El Pleno del Senado ha aprobado el 23 de abril el proyecto de Ley General de las Telecomunicaciones en el que se han incluido cuatro nuevas enmiendas transaccionales en las que se devuelven algunas competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El nuevo texto, que se remite ahora al Congreso para su aprobación definitiva, ha contado con los votos favorables de PP, PSOE, Entesa y CiU, y el rechazo del PNV e IU.

La principal novedad en las enmiendas pactadas por los grupos que han apoyado la norma es el reconocimiento de funciones a la CNMC, competencias que se suman a la introducida por el PP en el trámite en el Senado para atribuir al organismo las funciones residuales en materia de telecomunicaciones.
Una de las enmiendas estipula que se establecerán mediante real decreto, previo informe de la CNMC, las condiciones en las que los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas bloqueen el acceso a números o servicios por motivos de tráfico de datos fraudulentos.
Asimismo, se concede a la CNMC la competencia de poder bloquear el acceso a estos servicios por motivos de tráfico irregular cuando tenga su origen en un conflicto entre operadores.

Otra de las transaccionales acordadas por los grupos señala que el organismo tendrá que ser consultado por el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos en materia de comunicaciones electrónicas, especialmente en las que puedan afectar al desarrollo libre y competitivo del mercado.

La CNMC elaborará informes sobre la normativa que afecte a las telecomunicaciones y realizará funciones de arbitraje entre operadores.
Por otro lado, también se ha aprobado una enmienda transaccional sobre infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios con el objetivo de garantizar la sostenibilidad, eficiencia, accesibilidad y seguridad de las mismas, para avanzar en el concepto de hogar digital.

Por último, estos cuatro grupos han acordado que el nuevo texto recoja expresamente que las telecomunicaciones son servicios de interés general, lo que implica que se pueda imponer obligaciones de servicio público a las empresas.

La senadora del PP, María Josefa Nicolás, ha señalado que con el texto aprobado hoy por el Pleno, la CNMC sale "muchísimo más reforzada" y ha destacado que, a partir de ahora, el organismo deberá ser consultado por el Gobierno en aspectos relacionados con el sector de las telecomunicaciones.
El senador del PSOE José Antonio Manchado ha recordado que su partido no cree en el modelo regulador único implantado por el PP al crear la CNMC, que supuso la desaparición de la CMT, y ha destacado la labor de su grupo al incorporar enmiendas que devuelven competencias al organismo y otras que mejoran la protección al consumidor.

En el mismo sentido, Ramón Arturo (CiU) ha insistido en la importancia de que la CNMC disponga de las máximas atribuciones en materia de telecomunicaciones.

Por su parte, la senadora del PNV Rut Martínez ha criticado que la ley impone a las administraciones una serie de condiciones que son mas restrictivas que las que se impone a los operadores de mercado, algo que considera incongruente, mientras que José Enrique Iglesias (IU) ha denunciado que el texto ignora los riesgos medioambientales y para la salud de la tecnología utilizada en las telecomunicaciones.

Fuentes de la CNMC consultadas por Efe han señalado que están estudiando las enmiendas aprobadas hoy por el Senado para evaluar cómo repercutirán en sus funciones.

El pleno del Senado también ha rechazado hoy los dos vetos a la totalidad presentados por el Grupo Mixto,(IU) y Entesa.
 

Los operadores de televisión en abierto ven su futuro amenazado por la pérdida de espectro radioeléctrico en favor de las telecos. El cierre de los nueve canales, anulados por el Supremo, el próximo 6 de mayo y la denuncia admitida a trámite que deja en el aire el futuro de otras ocho licencias, han sentando como un jarro de agua fría en el sector, que no duda en señalar al Gobierno como el único culpable por la "falta de voluntad negociadora".
También le reprochan su fijación en reducir el espectro que ocupan las televisiones para abaratar la factura del dividendo digital y, a su vez, beneficiar el desarrollo de la televisión de pago.

Según desveló Andrés Armas, director general de la patronal de las cadenas privadas (Uteca), el Ministerio de Industria planteó, antes de que apareciera la sentencia del Supremo, reducir el número de canales de forma pactada. "El proceso del dividendo digital se hace más complicado con más canales y por lo tanto, desde el principio, este nuevo Gobierno hizo un propuesta para reducir el número de canales de manera consensuada, algo a lo que las televisiones se opusieron. Resulta curioso que en ese momento saliera una sentencia que aprovechara un error para conseguir su objetivo", explicó Armas.

Falta de negociación
Desde la patronal que agrupa a Mediaset, Atresmedia, Veo TV (Unidad Editorial) y Net TV (Vocento) no dudan en criticar abiertamente al departamento que dirige José Manuel Soria por haberse escudado en un "resquicio formal" para lograr su objetivo y cerrar nueve canales.
Las televisiones privadas han insistido en más de una ocasión en que existe una vía legal para evitar llevar a negro las licencias anuladas. Los abogados de Uteca plantearon añadir una disposición transitoria a la ley de comunicación audiovisual que permitiera la entrega de los nueve canales sin concurso. Una medida que Industria ha rechazado, alegando que plantean una ley de caso único y que no es posible adoptar medidas a la carta. Esta postura enerva especialmente a UTECA, que asegura que Industria ya siguió este camino con Petronor "dieciséis años después de dictar la ley" y que en ese caso sólo afectaba a una empresa, mientras que en el suyo incumbe a un sector entero.

"La intención del Gobierno no es otra que aniquilar los canales gratuitos con el pretexto de hacer más fácil y barata la mudanza del dividendo digital. Dentro del Gobierno ha ganado la postura de los más talibanes, que lo que quieren es la reducción del espectro asignado a las televisiones privadas en abierto", explicó Armas en declaraciones a elEconomista.

En este punto, y con un panorama incierto ante el posible cierre de otros ocho canales asignados también sin concurso, Armas apuntó a que el único beneficiado de este proceso son las compañías de telecomunicaciones. "Parece que todo está orientado a que en el medio y el largo plazo la televisión en abierto, que es la opción preferida por los espectadores, quede aniquilada o condenada a una mínima expresión para facilitar que se desarrollen otras formas de televisión, todo de pago", sentenció.

Y es que, según explicó el director general de la patronal, las telecos saben que la única manera de financiar sus altísimas inversiones en infraestructuras pasa por incrementar el número de clientes o abonados y el principal detonador del deseo de acogerse a una tarifa de fusión son los contenidos audiovisuales.

En los últimos meses Telefónica y Ono han lanzado ofertas que incluyen Internet, fijo, móvil y televisión de pago con el objetivo de aumentar sus clientes. A esto se suma la fuerte apuesta por la adquisición de contenidos, que va encaminado a potenciar la penetración de la televisión de pago en España, donde apenas tiene tres millones de abonados y ha caído en el último año. "El principal motor de la reducción del espectro asignado a las televisiones en abierto son las operadoras de telecos, que no sólo quieren el espacio de las teles, sino también el tiempo de los espectadores", concluyó Armas.

Otra de las grandes preocupaciones de las televisiones en abierto es el desarrollo de la Alta Definición. El segundo dividendo digital planteado por Europa reducirá aún más los recursos disponibles para las televisiones. "Con el pretexto de que el espectro es un bien escaso corremos el riesgo de que nos vuelvan a quitar canales y si tenemos cada vez menos espacio va a ser muy difícil desarrollar la Alta Definición", aseveró Armas. Así, el director general de UTECA denunció la desigualdad tecnológica que existe entre RTVE, que tiene cinco canales por licencia, frente a los tres que tiene Mediaset, y todos ellos en alta definición.

"Si el Gobierno no es capaz de asegurar la alta definición en abierto y la oferta con la transición, ¿cómo le van a decir a los ciudadanos que se van a gastar una fortuna para ir a un escenario peor que el anterior", apuntó Armas.

En esta línea, el director general de UTECA ve "muy complicado" que se pueda llevar a cabo toda la mudanza de espectro antes de enero de 2015, tal y como anunció el secretario de Estado de Telecomunicaciones. "El trabajo que hay que hacer es muy importante y no se puede esperar realizar en cuatro meses lo que con la TDT se hizo en tres años largos", explicó Armas, que también destacó que la crisis ha reducido el número de antenistas, por lo que hay menos gentes para ajustar

Fuente: El Economista
 

El sector de la moda y los anunciantes de televisión se llevan las manos a la cabeza con el anuncio de la Ley Truth in Advertising Act. Un proyecto que ha sido impulsado por 3 miembros de la Cámara de Representantes de los EEUU (los democrátas Lois Capps y Ted Deutch y la republicana Ileana Ros-Lehtinen) y con el apoyo de organizaciones como la Eating Disorders Coalitions y la Brave Girls Alliance.

La finalidad del texto legal es regular y sentar las bases contra la publicidad engañosa que utiliza Photoshop con una gran implicación de las instituciones americanas como la Comisión Federal de Comercio que intervendrá para analizar si las imágenes publicitarias de moda y cosmética están alteradas con atributos físicos retocados digitalmente.

En principio no se propondrá la prohibición de dichos anuncios, pero se emitirán unas recomendaciones y se elaborará un estudio del sector publicitario que conciencie contra los malos hábitos en el mundo de la publicidad. Este es el primer paso a una futura legislación que conllevará a multas millonarias por conductas que, en su día, serán tipificadas como infracciones. No obstante, habrá que esperar si el legislador estadounidense se decanta por esta opción.

Según Dan Jaffe de la Association of National Advertisers (Asociación Nacional de Publicistas), la Comisión Federal de Comercio ya cuenta con sus propios métodos para actuar sobre publicidad engañosa y apunta que eliminar el uso de Photoshop sería demasiado en una sociedad que ya tiene más que asumido que la publicidad utiliza el retoque digital. En concreto el Sr. Jaffe afirmó en TIME que "El uso de Photoshop es una práctica extendidísima. ¿Vas a decir que solo porque alguien lo utilice ya es una violación? Creo que sería ir demasiado lejos".
 

El pasado 4 de abril, se publicó en el BOME el anuncio por el que se convoca el concurso para 3 licencias de radio en FM en Melilla tras la reciente anulación de la anterior convocatoria.
 
Este mismo concurso fue convocado el pasado 26 de noviembre de 2013, pero una alusión a la normativa de contratación pública en sus bases, hizo que la propia administración de Melilla anulara la convocatoria, estimado los recursos administrativos que se presentaron contra el Pliego de cláusulas.

El nuevo concurso, con una mención del nuevo régimen jurídico aplicable -Ley General de Comunicación Audiovisual- incluye las mismas licencias que en el anterior: 92.2, 98.4 y 102.2 MHz, todas cubriendo Melilla

El plazo previsto para presentar ofertas es de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación, por lo que el plazo finaliza el próximo día 13 de mayo a las 13h.

Desde Diez y Romeo llevamos una escrupuloso análisis de todas las licitaciones públicas audiovisuales, tanto en radio como en televisión, por lo que tenemos una visión técnica y jurídica de la estrategia a adoptar.

Parece que una de las medidas que tomará el Gobierno tras la anulación de los 9 canales de TDT por el Tribunal Supremo, será sacar un concurso público para adjudicar nuevamente las licencias de TDT. Para la configuración de las nuevas bases se va atener en cuenta la forma de proceder de Italia en su inminente concurso público de licencias TDT de cobertura estatal.

1.-Los pliegos del Concurso de licencias TDT en Italia.-

El concurso público para el otorgamiento de licencias TDT nacional que se convocará en Italia de forma inmediata, es el primero en Europa que responde adecuadamente a los criterios requeridos por la UE.

Características de las bases italianas.

Los pliegos que se están preparando en Italia son inéditos, ya que facilitarán la incorporación de las nuevas iniciativas televisivas que pretendan acceder al mercado audiovisual.
¿Y cómo se hará efectivo? La clave estará en reproducir para las licencias TDT el criterio de “aportación de pluralismo radiofónico en el dial” que reflejan los últimos concursos de emisoras FM en España. Ello contribuirá a:

•Beneficiar a los pequeños operadores.

•Penalizar a las emisoras ya implantadas.

La plasmación de esto en las bases es recogiendo incompatibilidades en la participación de la siguiente forma:

•Participación limitada para los grupos que cuenten con 2 MUX, pues no podrán aspirar a todas las licencias.

•Participación prohibida para los grupos que ostentan 3 o más MUX, dado que favorece la concentración de medios.

2.- El nuevo concurso en España.-

Las licencias de TDT de ámbito nacional han sido muy cuestionadas por el sector. Sobre todo después de se anularan los 9 canales que deben de cerrar de forma urgente. Ver análisis de Diez & Romeo Abogados http://www.youtube.com/watch?v=Fwwg3lCYiI8
 Ahora el Gobierno podría plantearse convocar un nuevo concurso con unas bases y criterios de valoración tendentes a favorecer a nuevas empresas audiovisuales distintas de las ya existentes. En caso contrario, se corre el riesgo de infringir:

•El pluralismo informativo, en el sentir acuñado por el Dictamen de la Comisión de Venecia sobre la compatibilidad de las leyes italianas «Gasparri» y «Frattini» con las normas del Consejo de Europa en materia de libertad de expresión y de pluralismo de los medios de comunicación (2005).

•La libre competencia de servicios audiovisuales televisivos nacidos de una adjudicación previa. A este respecto la Comisión Europea está denunciando ante los Tribunales a los Estados que plantean concursos públicos que favorecen a las televisiones ya implantadas (Ejemplo denuncia a Bulgaria el pasado 2013).

Desde Diez y Romeo se estima que la idea es que en las bases del nuevo concurso de licencias TDT, de cobertura nacional, se desarrollen las siguientes medidas:

•Incremento de criterios de adjudicación evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas, para evitar la arbitrariedad. Y que los aspectos del bloque de programación se incluyan en esta tipología.

•Minimización de criterios dependientes de un juicio de valor, para dar mayor sensación de transparencia.

•Incorporación de criterios de pluralidad de la oferta televisiva, donde se valore positivamente la ausencia de licencias de comunicación audiovisual televisa. Así tendrán opción los nuevos operadores.

Con esto se evitarán las situaciones de incertidumbre jurídica que han generado las administraciones (Estado y CCAA), dando lugar a repartos de licencias de radio FM y TDT que luego son anulados por los Tribunales.

Desde DIEZ Y ROMEO se siguen obteniendo resultados exitosos contra los procesos sancionadores defectuosamente instruidos.
El pasado 3 de abril de 2014 se ha notificado la Sentencia de la Audiencia Nacional por la que se anula totalmente 4 multas (120.000 €) impuestas por la Administración del Estado a una emisora por realizar emisiones de radio FM sin licencia desde unas instalaciones de telecomunicaciones ubicadas en Huesca. Estas tampoco tenían la autorización previa exigida.

Los hechos se remontan al 28 de abril de 2011 en los que una emisora de radio, repentinamente, tras varios años de emisiones, era sancionada por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de la siguiente forma:

“Imponer cuatro multas de 30.000 euros cada una, lo que hace un total de  120.000 euros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56.1.c) de la Ley  32/2003, como responsable de la comisión de 4 infracciones administrativas de  carácter grave, previstas en el artículo 54, apartados a) y b) de la mencionada  Ley. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 56.3.c) de dicha Ley,  proceder al precintado o, en su caso, incautación de los equipos y aparatos que  forman parte de la red de difusión, o clausura de las instalaciones, en tanto no  disponga de título habilitante”.

Es decir, se pedía 120.000 €, el cierre, el precinto y la incautación de todos los equipos de la alta frecuencia. Ante ello, desde DIEZ Y ROMEO se asesoró a la emisora acudir a la vía judicial, hecho que se llevó a la práctica con la interposición del recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. En concreto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, atribuyéndose el estudio del pleito a la Sección 8ª.

Los argumentos de la batalla judicial radicaban, entre otros, por la emisora de radio en:
• Falta de prueba de la infracción
• Ausencia de motivación
• Infracción de principio de confianza legítima

Por parte de la administración, entre otros, esgrimió los siguientes razonamientos:
• Presunción de veracidad de lo actuado por funcionarios públicos
• Presunción de certeza de las actas de la Administración
• Proporcionalidad de las sanciones impuestas.

Tras los diferentes trámites procedimentales, tanto en la vía administrativa, como en la vía judicial, la emisora, representada por DIEZ Y ROMEO terminó imponiéndose a la administración ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 8ª. El fallo ha estimado íntegramente la demanda y, en consecuencia, ha anulado las 4 multas que en su día impuso la Administración por aquellas emisiones sin licencia.

Con este fallo, los letrados de DIEZ Y ROMEO, en defensa de una Radio FM, han logrado anular en su totalidad las 4 multas de 120.000 € y el cierre de la emisora  protegiendo sus emisiones y manteniendo su actividad radiodifusora desde sus instalaciones.

El resultado obtenido para el cliente de DIEZ Y ROMEO ha sido inestimable y confirma una vez más la necesidad de contar con una defensa legal especializada en el ámbito audiovisual y telecomunicaciones que pueda detectar y neutralizar posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes sancionadores.

De este modo, los argumentos jurídicos de DIEZ Y ROMEO evitaron que los 120.000 € se ejecutaran en forma de embargos sobre el patrimonio de la emisora de radio recurrente.