El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que la imagen en 'top less' de una persona pública, como una miss o una modelo, cuenta con "un interés propio" y "puede ser noticia" para los medios "pertenecientes al género frívolo, de entretenemiento o espectáculo".

Así consta en una sentencia de la Sala de lo Civil del alto tribunal que se ha hecho pública y en la que admite el recurso de casación presentado por la revista 'Interviú', además de anular una sentencia dictada en noviembre de 2003 por la Audiencia Provincial de Madrid, donde se obligaba a esta publicación a indemnizar con 30.000 euros a la modelo y Miss España 1995, María Reyes, tras mostrarla en portada sin la parte superior de su biquini cuando se encontraba en una playa de Ibiza.

"El personaje público que en lugar público se expone a mirada ajena asume que su imagen pueda ser captada y difundida sin su consentimiento aunque no le satisfaga el resultado y siempre que tenga interés según el género socialmente admitido al que pertenezca el medio", argumenta la sentencia del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Marín.

Los magistrados de la Sala de lo Civil entienden que "disfrutar de la playa sin la pieza superior del biquini" está "plenamente admitido por los usos sociales". La "consecuencia lógica" que extraen de este planteamiento es que "no puede ser que sea ilícita la imagen de quien así es fotografiada sin su consentimiento y no lo sea si viste de otro modo en la playa o es fotografiada en ropa de calle".

A este respecto, han puesto de relieve "la profesión de notoriedad o proyección pública" de María Reyes, a la que consideran una "reconocida modelo fotográfica y de pasarela después de haber sido Miss España en 1995".

Tras señalar que la licitud o ilicitud de las imágenes de una persona de proyección pública "no pueden depender de que tenga puesta o no la pieza superior del biquini", el Supremo constata que "raramente se interponen demandas por imágenes inconsentidas en los medios frívolos o de entretenimiento si la persona famosa afectada viste ropa de calle o de fiesta o si disfruta de la playa en traje de baño o biquini".

De igual modo, la sentencia resalta que en el caso enjuiciado no se produjo "el acoso permanente por los periodistas gráficos", por lo que no cabe equipararlo con otros hechos en los que un tribunal declaró la necesidad de proteger la vida privada de las personas demandantes.

El 75 por ciento de los hogares de la provincia de Córdoba están adaptados plenamente a la Televisión Digital Terrestre (TDT) antes de que se produzca el cese analógico el próximo 22 de julio (en los municipios del norte de la provincia) , lo que supone una cifra "bastante buena" respecto a la implantación en el resto de España.

El director de Planificación y Relaciones Externas de red.es, Gonzalo Die Socías, ha explicado en conferencia de prensa que entre el 80,5 y el 94,5 por ciento de los hogares están antenizados, mientras que el 98 por ciento de los cordobeses que sufrirán el apagón analógico el próximo mes "ya conocen el nuevo sistema de emisión audiovisual".

Asimismo, Die ha recomendado a los ciudadanos que "adapten su antena y hogar" con antelación al 22 de julio para evitar que se demore el proceso de sustitución de la televisión analógica por la digital.

Información en los ayuntamientos

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Córdoba, Jesús María Ruiz, ha resaltado que se ha puesto a disposición de los ayuntamientos diferentes soportes y herramientas de divulgación para informar a los ciudadanos sobre el proceso de transición a la TDT.

Además, Ruiz ha destacado el Plan de Apoyo a los colectivos con riesgo de exclusión que permitirá ceder diversos descodificadores a los miembros de estos colectivos que no dispongan del mismo y que residan en los 23 municipios incluidos en la Fase I del Plan Nacional de Transición a la TDT y que afectará a cerca de 77.000 cordobeses.

Los ciudadanos que pueden beneficiarse de este programa para obtener los descodificadores son personas que tienen más de 65 años con dependencia reconocida de grado II o III, población con una discapacidad auditiva o visual total igual o superior al 33 por ciento y los mayores de 80 años que vivan solos o acompañados de otra persona que supera también esta misma edad.

Finalmente, la delegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Sol Calzado, ha incidido en la colaboración entre las administraciones para acelerar la transición a la TDT y resaltado la "importante campaña de información ciudadana" para que los cordobeses conozcan el nuevo sistema.

En este sentido, ha afirmado que 67 centros Guadalinfo de la provincia cordobesa llevarán a cabo tareas de información y formación sobre el nuevo sistema audiovisual con el objetivo de lograr la mejor adaptación posible antes del próximo 22 de julio.

Las empresas de telecomunicaciones han pedido a los partidos políticos con representación parlamentaria su apoyo para frenar en el Congreso el Proyecto de Ley de financiación de TVE que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el pasado 8 de junio y exige a este sector el pago de una tasa para mantener una televisión pública sin anuncios.
Mañana termina el periodo de enmiendas al polémico proyecto de ley y el sector de las telecomunicaciones ha querido recordar su rechazo a una tasa que el presidente de Redtel (asociación que agrupa a Telefónica, Orange, Ono y Vodafone), Miguel Canalejo, ha calificado como "impuesto revolucionario".

En una rueda de prensa convocada este medio día, Canalejo ha insistido en que la ley de financiación de RTVE aún no está aprobada y ha instado a todos los partidos políticos que en su programa electoral apostaron por la Sociedad de la Información a que paralicen la tasa en el Parlamento.

El proyecto de ley del Ejecutivo exige a las cadenas privadas estatales el pago del 3% de sus ingresos brutos de explotación y a los operadores de telecomunicaciones, el 0,9%, para financiar RTVE. Además, el dinero recaudado por el uso del espectro radioeléctrico también irá destinado a la cadena pública. De este modo, los canales de televisión financiarán el 10% de TVE (120 millones de euros al año) y las 'telecos', el 24% (288 millones).

El representante del sector ha insistido en que tanto el Consejo de Estado como la CMT hayan rechazado este modelo y ha confirmado que los argumentos aportados por estos dos organismos han sido los empleados por las 'telecos' en sus conversaciones con los partidos políticos.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que las operadoras suban sus tarifas de internet y telefonía fija para poder abonar la tasa, Canalejo se ha referido al informe del Consejo de Estado que señala como "previsible" este daño colateral para los consumidores.

El presidente de Redtel ha reivindicado el papel del sector en la economía española y ha subrayado que las telecomunicaciones son infraestructuras equiparables en importancia a otras como el transporte o los aeropuertos sólo que están financiadas por empresas privadas. Por ello, Redtel afirma no entender este castigo del Ejecutivo.

"Hemos dotado al país de infraestructuras sin la ayuda de nadie. Pero Moncloa no nos consultó hasta 48 horas antes de aprobar esta ley. Algo hemos hecho mal y tendremos que aprender de esto", ha reconocido en un gesto de autocrítica.
Dividendo digital
El representante de Redtel también se ha referido al dividendo digital, que el Gobierno concedió a las 'telecos' el pasado 2 de junio para tratar de calmar los ánimos en el sector.

Canalejo ha asegurado que sin esas frecuencias España no podría desarrollar la tecnología LTE que traerá la banda ancha a la telefonía móvil, lo que supondría una desventaja competitiva con respecto a sus vecinos europeos.

"Esto no tiene nada que ver con el impuesto por TVE", ha afirmado. Según el representante de las grandes empresas del sector, esta medida es la "más importante de las aprobadas en los últimos años", pero "llegará tarde", en 2015, de acuerdo con el calendario anunciado por el ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Airbus no va a cambiar los sensores que miden la velocidad de sus aviones. Al menos, no lo contempla así en el segundo informe que ha reportado a las aerolíneas que operan sus aeronaves, a raíz del accidente del A-330-203 de Air France.

El fabricante europeo sólo les advierte de que cuando se produzca una lectura errónea en la indicación de velocidad, los pilotos se limiten a acatar los procedimientos de los manuales, según consta en el citado documento, al que ha tenido acceso este diario.

"Sin prejuzgar el resultado final de la investigación, los datos disponibles llevan a Airbus a recordar a los operadores cuáles son las recomendaciones operacionales en caso de indicación de velocidad no fiable", informa el fabricante.

En ese informe, remitido el pasado jueves a última hora de la noche a las aerolíneas, Airbus hace referencia a todos sus modelos de avión (A-300, A-310, A-300-600, las familias de los A-318, A-320, A-321, A-330 y A-340, y hasta el gigante A-380) y precisa el capítulo del manual que debe seguir un piloto cuando los indicadores de velocidad en vuelo dan indicaciones diferentes.

El fabricante reconoce que la ruta que siguió el avión de Air France cruzaba "una zona tropical de actividad tormentosa múltiple". Esta información coincide con el parte reportado por la Oficina Meteorológica de Londres para el 1 de junio, día del accidente, donde advertía turbulencias "severas", además de tormentas de nieve, hielo y granizo.

En este sentido, Airbus informa a los operadores de que los mensajes que recibió el centro de mantenimiento de Air France, en París, procedentes del avión, de manera automática, indican que "existía inconsistencia entre los diferentes medidores de velocidad en vuelo".

El director general de Tecnología y Comunicaciones y consejero delegado de Multimedia de las Islas Baleares (SAU), Antoni Manchado, y el director territorial de Abertis Telecom, Ramón Pallarés, firmaron hoy un convenio de colaboración cuyo principal objetivo radica en garantizar la recepción de la señal de la Televisión Digital Terrestre (TDT) a través del satélite a todas las zonas dónde no llegue la cobertura terrestre.   Así, Manchado afirmó que el Govern calcula que un 0,65% de la población, aproximadamente unos 6.500 habitantes, podría quedar fuera del ámbito de cobertura terrestre por el hecho de vivir en zonas aisladas o zonas dónde la orografía dificulta especialmente la recepción de la señal, tal y como ya pasa con la señal analógica.

   De esta forma, a través de este convenio, la recepción estará garantizada, gratuitamente, "en todo el territorio", puesto que el procedimiento a seguir comienza por la puesta en marcha, por parte del Govern y Abertis Telecom, de un curso para los antenistas autorizados que deseen adherirse como instaladores al programa, cuya lista estará disponible en la web de la entidad.

   Los ciudadanos que no reciban la  señal de la 'nueva' televisión por vía terrestre deberán ponerse en contacto con alguno de los antenistas adheridos, que harán una valoración de la situación. Así, si el resultado de la valoración es que no se hace posible la recepción por vía terrestre, el Govern subvencionará el 100% de los costes del equipamiento necesario como pueden ser el descodificador y la antena que sea necesario instalar

 Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la plataforma que engloba a la industria cultural y audiovisual española, ha hablado el pasado miercoles 3 de junio y lo ha hecho para ofrecer la pipa de la paz a las operadores de acceso a Internet, que se niegan en redondo a ejercer de policías para vigilar lo que se descargan sus clientes.

No habrá desconexiones para los internautas que realicen descargas masivas por Internet mediante los programas de intercambio de archivos p2p. En su lugar, la industria cultural propone una fórmula mucho más suave y sencilla de castigo: reducir la velocidad de acceso a los internautas que persistan en descargarse archivos (música, películas, videjuoegos y software) protegidos por derechos de autor.

La medida es más asumible jurídicamente que la desconexión y muy fácil de adoptar técnicamente, porque de hecho, los operadores ya realizan este tipo de prácticas, bien para controlar el tráfico de la red cuando está saturada, bien como penalización cuando se pasa del consumo, como ocurre en los móviles.

De esta forma, la industria cultural renuncia al llamado modelo Sarkozy, el modelo francés de la persecución de las descargas de archivos, que había sido hasta ahora su santo y seña, y que prevé la desconexión a Internet para los que realicen descargas masivas y no atiendan a los avisos para que dejen de hacerlo.

El gesto de Olcese, que participó en el VI Foro de las evidencias electrónicas, supone tender la mano a Redtel, donde se agrupan los principales operadores de acceso (Telefónica, Vodafone, Ono, Orange), tras el bloqueo de las negociaciones que se produjo el pasado mes, y que dejaba en manos del Gobierno la patata caliente de regular por decreto este espinoso tema. El Ejecutivo tarta de evitar a toda costa esta solución porque sabe que cuenta con gran parte de la opinión pública en contra de cualquier restricción en Internet. Y, por si acaso no se ha enterado, el PP se encarga de recordárselo, y ha hecho bandera política del tema, anunciando a través de Mariano Rajoy, que si se aprueba una ley antidescargas recurrirá al Tribunal Constitucional.

La propuesta de consenso de la Coalición pasa también por acuerdos para la autorregulación de la oferta de contenidos digitales de Internet, como el desarrollo de una campaña educativa para los usuarios de Internet, la creación de un portal interactivo para la promoción de la oferta legal de contenidos digitales, y la creación de un sello distintivo para sitios webs con oferta legal de contenidos digitales en España.

El "apagón analógico" que el próximo mes de abril de 2010 obligará a todas las televisiones a emitir por TDT propiciará que gran parte de las frecuencias que actualmente se usan dejen de hacerlo (el llamado dividendo digital). Para aprovechar ese espectro, el Gobierno ha decidido dedicar la banda de frecuencias de 790 a 862 megahercios a servicios de telecomunicaciones, como Internet móvil, según ha anunciado el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, en el Congreso.

Se trata, ha explicado el ministro, de reasignar los multiplex digitales tras el cese de las emisiones en analógico para contribuir al crecimiento económico, la generación de nuevos empleos y al incremento de la productividad. Según la Comisión Europea, el valor incremental de la utilización del dividendo se estima entre 12.000 y 16.000 millones de euros, lo que equivale al 1,5% del PIB.

El proyecto de real decreto contempla que en una primera fase, cuando cesen las emisiones en analógico, las televisiones emplearán básicamente las frecuencias que actualmente están utilizando para difusión de televisión, con el objetivo de reducir en lo posible el impacto sobre los usuarios.

Después, en una segunda fase, se reasignarán las frecuencias para dedicar las de 790 a 862 megahercios a las telecomunicaciones. Sebastián ha fechado esta reasignación para el 1 de enero de 2015.

Esta banda de frecuencias, ha explicado Sebastián, resultan idóneas para los nuevos servicios ya que permiten una gran cobertura tanto en zonas urbanas como en rurales, lo que reducirá la brecha digital y se conseguirá un desarrollo económico y social más uniforme.

Además, ha asegurado, esta decisión "permite aumentar la competencia en el mercado de los servicios móviles, incrementar la oferta de nuevos servicios innovadores, mejorar la calidad y reducir los precios para las empresas y ciudadanos".

España se podnría así a la par que otros países como Estados Unidos, donde los gigantes tecnológicos están ya inmersos en la puja por conseguir una parte de esas frecuencias  y donde, como no, Google se presenta como uno de los actores principales. El buscador se comprometió el año pasado a invertir cerca de 3.000 millones de euros si la medida sale adelante.

Los operadores de banda ancha alternativos a Telefónica (Orange, Jazztel y Ono, entre otros) han presentado el pasado jueves 28 de mayo en el Consejo de Estado sus alegaciones contra la tasa para financiar el fin de la publicidad en TVE que el Gobierno trata de sacar adelante.
Estas compañías, que en sus resultados de 2008 registraron pérdidas y están reunidas en la asociación Astel, han expresado su rechazo total al canon, que en su opinión, "beneficiará a Telefónica España" , según un comunicad oficial difundido esta mañana.

El anteproyecto de Ley del Gobierno carga sobre los ingresos brutos de las 'telecos' la aportación del 0,9% a TVE y se olvida de la facturación neta. De acuerdo con Astel, que obtiene por alquilar sus redes a algunos alternativos son deducibles de los ingresos brutos de explotación.

Como antiguo monopolio, Telefónica ofrece acceso mayorista a su red a más de 3,6 millones de clientes en España, según los últimos datos de la operadora.

Las diferencias establecidas por el Gobierno entre compañías ha sido muy criticada por algunos agentes del sector, ya que las 'telecos' regionales (el gallego R, Euskaltel y Telecable Asturias) obtienen beneficios anuales y estarán exentas de pagar la tasa, pese a que TVE hace desconexiones territoriales en sus comunidades autónomas.
Rechazo de la CMT
El pasado jueves, el Consejo de la CMT mantuvo una reunión ordinaria en la que analizó el borrador del anteproyecto de Ley aprobado en Consejo de Ministros el 8 de mayo. Ese informe ya ha sido remitido al Consejo de Estado y algunos Ministerios para su estudio, según confirmaron a este periódico fuentes del organismo.

Antes de evaluar el documento, el presidente del regulador de las telecomunicaciones, Reinaldo Rodríguez, expresó su rechazo a fijar una nueva carga impositiva a este sector, que en los próximos años debe hacer un alto esfuerzo inversor para renovar sus redes.

Parece que ese criterio ha sido compartido por el resto de los consejeros del organismo, ya que según publica hoy Expansión el informe elaborado por la CMT rechaza la implantación de este canon a las operadoras.

Tras pedir ayuda en el Consejo de Estado, Astel ha anunciado que seguirá peleando en contra de este canon y se reunirá con los grupos parlamentarios para tratar de frenar que el anteproyecto de Ley del Gobierno salga adelante en el Parlamento.

El rechazo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) no ha impedido la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley para la financiación de RTVE.

"Aunque sus informes no son vinculantes, el Gobierno ha decidido modificar algunos puntos", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El polémico impuesto a las operadoras de telecomunicaciones del 0,9% de sus ingresos brutos se mantiene intacto, a pesar de los reproches del sector y de la propia CMT.

Esas concesiones de las que ha hablado De la Vega consisten en la prohibición para el futuro que RTVE pueda lanzar servicios de pago o de acceso condicional.

De la Vega sostiene que las operadoras de telecomunicaciones aumentarán sus beneficios con esta medida, ya que no van a contar con la competencia en los servicios audiovisuales de pago de la cadena estatal.

Además, el Gobierno, ha incluido a las televisiones de pago o de acceso condicional, como Digital +, o como el canal de fútbol televisado Gol TV, que lanzará en septiembre Mediapro, entre las empresas que deben satisfacer el impuesto que afecta a las cadenas de televisión.

Lo harán abonando un 1,5% de sus ingresos frente al 3% que deben pagar las privadas.

Lo que ha eliminado es la sanción específica a las compañías del sector de telecomunicaciones, incluida en el anteproyecto aprobado el pasado 8 de mayo, que suponía la pérdida de licencia en caso de que las operadoras incumplieran con su pago.

Francisco Ros, indicó que el Gobierno no busca "culpables" ni "excusas" en cuanto a los retrasos e incidencias que puedan acontecer en el proceso necesario para el inminente apagón analógico, previsto para el 3 de abril de 2010. En este sentido, Ros explicó que a día de hoy existen 22 proyectos con fecha de cese analógico y otros 10 proyectos pendientes de aprobación, dos en Galicia y País Vasco, uno en cada comunidad, afectados por el proceso electoral, cinco en Castilla y León y tres en Andalucía, que aún necesitan actuaciones de extensión.

Ante la pregunta del diputado del Grupo Popular, Ignacio Gil Lázaro, sobre las medidas para evitar que el 'apagón analógico' se convierta en "un nuevo factor de desigualdad social", Ros señaló que las televisiones ya han firmado un acuerdo con una plataforma de satélite para evitar esta situación.

De esta forma, las televisiones cumplen con la obligación impuesta por el Ejecutivo para que los radiodifusores habilitarán conjuntamente al menos una plataforma de satélite para todo el territorio nacional.

Esta medida persigue que las emisiones de TDT estatales, tanto las públicas como las privadas, lleguen a aquellos ciudadanos que no dispongan de una cobertura adecuada de los canales de TDT.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, critica que las cadenas de televisión "apuran hasta el límite legal" sus emisiones de publicidad, lo que supone un nivel de anuncios que "posiblemente sea lesivo" para los intereses de los anunciantes y los derechos de los espectadores.

Así se desprende del informe anual de esta institución, que asegura que la actual "saturación" publicitaria puede resultar "contraproducente" para la finalidad perseguida por los anunciantes. Múgica señala además que, en ocasiones, los operadores "sobrepasan" el límite establecido, lo que ha conllevado correspondientes sanciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI).

Precisamente, este departamento recibió las quejas sobre este asunto del Defensor del Pueblo, al que comunicó que no "compartía" la afirmación de que se estuviese produciendo un "incumplimiento sistemático" de las emisiones de televisión bajo competencia del Estado.

"De acuerdo con sus datos, si bien había detectado infracciones, éstas eran sistemáticamente sancionadas y el volumen de las mismas no permitía hablar de un incumplimiento generalizado", señala el informe. No obstante, este departamento afirmó que "compartía plenamente la preocupación sobre la necesidad de reconducir las reglas".

Publicidad, sólo 12 minutos

En este sentido, Múgica resalta que la SETSI ya está considerando, en los trabajos previos para la transposición de la nueva directiva europea de medios audiovisuales, la limitación de 12 minutos de publicidad "a todas las formas" de publicidad y televenta. "Como consecuencia de la aplicación de este criterio, desaparecería el margen adicional de cinco minutos para otras formas de publicidad y los anuncios de autopromoción que no fueran avances de programación, no disfrutarían de un régimen especialmente ventajoso", explica.

Cabe recordar que la actual ley autoriza, dentro de una hora de emisión, no sólo 12 minutos de anuncios de publicidad de terceros y de televenta, sino también hasta 5 minutos adicionales de otras formas de publicidad y autopromoción e incluso la emisión de programas de televenta de, al menos, 15 minutos.

A la fecha de la conclusión del informe del Defensor del Pueblo, se estaba a la espera de la información sobre la previsión de fechas del proceso normativo en vía administrativa hasta su remisión a las Cortes Generales para su trámite y aprobación.

Si una compañía modifica sus condiciones, el cliente podrá irse sin sanción

El Gobierno ha aprobado la Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones, que incluye la indemnización automática en caso de avería en las comunicaciones fijas y móviles, si la cuantía es superior a un euro, y en Internet por más de seis horas de interrupción entre las 8 y las 22 horas.

El Ministerio de Industria señala que la Carta añade 20 nuevos derechos a los ya existentes.

En paralelo, el Ejecutivo ha modificado el régimen legal de la competencia desleal en la publicidad, que prohíbe el 'spam' telefónico -las llamadas indiscriminadas de las compañías para vender sus productos- y otras prácticas comerciales agresivas.

La Carta desarrolla la Ley General de Telecomunicaciones, que recoge que los contratos de telecomunicaciones deben contener hasta 16 puntos para garantizar la información al usuario.

De esta forma tienen que incluir la posible existencia de periodos mínimos de contratación y de vínculos entre el contrato de servicio y la adquisición de un terminal y las consecuencias del incumplimiento.

La Carta prohíbe que el operador pueda modificar unilateralmente las condiciones contractuales si no están previstas expresamente en el contrato. En caso de modificación, el usuario deberá ser avisado con un mes de antelación y tendrá derecho a romper el contrato sin penalización si no está de acuerdo con el cambio.

Las modificaciones también serán comunicadas con un mes de antelación a la administración y a las asociaciones de usuarios.

El contrato deberá reconocer el derecho del usuario a elegir el medio de pago de entre los más comunes en el tráfico comercial de forma que no pueda ser impuesta la domiciliación bancaria como único medio.

Además se reduce de 15 a 2 días el plazo que el operador tiene para dar de baja a un cliente. De esta forma prohíbe la facturación posterior a este periodo.

El cambio de operador conservando el número (portabilidad) se reduce a un día y la Carta refuerza la protección del usuario frente a altas fraudulentas, con mayores poderes sancionadores para la administración.

Respecto a la velocidad de acceso a Internet, prohíbe publicitar velocidades que excedan las permitidas realmente por la tecnología y, además, los operadores deben informar a los usuarios, antes de los contratos, de los factores que inciden en la velocidad efectiva de la línea.

Contiene una regulación específica para los abonados de prepago con el derecho al desglose de llamadas, indemnizaciones por interrupción del servicio y a disponer de las condiciones generales del servicio que tienen.

La normativa dice que los usuarios tienen derecho a recibir facturas de los servicios, y del desglose de las mismas. Los cargos que no tienen que ver con las comunicaciones electrónicas, en caso de impago no podrán dar lugar al corte del servicio.

Respecto a las reclamaciones, el usuario tendrá derecho a exigir un documento acreditativo de este tipo de gestión y el operador estará obligado a aceptar la vía telefónica para presentar las reclamaciones que serán contestadas en el plazo de un mes.

Además el operador deberá enviar al usuario un documento acreditativo de las ofertas a las que se acoge si estas no figuran en las condiciones generales aplicables.

 El canon aprobado por el Consejo de Ministros que obliga a las 'telecos' a pagar el 0,9% de sus ingresos anuales para financiar TVE sigue creando el descontento entre las compañías del sector.

Como medida ante la negativa de las operadoras, el impago de la tasa de financiación de la televisión pública podría suponer para los infractores la "suspensión de la actividad" y la supresión "del título administrativo" correspondiente, según un borrador del anteproyecto remitido a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).

El rechazo ha sido unánime en las empresas y también del propio presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, quien antes de que se aprobara la medida por el Consejo de Ministros mostró su desacuerdo, indicando que la iniciativa era "poco coherente".

El Estado, por su parte, aportará este año a los presupuestos de RTVE hasta un máximo de 165 millones de euros, para compensar el efecto de la supresión de la publicidad de la cadena pública.

El presidente del supervisor del mercado de las telecomunicaciones, en cambio, se ha negado a opinar sobre la polémica tasa, argumentando que, en el momento en el que la CMT recibió la petición para elaborar el informe preceptivo, él, como responsable del órgano, no "tenía opinión".

El último en posicionarse ha sido el presidente de Telefónica en España, Guillermo Ansaldo, quien ha indicado que el canon no "les gustaba nada" pero que, de momento, es muy pronto para decidir si emprendían medidas legales, que se estudiarían en caso de que el anteproyecto finalmente se aprobara.

Por otro lado, el presidente de la patronal Aetic, Jesús Banegas, ha amenazado con que las operadoras podrían trasladar esta nueva carga, al margen de su actividad, a los precios de móvil e Internet de los clientes finales.

Esta medida se ha descartado por parte del presidente de Vodafone, Francisco Román, quien, en la presentación de resultados del grupo, recalcó que sus tarifas las marcaban las "necesidades" de los clientes en "entornos competitivos".

La reforma del mapa audiovisual español está a la vuelta de la esquina después de que el Congreso de los Diputados aprobara ayer el proyecto de ley que permite las fusiones entre cadenas privadas de TV con la condición de que la resultante no acumule más del 27 por ciento de «share». Todos los Grupos votaron a favor en la Comisión de Industria, excepto ERC y BNG, que se abstuvieron. El texto pasa ahora al Senado para su posterior ratificación definitiva en el Pleno del Congreso.
El mencionado techo del 27 por ciento de audiencia permite numerosas combinaciones de fusiones entre operadores salvo la de Telecinco y Antena 3. En el sector se da por descontada desde hace semanas la unión entre Cuatro y La Sexta, con una eventual cuota de pantalla acumulada del 15 por ciento aproximadamente.
Oscar López, portavoz socialista, que defendió este proyecto de ley, señaló que el objetivo es permitir fusiones entre cadenas, debido a la proliferación de canales que permite el sistema de TV Digital Terrestre y por la actual situación de crisis económica, y evitar situaciones monopolísticas. El portavoz socialista, ante las siete enmiendas presentadas por los Grupos nacionalistas, decidió la eliminación del articulo 3.2 del proyecto de ley, ya que invadía competencias de las comunidades autónomas (limitaba sus competencias para conceder canales públicos).
Entre las concesiones del PSOE para pactar el proyecto de ley también figura la de haber eliminado los artículos 4 y 5, que proponían la creación de una Oficina de Defensa del Consumidor de Productos energéticos, al que se habían presentado también varias enmiendas, por considerar que no tiene cabida en este proyecto. Oscar López consideró ayer que muchas de las enmiendas presentadas tendrían más cabida en la futura Ley General Audiovisual y rechazó otra enmienda del PP, que proponía la posibilidad de privatizar las televisiones públicas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, garantizó ayer que no ha llegado a ningún pacto «por detrás» con las televisiones privadas a cambio de la supresión de la publicidad en TVE.
RTVE sin publicidad
De la Vega respondió en el Pleno del Congreso a una interpelación urgente que le planteó el diputado del Grupo de ERC-IU-ICV Gaspar Llamazares, sobre el impacto que tendrá la eliminación de los anuncios en TVE en el modelo de televisión pública. «No he negociado con nadie y no hay nada pactado por detrás», afirmó la vicepresidenta. «No es cierto que el Gobierno esté cediendo a las presiones de las televisiones privadas», informó Servimedia.
De la Vega aseguró que, lejos del malestar que denuncian algunos Grupos de la oposición que ha generado la reforma anunciada por el Gobierno, ha encontrado «el apoyo y la comprensión de la gran mayoría del sector».
En defensa de la nueva ley de financiación de RTVE, la vicepresidenta reafirmó los argumentos del Ejecutivo: se busca «dinaminizar el sector audiovisual en su conjunto» y reforzar el sistema de financiación de TVE con un «modelo objetivo de aplicación de tasas» a los operadores de televisión y telefonía que se beneficiarán con el «apagón publicitario» de TVE. Subrayó que la fuente presupuestaria de la futura RTVE sólo provendría en un 11% de los ingresos de las televisiones privadas y dos tercios del erario público.

 Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Galicia no tendrá apagón analógica en ninguno de sus municipios el 30 de Junio de 2009.

Los plazos marcados por el Ministerio de Industria para llevar a cabo el apagón analógico comienzan a naufragar. Para el 30 de junio estaba previsto que las viejas emisiones desaparecieran de los hogares de cinco millones de habitantes. Pero la televisión digital terrestre (TDT) sólo llegará a tres millones en esa fecha. De los 1.200 municipios que debían abrazar la nueva tecnología, más de la mitad (alrededor de 700) tienen problemas para recibir las señales.

Ante las dificultades de cobertura, Industria ha comunicado a las comunidades autónomas que en 14 de los 32 proyectos incluidos en esta primera fase "no se alcanzan las condiciones establecidas para el cese de las emisiones", según explicó un portavoz de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

El retraso es de tal calibre que en cuatro comunidades autónomas (Galicia, Castilla y León, Andalucía y País Vasco) no habrá apagón en ninguno de los municipios previstos. Y todo porque no se han cumplido los requisitos que puso Industria: que la cobertura digital fuera igual o superior a la analógica antes de que se produjera el apagón y que al menos el 81,3% de la población afectada tuviera acceso a la señal. Estas obligaciones se adoptaron a raíz del proyecto piloto de Soria, que sirvió de conejillo de Indias para experimentar el proceso de transición. Desde julio pasado, la mitad de la provincia de Soria (160 municipios, 50.000 habitantes) sólo recibe la TDT.

Para su extensión a los 1.286 municipios que, según Impulsa TDT estaban incluidos en esta primera fase, Industria dejó en manos de las comunidades la extensión técnica. A tal fin destinó 8,2 millones de euros. "El ministerio ha hecho sus deberes", afirma el departamento que dirige Miguel Sebastián. Conseguir que la señal llegue a todos los rincones exige poner a punto la red de distribución de señales. En algunas comunidades es necesario utilizar el satélite. Pero muy pocas han convocado concursos para adjudicar este servicio. Para impulsar la cobertura en los municipios afectados en las fases II y III, el Gobierno ha puesto en manos de las comunidades otros 52 millones de euros.

Las demoras en la fase I han sido muy criticadas por las televisiones privadas. Uteca, el organismo que las agrupa, se queja del "notable perjuicio económico" que supone el retraso, dado que los operadores han de hacer frente a un doble gasto de transporte y difusión de señales analógicas y digitales. Uteca estima que también perjudica a su negocio el hecho de que Industria no haya adjudicado los múltiples digitales a los operadores.