El Gobierno valenciano anunció esta semana el cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) tras haberse conocido el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declaraba nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a más de un millar de los 1.800 trabajadores de una empresa pública con más de 1.000 millones de euros de deuda. Las imágenes de alegría de los empleados de la cadena por la mañana, ilusionados con su previsible vuelta al trabajo, mutaron pronto en desolación al conocerse la tajante decisión del presidente valenciano, Alberto Fabra: «Es innegociable».
El cierre de RTVV, el primero que se produce en España en una cadena regional –existe un único operador de televisión pública de titularidad del Estado: Corporación de Radio Televisión Española (CRTVE)–, es la punta del iceberg que ha puesto de actualidad la situación que atraviesan las cadenas autonómicas. Nacidas en 1983 como un servicio público, están presentes en trece comunidades –Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia–.
Vascos, catalanes y gallegos fueron de los primeros en crear sus propias radios y televisiones con el objetivo principal de preservar y fomentar la lengua vernácula. Navarra, Castilla y León, Cantabria y La Rioja son las cuatro únicas comunidades que no han desarrollado su propia televisión.
Y, vistos los resultados de las cadenas públicas, con un saldo negativo de 1.500 millones de euros al año en las respectivas cuentas autonómicas y un coste a cada hogar de más de 100 euros anuales, parece que fue una decisión acertada. Tras la quiebra por derribo de RTVV, los graves problemas que acucian al conjunto de cadenas públicas regionales tienen en este momento al borde del cierre a Telemadrid o, en el caso de Castilla-La Mancha TV, de la privatización. El presidente madrileño, Ignacio González, ha advertido de que «no tendrá otra alternativa» que cerrar la cadena si los sindicatos la hacen «inviable» y el canal «sigue siendo deficitario». Por su parte, María Dolores de Cospedal, es partidaria de privatizar la emisora de su región por la importante deuda que arrastra, de la que no se tienen datos.
Un estudio de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) indica que en los últimos años los ingresos «se han visto especialmente mermados por efecto de la fragmentación de la audiencia, debida a la aparición de nuevos operadores impulsados por la transición a la TDT», lo que se une a los efectos de la crisis, que afecta en gran parte a la inversión publicitaria.
Lejos están los tiempos de la bonanza económica, cuando las autonomías no entendían de ahorro en lo tocante a sus televisiones autonómicas. En 2008, los gobiernos regionales duplicaron las subvenciones a sus cadenas hasta sumar casi 700 millones de euros, más del doble de los 337 millones de fondos públicos que destinaron el ejercicio anterior. Y ello en un año marcado por el inicio de una profunda recesión económica que en el mercado audiovisual se tradujo en una reducción de ingresos publicitarios superior al 20%.
Un año después, en 2009, las cadenas autonómicas elevan sus pérdidas hasta los 2.134 millones, pese a dispararse un 26% sus subvenciones y las de TVE, una cifra récord, para compensar la caída de la publicidad. Es en 2011 cuando la necesidad de meter la tijera llega a las televisiones regionales en pleno debate sobre su viabilidad. Ese año, las cadenas manejan un presupuesto de 1.600 millones, que el año anterior había alcanzado los 1.860 millones. La reducción se debe tanto a la caída de la facturación publicitaria como a los ligeros recortes en las subvenciones. Los 1.500 millones de deuda que acumulan estos organismos y su escasa audiencia hacen peligrar tanto su titularidad pública como su propia existencia. Los casos más sangrantes son los de Cataluña, Valencia y Andalucía.
En abril de 2012, la modificación de la Ley Audiovisual va a permitir a las comunidades locales desde externalizar la gestión completa hasta liquidar las cadenas si consideran que son inviables. No es extraño que sea Valencia la que dé el primer paso, con una modificación legal que abre la puerta a externalizar parte de la parrilla a las empresas privadas. Poco después, en agosto de 2012, es el Gobierno de Murcia el que anuncia que privatiza totalmente la gestión del canal 7RM, creado en 2006. Lo hace creando una gestión plurianual de gestión privada, manteniendo la titularidad pública.
A lo largo del ejercicio, Madrid, Valencia y Baleares deben aprobar partidas extra por valor de 83,5 millones para evitar la quiebra de sus televisiones, que costaron casi 1.300 millones de euros a los contribuyentes.
Ya en este 2013, pese a la situación económica, el conjunto de cadenas regionales anuncian un gasto de al menos 951 millones de euros, lo que supone un ahorro de sólo unos 50 millones con respecto a 2012, cuando se realizó un ajuste de al menos 120 millones.
Situación crítica
La situación es crítica. El desplome de los ingresos publicitarios y la caída de la audiencia espantan a los posibles inversores y convierte en papel mojado la ley que abrió la puerta a los traspasos. Es un hecho que las comunidades autónomas están aparcando la privatización de sus canales. Los ingresos por publicidad de las trece televisiones alcanzaron 125 millones en 2012, un 60% menos que cinco años atrás. A esto hay que sumar la falta de voluntad política de las regiones para desprenderse de sus televisiones.
La audiencia es uno de los puntos flacos de estos colosos en manos del poder político. Las de Telemadrid y Canal Nou han caído por debajo del 5%, cuando en 2008 se situaban en torno al 10%.
En cuanto a pérdidas, después de TV3, Canal Sur es la cadena más costosa para los contribuyentes, con unas subvenciones acumuladas de 1.000 millones en los cinco últimos años y déficit en sus cuentas. Apenas ha externalizado sus servicios y no tiene planes a corto plazo. Telemadrid, que recibe aportaciones anuales de la Comunidad de Madrid superiores a los 70 millones de euros, perdió en 2012 casi 115 millones. La cadena regional ha optado por un traumático ERE para enjugar su déficit.
TV3 cuenta con el mayor presupuesto, con 225 millones al año en subvenciones, pero es líder de audiencia en Cataluña, con cuotas de pantalla superiores al 14%. Ha reducido dos canales y un 10% de su plantilla para ajustar sus costes.
La puntilla ha llegado para RTVV que, con las dimensiones que tenía antes del ERE, con una plantilla de 1.651 personas, una deuda superior a los 1.000 millones, un patrimonio neto negativo de 1.199 millones y unos elevados costes de funcionamiento, no podía sostenerse con las exangües arcas autonómicas. Así, Canal 9 y Radio 9 dejarán de salir al aire 24 años después.
Fuente: A. Bartolomé, La Razón.
