a que todo termine
No siempre.
En Derecho Administrativo existen momentos en los que hay que esperar a que se agote determinada vía.
Pero existen también instrumentos jurídicos precisamente diseñados para evitar que la espera destruya la finalidad del recurso.
Por eso la estrategia debe diseñarse antes, no después.
Cuando una familia consulta una expulsión escolar, nuestra primera revisión no debería ser:
“Cuéntame toda la historia desde infantil.”
Debe ser:
1. ¿Qué resolución tienes?
2. ¿Cuándo te la notificaron?
3. ¿Qué recurso indica?
4. ¿Cuándo empieza la expulsión?
5. ¿Qué perjuicio está causando ya?
Después reconstruimos todo lo demás.
Una sanción no se combate únicamente diciendo que es injusta
En vía judicial necesitamos demostrar por qué es contraria a Derecho.
Entre las cuestiones que pueden analizarse están:
- defectos del procedimiento;
- falta de audiencia adecuada;
- insuficiencia probatoria;
- hechos incorrectamente establecidos;
- falta de motivación;
- omisión de circunstancias esenciales;
- ausencia de valoración individualizada de la discapacidad;
- incumplimiento de ajustes razonables;
- falta de apoyos;
- vulneración del principio de proporcionalidad;
- discriminación directa o indirecta;
- afectación del derecho a la educación;
- vulneración de igualdad;
- y eventual afectación de derechos fundamentales.
Cada expediente tendrá unas.
No hace falta alegarlas todas.
Hace falta alegar las que pueden demostrarse.
El objetivo judicial no es ganar una discusión con el colegio
Es obtener una resolución jurídicamente útil para el menor.
Según el caso, la pretensión podrá dirigirse a:
- anular la sanción;
- suspender provisionalmente su ejecución;
- eliminar sus efectos;
- evitar que opere como antecedente disciplinario;
- restablecer una situación jurídica;
- solicitar una medida cautelar;
- solicitar una medida cautelarísima;
- o conseguir la tutela judicial que corresponda frente a la actuación administrativa impugnada.
Ésa es la diferencia entre:
quejarse
y
litigar con una estrategia.
No normalices que tu hijo pierda el colegio porque necesita más apoyos
Hay familias que terminan acostumbrándose a situaciones que no deberían convertirse en normales:
“Ven a recogerlo.”
“Hoy mejor que no venga.”
“No podemos atenderle.”
“Tiene demasiadas crisis.”
“Tiene que quedarse en casa tres días.”
“Quizá este centro no sea adecuado.”
“Si vuelve a ocurrir tendremos que expulsarlo otra vez.”
No afirmamos que toda decisión de este tipo sea automáticamente ilegal.
Cada caso debe estudiarse.
Pero tampoco aceptamos que la discapacidad convierta al alumno en el elemento prescindible del sistema.
Si el problema exige apoyos, deben analizarse los apoyos.
Si existe una conducta sancionable, debe existir un procedimiento con todas las garantías.
Si existe discriminación, debe combatirse.
Si existe una resolución ilegal, debe recurrirse.
Y si el daño se está produciendo hoy:
debe estudiarse si el juez puede intervenir hoy, no cuando termine el curso.
Díez & Romeo consigue anular la expulsión de un alumno con TEA
Nuestro despacho ya ha llevado esta batalla a los tribunales.
Díez & Romeo obtuvo una sentencia que anuló la expulsión escolar de un alumno con TEA, impidió que la sanción pudiera conservar efectos disciplinarios perjudiciales y exigió que futuras actuaciones respetaran las necesidades específicas del menor, su audiencia adaptada y los ajustes razonables correspondientes.
LEER: Sentencia que anula la expulsión de un alumno con TEA
Enlace interno:
También puedes consultar:
Y nuestra práctica jurídica:
¿Han expulsado a tu hijo con TEA? Qué hacer ahora
Si ya existe una resolución, no esperes a reunir un expediente perfecto para comprobar el plazo.
Empieza por estos seis documentos:
1. Resolución de expulsión.
2. Fecha exacta de notificación.
3. Pie de recursos.
4. Expediente disciplinario, si lo tienes.
5. Evaluación psicopedagógica e informes principales.
6. Comunicaciones previas sobre apoyos e incidencias.
Con esos documentos puede iniciarse el análisis de las preguntas realmente importantes:
¿Qué podemos recurrir?
¿Qué plazo tenemos?
¿Tenemos que agotar primero una vía administrativa?
¿Podemos acudir ya al juzgado?
¿Existe una vulneración de derechos fundamentales?
¿Procede solicitar una medida cautelar?
¿Existe especial urgencia para una cautelarísima?
¿Podemos pedir que la expulsión no produzca efectos mientras se resuelve el proceso?
Judicialización TEA: cuando reclamar al colegio ya no basta
Las asociaciones desempeñan una labor imprescindible de información, apoyo y acompañamiento a las familias.
Pero cuando existe:
- una resolución;
- una sanción;
- un expediente;
- un plazo;
- una Administración que no rectifica;
- o la necesidad de pedir protección a un juez,
el problema entra en otra fase.
La fase jurídica y judicial.
En Díez & Romeo Abogados trabajamos la judicialización de conflictos educativos que afectan a menores con TEA y neurodivergentes:
- impugnación de expulsiones;
- expedientes disciplinarios;
- recursos administrativos;
- recursos contencioso-administrativos;
- procedimientos de protección de derechos fundamentales cuando procedan;
- medidas cautelares;
- medidas cautelarísimas;
- falta de apoyos;
- ajustes razonables;
- decisiones sobre escolarización;
- discriminación;
- y defensa frente a actuaciones administrativas que comprometan la permanencia efectiva del menor en el sistema educativo.
No dejes que el plazo decida por ti
Una familia puede tener razón en el fondo y perder una oportunidad procesal por haber llegado tarde.
Por eso, ante una expulsión, la primera batalla es sencilla:
que nadie deje pasar el plazo pensando que “ya veremos después”.
Después estudiaremos cada página del expediente.
Después discutiremos la prueba.
Después analizaremos apoyos y ajustes.
Después construiremos los argumentos.
Pero primero:
hay que conservar abierta la puerta del recurso.
Preguntas frecuentes sobre expulsiones de alumnos con TEA
¿Puede expulsarse a un alumno con TEA?
El diagnóstico de TEA no impide automáticamente cualquier sanción. Pero la decisión debe respetar el procedimiento, valorar individualmente la discapacidad, los apoyos, los ajustes razonables, las circunstancias concretas y la proporcionalidad.
¿Se puede recurrir una expulsión escolar?
Sí, cuando exista una resolución o actuación susceptible de recurso. La vía dependerá del tipo de centro, del órgano que haya dictado la decisión y de la normativa aplicable.
¿Puedo ir directamente al juzgado?
Depende del acto y de si la vía administrativa está agotada o existe otra vía procesal disponible. Debe comprobarse el pie de recursos y la naturaleza jurídica de la decisión antes de actuar.
¿Cuánto tiempo tengo para recurrir?
No existe un único plazo para todos los casos. En la vía contencioso-administrativa ordinaria existe, con carácter general, un plazo de dos meses frente a actos expresos que pongan fin a la vía administrativa. La vía especial de protección de derechos fundamentales tiene un plazo general de diez días, sujeto a sus reglas específicas. Por eso la fecha de notificación debe revisarse inmediatamente.
¿Puedo pedir que suspendan la expulsión?
En determinados casos puede solicitarse una medida cautelar dirigida a evitar que la ejecución de la resolución haga perder al recurso su finalidad legítima.
¿Qué es una cautelarísima?
Es la vía del artículo 135 LJCA para supuestos de especial urgencia. Permite al juez adoptar una primera decisión sin audiencia previa de la otra parte, pero exige justificar de forma específica esa urgencia.
¿Puede pedirse la reincorporación?
Según el acto impugnado y la situación concreta, puede estudiarse una medida dirigida a suspender los efectos de la expulsión y preservar o restablecer provisionalmente la escolarización.
¿Qué ocurre si faltaban apoyos?
Debe acreditarse qué apoyos estaban reconocidos o eran necesarios, si se prestaban realmente y qué relación existe entre su ausencia y los hechos que dieron lugar al expediente.
¿Y si el niño realmente tuvo una conducta grave?
La existencia de la conducta no elimina automáticamente la necesidad de examinar contexto, discapacidad, apoyos, procedimiento, proporcionalidad y ajustes razonables.
¿Qué hago si todavía no hay una expulsión formal pero me obligan constantemente a recogerlo?
Documenta cada episodio. Una sucesión de salidas anticipadas puede terminar generando una exclusión material del sistema educativo aunque no exista formalmente una resolución titulada “expulsión”.
Cuando reclamar ya no basta, hay que defender
Un alumno con TEA no necesita que el Derecho le prometa que todo saldrá bien.
Necesita que el Derecho se utilice.
Que los expedientes se revisen.
Que las resoluciones se recurran.
Que los plazos se respeten.
Que las pruebas se aporten.
Que los ajustes razonables se exijan.
Que las decisiones discriminatorias se impugnen.
Y, cuando existe fundamento jurídico y urgencia:
que se pida al juez que intervenga antes de que la exclusión se haya consumado.
¿Han expulsado a tu hijo con TEA o has recibido una resolución disciplinaria?
Envíanos:
resolución + fecha de notificación + expediente + evaluación psicopedagógica + informes principales + comunicaciones sobre apoyos.
Analizaremos la vía de recurso, los plazos, la jurisdicción competente y la posibilidad de solicitar protección cautelar.
