Tue, 04/30/2013 - 17:26

El Govern anuncia un acuerdo de reciprocidad entre TV3 y Canal 9

El Conseller de la Presidència, Francesc Homs, ha anunciado esta mañana que se ha llegado a un acuerdo entre la Generalitat de Catalunya y la Generalitat Valenciana para que TV3 reemprenda las emisiones en toda la Comunidad Valenciana a la vez que Canal 9 podrá volver a verse en todo el territorio catalán.

Este anuncio llega tras las diferentes victorias de la Acció Cultural del País Valencià, en especial la de Tribunal Supremo que en enero de 2013 dio la razón a ACPV en el sentido de que la Generalitat Valenciana nunca ha tenido potestad para sancionar a la entidad por las emisiones de TV3 en la Comunidad Valenciana y que anuló el expediente administrativo impuesto contra la Generalitat.

La ACPV se felicita por la noticia

Acció Cultural del País Valencià ha emitido un comunicado en el que valora positivamente el acuerdo entre las Generalitats valenciana y catalana. "Nuestra entidad creó la red de repetidores que ha permitido la recepción de TV3 al País Valencià durante alrededor de 30 años, y va a promover que también Canal 9 se pudiera ver en Catalunya. En este sentido, este acuerdo va en la línea de lo que siempre ha defendido ACPV".

La entidad asegura ser conocedora de la existencia del proceso de negociación entre los dos Governs, tal y como anunciaron en enero. "Nos congratulamos de que nuestro gesto haya ayudado a llegar a buen puerto este diálogo".

"Todo esto ha sido posible gracias a las decenas de miles de ciudadanos que nos han dado su apoyo en nuestra reivindicación, participando en las multitudinarias movilizaciones que hemos convocado o ayudando a recoger las 651.000 firmas que hicieron posible la presentación en el Congreso de la ILP 'Televisió sense Fronteres´", señalan.

Finalmente, Acció Cultural entiende que este acuerdo ha de concretarse y hacerse efectivo lo más rápido posible, "ya que no existe ningún impedimento técnico para su puesta en práctica: la Generalitat Valenciana tiene espacio suficiente en los dos multiplex de que dispone para hacer realidad la reciprocidad de emisiones". En cualquier caso Acció Cultural "siempre ha ofrecido su red de repetidores como instrumento al servicio de este objetivo".

Fuente:Frecuencia Digital

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Tue, 04/30/2013 - 17:22

La validez probatoria de los correos electrónicos: lo escrito, escrito está

La aportación de correos electrónicos en el caso Urdangarín ha puesto de manifiesto el valor probatorio que este tipo de comunicaciones puede llegar a tener frente a un tribunal. Debe señalarse en primer lugar que, en el plano sociológico, la noticia sobre esos e-mails se ha tomado con absoluta normalidad, sin que a nadie haya extrañado ya la incorporación de documentos electrónicos a un procedimiento judicial. Pero es interesante analizar también, en el plano jurídico, qué efectos pueden tener esta prueba, qué la refuerza y qué la desvirtúa.

 

El correo electrónico se considera, a efectos procesales, como un "documento privado", de lo que se deriva lo siguiente: si la parte que se pueda ver perjudicada por su contenido no los impugna, los correos electrónicos "harán prueba plena en el proceso"; si hay una impugnación de la su autenticidad, deberá practicarse la prueba  que resulte pertinente para determinarla y, en función del resultado, el juez "valorará conforme a las reglas de la sana crítica" el correo en cuestión, salvo que quede acreditado que dicho correo era falso, en cuyo caso carecerá de valor probatorio alguno, como es lógico.

Sobre la base de lo anterior, puede resultar interesante preguntarse antes que nada qué acredita un correo electrónico cuando el mismo se considera auténtico. Recurriendo al lenguaje un tanto rocambolesco que solemos utilizar los juristas, podríamos decir algo así: un correo electrónico prueba que un determinado mensaje se ha enviado desde una determinada cuenta emisora a una determinada cuenta receptora. ¿Nos garantiza esto que una persona ha enviado un correo a otra? No necesariamente: si pensamos en un ordenador situado en una oficina abarrotada de personas, no resulta imposible que un compañero de trabajo envíe un mail desde la cuenta de otro. De ahí que el juez, incluso cuando el correo es auténtico y un perito ha demostrado que, efectivamente, se transmitió de una cuenta a otra, deba aplicar las reglas de la sana crítica en lugar de considerarlo prueba plena, que es lo que ocurriría si ese supuesto emisor o receptor del mensaje lo hubiera reconocido ya de entrada como auténtico. Dicho llanamente, Juan y juan@correo.com son dos realidades distintas y autónomas que tanto pueden haber coincidido en el tiempo y en el espacio de envío de un correo como no.

El juez deberá tener en cuenta, por tanto, circunstancias adicionales al mero envío del correo para considerar que representa una auténtica prueba de los hechos discutidos. Será necesario estudiar si el ordenador desde el que se ha enviado es de uso privado o pueden acceder terceros, si estaba en casa o en la oficina o en un cibercafé, si tiene claves de acceso o no las tiene, si se ha enviado desde un ordenador o desde un dispositivo móvil... y cualquier otro elemento que pueda tener relevancia a la hora de considerar que una determinada persona ha sido, ciertamente, emisora o receptora de un determinado mensaje.

Adicionalmente a todo ello, es evidente que aquél quien quiera utilizar esos correos electrónicos como prueba de sus pretensiones en un juicio debe tomar, por sí mismo, las medidas más oportunas para dotarlos de la eficacia probatoria pretendida. Si se limita a aportar una impresión en papel del correo, poca eficacia podrá obtener si la otra parte lo impugna diciendo, por ejemplo, que el contenido de esa impresión -fácilmente manipulable- no corresponde con el correo adicional. Por ello, es muy conveniente aportar pruebas sobre la autenticidad del correo. Por así decirlo, es aconsejable probar la prueba. 

Existen empresas operadoras que certifican el contenido del mensaje, el momento exacto de su envío, la cuenta del emisor y la cuenta del receptor. Lo hacen valiéndose, además, de códigos alfanuméricos que acreditan -para los ojos expertos- que toda esa información certificada es veraz. Cabe también la posibilidad de aportar al juicio un peritaje informático que acredite ya de entrada la autenticidad de los correos electrónicos, a fin de disuadir a la otra parte de una eventual impugnación y, con ello, facilitar ese efecto de "prueba plena" que resulta tan deseable conseguir.  Y no está de más tampoco contar con la presencia de un notario que levante acta del modo en que se trata toda aquella información y que refleje que, efectivamente, aquel correo está en aquella bandeja de entrada (realidad expresada, eso sí, con todas las prevenciones que el lenguaje notarial acostumbra a utilizar). Pero lo único que probaría el acta notarial sería la existencia de unos correos en una bandeja de entrada o en una determinada carpeta electrónica y, a lo sumo, podría dejar constancia de la fecha en que -según se viera en el ordenador- podrían haber sido enviados o recibidos.

En definitiva, ninguna de estas prevenciones conseguirá probar de forma indubitada que verdaderamente fue una determinada persona quien escribió o recibió el correo pero, sumadas a las circunstancias antes expuestas, harán que resulte muy razonable pensar que sí lo hizo o que sea más verosímil pensar que no fue así. Tal vez la declaración de testigos o, mejor aún, una grabación en vídeo que acreditase esa autoría del correo sería el modo más óptimo de ir sumando visos de autenticidad al correo electrónico aportado, aunque no siempre será fácil contar con este tipo de pruebas adicionales sobre la prueba electrónica.  Se tratará de saber si, con todo ello, se puede ir acercando a Juan y a juan@correo.com hasta dejar claro que coincidieron a la hora de enviar o recibir el correo o que, aplicando las reglas de la sana crítica, resulte la opción más plausible.

Con todo, expuestas todas las salvedades anteriores, el correo electrónico es un medio de comunicación más y más utilizado cada día y, por tanto, es un potencial productor constante de pruebas. Desde el punto de vista jurídico, es recomendable por tanto ser muy conscientes de lo que supone enviar o recibir un correo electrónico, habida cuenta de la trascendencia que el mismo podrá tener en caso de un eventual pleito. Salvo que se pruebe su falsedad, partimos de la premisa de su autenticidad, por lo que no está de más una reflexión final. Han pasado dos mil años desde que se escribiera por vez primera aquello de "Quod scriptum, scriptum est", pero la idea es plenamente aplicable. En nada cambia que se use un pergamino, una tablilla o el teclado de un ordenador: lo escrito, escrito está.

 

Autor: Antonio Valmaña Cabanes, Letrado de CECA Magán Abogados.

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Mon, 04/29/2013 - 23:20

Industria sancionó con 3,3 millones de euros a las televisiones en 2012

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha hecho pública la factura que ha pasado a las televisiones por infringir lo relativo a la protección del horario infantil o la emisión de publicidad, todo ello regulado en la Ley de Comunicación Audiovisual. El Ministerio ha actualizado con los datos de 2012 los datos globales de las sanciones que ha impuesto a las cadenas de televisión por incumplimientos de la normativa del ámbito audiovisual. En total, en 2012, abrió 29 expedientes sancionadores, que se traducen en 3.302.396 euros en multas. En total, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Setsi) detectó 95 infracciones.

Los 3,3 millones en multas a las televisiones durante 2012 es una cantidad que podría aumentar, ya que algunos de los expedientes incoados durante 2012 todavía están en trámite por parte de la Setsi. Se trata de cuatro infracciones, dos correspondientes a interrupciones publicitarias y otras dos por exceso de publicidad.

El número total de expedientes sancionadores en 2012 (29) supone un descenso respecto a 2011 (40). Sin embargo, se ha incrementado la cuantía total de la recaudación, pasando de 2,1 millones en 2011 a los 3,3 millones del pasado año, según consta en el informe de Industria.

El mayor número de expedientes sancionadores corresponde al apartado correspondiente al exceso de publicidad. Un total de 17 expedientes abiertos a cuatro cadenas, con una recaudación de 1.716.006 euros. El segundo montante en 'multas' corresponde a publicidad encubierta, con 919.386 euros y tres expedientes sancionadores a una misma cadena. En el informe de Industria no se detallan los operadores infractores.

Desde la cartera de José Manuel Soria se hace especial hincapié en el incremento de los expedientes abiertos en el último año motivados por la emisión de contenidos no aptos para menores. Así, en 2012 se han abierto cinco expedientes sancionadores por programación inadecuada para los menores, frente a un único expediente en 2011. Sin embargo, las multas en este apartado en ambos años suponen la misma cuantía: 561.003 euros. En 2011 hubo tres infracciones y un expediente sancionador a una cadena, frente a las siete infracciones y los cinco expedientes a dos cadenas de 2012.

En el informe del pasado año destaca la ausencia de expedientes por los cambios de programación sin respetar el tiempo mínimo establecido para comunicar el cambio y por contenidos publicitarios y del tarot perjudiciales para los menores.

En los tres primeros meses de 2013, se han incoado en total 14 expedientes, siete de ellos con motivo de la emisión de contenidos perjudiciales para los menores y uno de emisión de tarot fuera del horario permitido. Esto implica que más del 50% de los expedientes iniciados pretenden salvaguardar los derechos de los menores frente a los contenidos emitidos.

 

Fuente: El Mundo

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Mon, 04/29/2013 - 23:16

Los límites legales en el uso de las 'cookies'

¿Una ayuda indispensable para agilizar la navegación en Internet o una poderosa arma de espionaje para conocer valiosos datos de comportamiento los usuarios? Ahora que la normativa limita el uso de las famosas 'cookies' y requiere el consentimiento del usuario para su uso, los anunciantes españoles quieren aclarar el uso de estas herramientas y cuáles son los límites que marca la ley. Para ello han editado una guía de autorregulación.

Las 'cookies' son esos pequeños archivos de texto que quedan grabados en nuestros ordenadores, móviles y tabletas cuando navegamos por la Red, esos chivatos que pueden almacenar datos de todo tipo y 'recordar' información de la visita de internautas a un sitio web. Su uso se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos para los defensores a ultranza de la privacidad en la Red, dado que dependiendo de su uso y de la información que contengan, podrían usarse eventualmente para reconocer al usuario.

Las hay de muchos tipos, desde las que retienen la información de una 'lista de la compra' o la participación en un evento hasta las que registran las preferencias de navegación de un usuario, pasando por las que captan lo que hacemos en un sitio web concreto para elaborar perfiles de navegación y mejorar así la experiencia del usuario. Y también se pueden clasificar según su 'vida': hay 'cookies' de sesión que se eliminan cada vez que el internauta abandona un sitio web, y las hay "persistentes", que pueden durar desde minutos hasta años.

La normativa europea impone a las compañías dos obligaciones fundamentales, eso sí, sólo para las 'cookies' más agresivas con respecto a la privacidad de los usuarios: el deber de información y la obtención del consentimiento. Es decir, para el uso de ciertas 'cookies', las compañías están obligadas a informar sobre la naturaleza y la función de estos archivos, y además han de pedir permiso al usuario para su uso.

Desde el día 8 de abril, Google -que resulta ser la mayor compañía de publicidad 'online' que hay en España- ya informa al usuario sobre las 'cookies'. Al inicio de cada sesión destaca en un recuadro el siguiente texto: "Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies". Y facilita un enlace en el que se puede consultar dicho uso, que va desde el guardado de preferencias de usuario hasta la personalización de la publicidad mostrada, e incluso datos de análisis ("anónimos", recuerda la compañía) útiles para sitios web. La compañía asegura que este aviso aparece en el buscador en los 27 países de la UE y también en YouTube, en este caso en los 19 países europeos en los que tiene dominio propio.

Ahora, el cumplimiento con las imposiciones de la UE ha llevado a los propios anunciantes a editar una guía, con el apoyo de la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en la que analizan la legislación vigente al respecto (básicamente la LSSI y el Real Decreto ley 13/2012 [PDF], que traspone la directiva europea sobre 'cookies'). Se basan en la interpretación que hace de la directiva el llamado Grupo del artículo 29, el conjunto de las entidades nacionales de protección de datos de los países de la Unión Europea.

Información clara

En la guía, anunciantes y agencias se marcan como obligación proporcionar al usuario de una página web que use 'cookies' información "suficientemente completa para permitir a los usuarios entender la finalidad para las que se instalaron y conocer los usos que se les darán". Es decir, la información deberá ser clara pero alejada de los tecnicismos -se parte del supuesto de que el usuario tiene un nivel muy bajo de conocimiento de esta herramienta-, y destacada de manera que haya altas posibilidades de que el usuario acceda a esta información.

"En el caso de que un usuario preste su consentimiento para el uso de 'cookies", reza la guía, "la información sobre cómo revocar el consentimiento y eliminar las 'cookies' deberá de estar a su disposición de forma accesible y permanente".

La guía propone a las compañías y entidades que gestionen sitios web varios ejemplos para informar a los usuarios de qué son las 'cookies' y, en su caso, cómo bloquearlas o eliminarlas instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador.

Consentimiento

También propone fórmulas para constatar el consentimiento del usuario al uso de esas 'cookies', ya que, insiste la propia guía, "para que dicho consentimiento sea válido será necesario que haya sido otorgado de forma informada". Para cumplir con esta condición, se recomienda lograr "la obtención del consentimiento a través de un 'click' del usuario o de una conducta similar". La guía propone varios momentos para obtener ese consentimiento: cuando se solicite el alta en un servicio, durante la configuración del funcionamiento del sitio web o bien antes de descargarse un contenido o aplicación.

No obstante, la guía reconoce que puede ser válido que "el usuario haya realizado algún tipo de acción consciente y positiva de la cual pueda inferirse el consentimiento", o incluso a través de la mera configuración del navegador. "Tanto la Directiva sobre privacidad como la LSSI sugieren que la configuración del navegador podría ser una de las formas de obtener el consentimiento si se utiliza de forma que permita que los usuarios manifiesten su conformidad con la instalación de las 'cookies", afirma el folleto.

El contenido de este documento, presentado hoy, está consensuado por la Asociación Española de la Economía Digital (adigital), Autocontrol y el Interactive Advertising Bureau (IAE), con la colaboración de la Asociación Española de Anunciantes.

 

El director de la AEPD, José Luis Rodríguez Álvarez, ha destacado que, con esta Guía, se da un gran paso adelante para conciliar el uso de 'cookies' con la protección de la privacidad de los ciudadanos, y en ella "se establecen reglas claras para garantizar que los usuarios puedan decidir si consienten o no la instalación de 'cookies' en sus terminales".

 

Fuente: Pablo Romero / El Mundo

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Mon, 04/29/2013 - 19:26

UTECA recurre la ejecucion de la Sentencia que anula 9 licencias de la TDT

Por decisión unánime de su Junta Directiva, la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, Uteca, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros el 22 de marzo de 2013, mediante el cual decidió ejecutar la Sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2012, que anuló la asignación de múltiples digitales.
 
El conflicto tiene su origen en un error técnico del Gobierno de Zapatero, que no desarrolló a tiempo el real decreto por el que concedía las nuevas licencias, por lo que estas incurrieron en contradicción con la Ley General Audiovisual, que al final aprobó un mes y medio antes y que exigía que las nuevas licencias fueran adjudicadas mediante concurso. Las empresas concesionarias, por su parte, siempre cumplieron los acuerdos y las condiciones que les impuso el Gobierno

Fuente: ABC
 

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Mon, 04/29/2013 - 15:14

Inminente adjudicación de las licencias de la FM en la Comunidad Valenciana

Todo listo para la adjudicación de las 31 licencias de FM.
Tras 18 meses y una ampliación del plazo para resolver, la Mesa de Licitación está ultimado los trámites de valoración.

El pasado mes de noviembre de 2011 se convocaba el segundo concurso público de licencias de FM en Valencia, tras ser declara la convocatoria de 2007 desierta. Tras varias vicisitudes en su tramitación todo indica que la adjudicación de las 31 licencias de radio es ya inminente.

Han transcurrido 18 meses desde la publicación del concurso y los pasos dados por la Mesa de Licitación han sido los siguientes:

Creación de la mesa de licitación, el 28 de diciembre de 2011
Análisis del sobre nº 1
Apertura del Sobre nº 2, el pasado 23 de enero de 2012
Nombramiento del Comité de expertos para valorar las ofertas, 26 de enero de 2012
Ampliación del plazo de valoración, 15 de mayo de 2012

En este último acto se designaron a los profesionales encargados de valorar las 462 ofertas formuladas por 115 empresas que participaron en el concurso:

- Dª. Josefa García Pastor. Jefa del Servicio de Difusión de la Acción del Consell (adscrita a la Presidencia de la Generalitat).

- D. Juan Navarro García. Jefe de Sección de Gestión Económica Presupuestaria (adscrito a la Conselleria de Presidencia).

- D. Juan Antonio Sastre Doménech. Jefe del Servicio de Telecomunicaciones (adscrito a la Conselleria de Hacienda y Administración Pública.

Una vez que se haga realidad la selección de los candidatos se notificará a los elegidos la propuesta de adjudicación para que aporten la documentación definitiva: estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, Agencia Tributaria, y Hacienda de la CCAA.

Posteriormente, se publicará en el DOGV la adjudicación definitiva con la relación de los adjudicatarios, y se comunicará de forma individual a todos los participantes: sean concesionarios o no.

 

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Sun, 04/28/2013 - 23:02

La Justicia Europea analiza la legalidad de la tasa a las 'telecos'

El presidente de RTVE, Leopoldo González-Echenique, ha utilizado esta semana una metáfora para referirse al riesgo que afronta la corporación de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida tumbar la tasa a las empresas de telecomunicaciones que sirve, junto a otros tributos, para financiar RTVE. "Tenemos una espada de Damocles", señaló Echenique en una comparecencia en el Congreso.

No es la primera vez que el presidente de la corporación advierte de que la supuesta "estabilidad" del sistema de financiación de RTVE, que con la nueva ley aprobada en 2009 por el anterior Gobierno cambió los ingresos publicitarios de TVE por un modelo en el que la corporación se nutre de impuestos a las televisiones privadas y a las empresas de telecomunicaciones, junto a las aportaciones del Estado, no es tan estable.

En distintas comparecencias ante las Cortes, Echenique viene advirtiendo de que los ingresos de la corporación se han reducido en los últimos ejercicios y una sentencia que tumbe el modelo desde Europa puede empeorar el panorama. "Teniendo esa espada de Damocles -que esperemos todos que se resuelva en sentido favorable de consolidar la reforma operada en España-, no coadyuva a que el modelo sea estable, por lo menos puertas afuera de la casa", ha señalado esta semana en el Congreso.
No obstante, no es previsible que de momento esa "espada de Damocles" fuerce al Gobierno a cambiar el modelo, ya que, según fuentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "aún no hay fecha para la sentencia, y no es previsible que sea pronto".

El sector lleva esperando una sentencia, en un sentido u otro, desde marzo de 2011, cuando la Comisión Europea decidió llevar ante el Tribunal de Justicia la tasa, al entender que "es incompatible con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones". El Ejecutivo socialista entonces en el Gobierno defendió la tasa y aseguró que "no violenta los tratados ni las directivas", aunque el Gobierno del PP reconoció podo después de tomar posesión que el sistema tenía algunos "problemas".
"La financiación de TVE, que se puso en marcha por el gobierno anterior ha tenido muchos problemas, tiene problemas en estos momentos en los ámbitos europeos, es un problema que está encima de la mesa y habrá que estudiarlo no sólo desde el ámbito de la financiación de la propia televisión sino también en lo que afecta a nuestro sector", señaló el año pasado el secretario de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo.

Dentro del sector audiovisual, el modelo tiene sus admiradores y sus detractores. Así, en su última la Asamblea General, celebrada la semana pasada, la Asociación Española de Anunciantes (AEA), que se ha mostrado crítico con el sistema, volvió a pedir una vez más la "necesaria" vuelta de la publicidad a TVE.

El año pasado, RTVE recibió 150 millones de euros de las empresas de telecomunicaciones y para 2013 esperan que los ingresos se reduzcan hasta los 120 millones de euros, menos de la mitad de lo que la televisión pública recibía de las 'telecos' en 2010, según señaló Echenique en el Congreso. De hecho, ya ha habido operadores, como Vodafone, que venía aportando 30 millones de euros a la corporación, que ha dejado de prestar servicios audiovisuales y de publicidad con el fin de eludir la tasa de RTVE.

No son los únicos ingresos de la corporación que se han reducido en los últimos años. También las aportaciones del Estado se han recortado, desde los 500 millones de euros de 2010, primer año sin publicidad en TVE, a alrededor de 250 millones de euros en 2013, la mitad, lo que sirvió de argumento a Echenique para cuestionar la supuesta "estabilidad" con la que se justificó la reforma del modelo de financiación de TVE, y la supresión de la publicidad.

Sin embargo, no todo el sector opina que una supuesta vuelta de la publicidad ayudaría a aumentar los ingresos de la pública. El consejero delegado de Atresmedia (Antena 3), Silvio González, ha advertido en una conferencia con analistas para presentar los resultados trimestrales del grupo este misma semana que esta supuesta vuelta de la publicidad a la pública "no tendría sentido" y sería "irracional".
El argumento es que, aunque es cierto que TVE captaba antes de que se cambiara el modelo alrededor de 400 millones de euros en publicidad, ahora el mercado de la publicidad y la audiencia de la pública es muy distinto a entonces.
Así, el mercado de la publicidad ha caído desde 2009, alrededor de un 30%, y la audiencia de la cadena también lo ha hecho. Teniendo en cuenta estos dos datos, González estimó que TVE podría ahora captar en publicidad no más de 100 millones de euros, una cantidad inferior a lo que dejaría de ingresar con las tasas que pagan las 'telecos' o las cadenas privadas.
También el presidente de Mediaset España, Alejandro Echevarría, en la Junta de Accionistas de la compañía la semana pasada subrayó que la decisión de la retirada de la publicidad de TVE "fue acertada" y apuntó que "lo que no debe ser" es que los ingresos que recibe la pública se usen para "sufragar los costes de una estructura sobredimensionada", en lugar de "financiar la parrilla".
 

Distintos modelos de financiación

Los modelos de financiación de las televisiones públicas europeas son muy variadas. Así, mientras que el modelo de financiación de la televisión pública francesa es muy similar al español y, de hecho, también ha sido denunciado ante el Tribunal de Justicia de la UE por la Comisión Europea, existen otros modelos que conviven con variado éxito.
La BBC británica, por ejemplo, se financia fundamentalmente a través de un canon que pagan los propietarios de televisores, sin rastro de publicidad. Además, la BBC saca un porcentaje menor de sus ingresos de vender en el extranjero sus producciones.

También en Alemania la televisión pública se financia con un canon similar. En este caso, y a partir de enero de 2013, lo pagan todos aquellos que tengan en propiedad o en alquiler una casa o local, aunque también se permite a algunos canales emitir anuncios entre ciertas horas, en ningún caso en 'prime time'. En Italia, la financiación de la televisión pública RAI es a través de una mezcla de un canon a los propietarios de televisión y la emisión de anuncios, que también cuentan con restricciones.

En Estados Unidos, donde la cultura de la televisión pública es muy distinta a la que se tiene en Europa como un servicio esencial de información independiente, la financiación de los canales públicos es también muy distinta y viene a través de donaciones privadas de gente que quiere apoyar determinados contenidos que no tienen cabina, por minoritarios, en las cadenas comerciales.

 

Fuente: El Mundo

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Sun, 04/28/2013 - 18:57

CAC: Jersey Shore (MTV) fomenta, dentro del horario protegido, el consumo de alcohol

El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) considera que el programa Jersey Shore, emitido por el canal MTV, contiene imágenes que presentan como positivo el consumo abusivo del alcohol, así como comportamientos discriminatorios hacia las mujeres. Según el Consejo, su calificación por edades debería ser la de programa ‘no recomendado para menores de 18 años' y, por tanto, conforme a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual (LGCA), debería emitirse fuera del horario protegido (que va de las 6.00 a las 22.00 horas).

El programa Jersey Shore es emitido por el canal con nombre comercial MTV, del que es titular la Sociedad Gestora de Televisión NET TV, SA (Vocento).
El 17 de abril, el CAC aprobó un acuerdo referido a Jersey Shore y a otros cuatro programas del canal MTV, en todos los casos por señalizar los espacios de forma incorrecta.

Dado que MTV es un canal difundido en Cataluña por un prestador estatal, el Consejo, de acuerdo con la normativa, se ha dirigido al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y le ha instado a actuar ante una posible vulneración del artículo 7.2 de la citada ley.
La actuación del CAC sobre los contenidos de la MTV se inició de oficio con un análisis de una muestra de programas emitidos los días 14 y 15 de febrero de 2013. El objetivo del análisis fue determinar la observancia de la protección de la infancia y la adolescencia en relación con las exigencias de las distintas franjas de protección.

Del programa Jersey Shore se analizaron dos episodios, que, en ambos casos, comenzaron a las 14.45 horas y terminaron a las 15.30 horas. Eso les situó dentro del horario protegido establecido en la LGCA, que va de las 6.00 a las 22.00 horas.
El CAC detectó en Jersey Shore contenidos sobre abuso de alcohol, presentado de forma positiva, así como comportamientos discriminatorios hacia las mujeres con una sanción positiva en el relato, que hacen que la calificación sea la de programa ‘no recomendado para menores de 18 años'.
El Consejo también encontró contenidos de violencia verbal y física, sexo, lenguaje grosero, y conductas y valores incívicos, si bien en estos casos la calificación fue de programa ‘no recomendado para menores de 13 años'. El grado de idoneidad del conjunto del programa fue, así pues, de programa ‘no recomendado para menores de 18 años'. Por otra parte, el prestador había insertado en la pantalla el código correspondiente a los 16 años.

En el mismo acuerdo, el CAC incluyó otros cuatro programas emitidos por el canal MTV y que también tendrían calificaciones insuficientes. En concreto, se trata de los programas 40 Most Slimmed Down Celebs, Embarazada a los 16, MTV Pira2 y Padres al control. Los cuatro programas estaban señalizados por el prestador como programa ‘no recomendado para menores de 7 años'.
El CAC encontró en esos cuatro programas comportamientos discriminatorios con sanción neutra, alusiones a la adicción de drogas lícitas e ilícitas presentadas de forma negativa, violencia de intensidad leve, contenidos sexuales y lenguaje agresivo y vejatorio. Según el regulador audiovisual catalán, la calificación por edades correcta sería, en los cuatro casos, la de programa ‘no recomendado para menores de 13 años'.

La actuación del CAC con respecto a esos cuatro programas estaba motivada porque se emitieron, total o parcialmente, dentro de una de las franjas de protección reforzada establecidas en la LGCA.
En la LGCA se establecen, como una protección adicional dentro del horario protegido, tres franjas denominadas de protección reforzada: entre las 8.00 y las 9.00 horas y entre las 17.00 y las 20.00 horas en el caso de los días laborables, y entre las 9.00 y las 12.00 horas los sábados, domingos y fiestas de ámbito estatal. Según la LGCA, los contenidos para mayores de 13 años deben emitirse fuera de esas franjas horarias reforzadas y los prestadores deben mantener la señalización durante todo el programa.

En consecuencia, según el CAC, esos cuatro programas deberían calificarse como "no recomendados para menores de 13 años" y sólo podrían emitirse fuera de las franjas de protección reforzada.
El acuerdo sobre el canal MTV se ha adoptado en el marco de la intensificación de la actuación del Consejo en relación con los contenidos irregulares emitidos por los prestadores estatales. Esta iniciativa, junto con el aumento del control de las radios y las televisiones que emiten sin licencia, constituyen líneas de actuación prioritarias del regulador audiovisual catalán, tal como anunció el presidente del Consejo, Roger Loppacher, en la conferencia que pronunció en el Fòrum Europa - Tribuna Catalunya el pasado 30 de enero.

El CAC actúa de acuerdo con la letra n del artículo 10 de la Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Consejo del Audiovisual de Cataluña, en la que se establece que, en relación con los prestadores que no estén sujetos a la autoridad del Consejo, como en este caso, este organismo puede instar a las administraciones con competencias en medios de comunicación audiovisual a promover la adopción de las medidas adecuadas ante conductas contrarias a la legislación.

Descárgate la resolución: http://www.cac.cat/pfw_files/cma/actuacions/Acord_40_2013_ESP.pdf

 

 

 

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Fri, 04/26/2013 - 22:41

Guerra abierta entre el Gobierno y el sector audiovisual

El Gobierno no para de buscar medios para poner ante las cuerdas a los medios de Comunicación y ahora le toca el turno a las televisiones privadas de la mano del ‘dividendo digital’ con la amenaza implícita de aprobar, en ‘cualquier momento’, un ‘decreto ley’ que les haría perder nueve canales.

El pasado 22 de marzo el Ejecutivo decidía, por sorpresa, derogar la última concesión de licencias de 2010 acatando así una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba ilegal dicha distribución de canales y que supondría una pérdida de nueve canales divididos entre Atresmedia (3), Mediaset (2), Unidad Editorial (2) y Vocento (2).

Hasta el anuncio, en las cadenas habían mantenido diversas reuniones con el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo, para buscar una solución, tras la sentencia del Supremo, y un acuerdo consensuado entre las partes interesadas en el que, además, ya se había pactado la manera más adecuada de liberar espacio para el 4G y ayudarles económicamente con su implantación.

El pre-acuerdo certificada una resintonización de las cadenas para liberar el espacio y dejar en menos multiplex la totalidad de las actuales señales simplificando también las frecuencias que emiten en Alta Definición (HD). Este mismo acuerdo, asumido como el menor de los males por las cadenas, también incluía un pacto mediante el cual las teles asumían parte del coste de esta resintonización y el Ejecutivo flexibilizaba el calendario de Ejecución.

No obstante, todo lo acordado se quedó en papel mojado y se acató la sentencia. La semana del 8 de abril la patronal de las teles UTECA decidía endurecer su postura y los socios acordaban recurrir en los Tribunales el Consejo de Ministros que decidió quitarles los nueve canales de TDT a las cadenas privadas. La noticia llegaba al Gobierno y en pocas horas anunciaban la puesta en marcha de la elaboración del decreto.

Así, el 11 de abril el Secretario de Estado de Telecomunicaciones, al que las televisiones privadas ya no reconocen como interlocutor válido, daba otra vuelta de tuerca al tema al asegurar que el Ejecutivo prepara un decreto nuevo del 'dividendo digital' que se aprobará en semanas pese a haber anunciado con anterioridad que no se haría nada hasta enero de 2014.

Las cadenas privadas ya no confían en el saber hacer del Ejecutivo, entienden este nuevo escenario como una medida de ‘presión’ y se preparan para la peor de las situaciones que llegará vía Consejo de Ministros en un viernes más cercano que lejano y, por supuesto, no se ha contado con ellos pese a que el secretario de Estado así lo declaraba el mismo día que anunciaba el comienzo de la elaboración del decreto.

Fuente: PRNOTICIAS

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Fri, 04/26/2013 - 08:28

Twitter reforzará seguridad con SMS

La red social Twitter se propuso fortalecer los mecanismos de seguridad que dan acceso a sus cuentas a través de un sistema de doble verificación de la identidad del usuario, un cambio en el que trabaja actualmente, según informó la revista Wired.

La noticia, no confirmada oficialmente aún por Twitter, salió esta semana justo después de que el perfil de la agencia de noticias estadounidense Associated Press cayera en manos de hackers y fuera utilizado para emitir tuiteos falsos que causaron brevemente el pánico en Wall Street. Los piratas informáticos publicaron que la Casa Blanca había sufrido dos explosiones y que el presidente Barack Obama estaba herido. Durante los minutos que duró la incertidumbre, el índice Dow Jones perdió las ganancias del día, aunque se recuperó rápidamente una vez aclarado el incidente. Entre las cuentas periodísticas de gran alcance pirateadas también ya resultó afectada la de la BBC.

La respuesta de Twitter para reforzar la seguridad de su red social consistiría en requerir a los usuarios cada vez que accedan a la plataforma desde un punto de entrada no registrado que además de la habitual contraseña introduzcan un código que se genera de forma automática y se envía en forma de mensaje a un dispositivo asociado a esa cuenta, normalmente un teléfono. A principios de febrero, Twitter publicó una oferta de empleo para contratar a un ingeniero informático especialista en desarrollar este tipo de software. El 1 de febrero pasado, Twitter reconoció que estaba siendo objeto de un número cada vez mayor de ataques informáticos a gran escala que habían dejado expuestos los datos de más de 250,000 usuarios

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Fri, 04/26/2013 - 08:17

Navarra insiste en que 'no puede' quitar licencias de radio mientras el Supremo no sentencie

Así lo ha señalado hoy el portavoz del Ejecutivo, Juan Luis Sánchez de Muniáin, en respuesta a una pregunta de Aralar sobre las "irregularidades" cometidas por Radio Universidad y Net 21, adjudicatarias de sendas licencias en aquel concurso que dejó fuera a Euskalerria Irratia.

Sánchez de Muniáin ha asegurado al respecto que "el Gobierno de Navarra está cumpliendo con la resolución" dictada, ya que "a fecha de hoy la situación está en litigio judicial. Estamos a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia para adoptar las decisiones que puedan derivarse" del recurso que pide la retirada de esas licencias.

A todo ello, el portavoz ha unido que, independientemente de ese concurso recurrido, el Gobierno ha hecho posteriormente un nuevo concurso de licencias "con pleno rigor, con pliegos detallados y con una resolución" que tampoco ha dado licencia a Euskalerria Irratia.

Ha criticado que NaBai y Bildu "han pedido que se dé una licencia directamente olvidando el concurso", lo que supone instar a "un trato de favor para una de las empresas que concurría en ese concurso".

Por su parte, la portavoz de Aralar-NaBai, Nekane Perez, ha subrayado las "irregularidades cometidas por Radio Universidad y Net 21" por no ajustarse, a su juicio, a las condiciones del pleigo una vez adjudicadas sus emisoras.

Tras el recurso, el Gobierno pidió "que se actúe con prudencia", pero "para nuestro gusto -ha criticado la portavoz nacionalista- han actuado con demasiada prudencia y han conseguido que ya nadie recuerde las irregularidades que se cometieron", ha dicho sobre su opinión de que a Euskalerria Irratia se le apartó intencionalmente.

"No les pedimos que hagan milagros, les pedimos que no hagan injusticias", ha zanjado sobre su petición en favor de Euskalerria Irratia.

 

Fuente: Diario de Noticias

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Thu, 04/25/2013 - 22:16

La prensa británica rechaza la regulación de la libertad de prensa

Tras varias semanas estudiando el nuevo sistema de regulación de la prensa pactado por los tres grandes partidos políticos, la prensa británica ha decidido rechazarlo y ha anunciado el lanzamiento de su propio organismo de autorregulación. Aunque se basa en la Cédula Real propuesta en marzo por el Gobierno del primer ministro David Cameron y mantiene algunos de sus puntos fundamentales, la gran diferencia es que la prensa tendría derecho a estar directamente representada en los organismos de gestión del nuevo regulador, se suprime la capacidad del Parlamento de modificar las reglas de juego y se suprime el derecho del regulador a “dirigir” la manera en que se publican las notas de rectificación.

La maniobra, que constituye un reto directo a la autoridad del primer ministro y un desafío a los tres grades partidos, cuenta con el apoyo específico de cuatro grandes grupos editoriales: News International (editora entre otros de The Times y The Sun), Telegraph Media Group, Associated Newspapers (Daily Mail), Trinity Mirror y Express Newspapers. Ni The Guardian ni The Independent se han sumado a la iniciativa, pero tampoco la han rechazado frontalmente y podrían acabar dando su apoyo, quizás negociando algunos de los términos de la propuesta.
Los impulsores del nuevo modelo de autorregulación sostienen que su propuesta conserva la esencia de la Cédula Real propuesta por el Gobierno, pero sin la injerencia política que a su juicio amenaza 300 años de libertad de prensa.

La reacción del Gobierno y de los partidos políticos ha sido cauta, limitándose a recordar que hay un acuerdo de las tres grandes formaciones para poner en marcha un nuevo sistema de regulación y que lo importante es que este empiece a funcionar cuanto antes. Sin embargo, el grupo de presión Hacked Off, que representa a muchos de los personajes que fueron espiados por el tabloide News of The World, el escándalo que acabó forzando la reforma del sistema de autorregulación de la prensa, ha puesto el grito en el cielo.
Los diarios proponen también que el nuevo regulador se cree a través de una Cédula Real y mantienen algunos de los aspectos más destacados de la propuesta del Gobierno, que se basa en las conclusiones a las que llegó el juez Leveson tras llamar a declarar a cientos de testigos entre afectados por las escuchas y representantes de la prensa. Entre los aspectos que se mantienen figura el hecho de que el regulador se apoye en una Cédula Real que garantice su independencia frente a industria y políticos, la posibilidad de imponer multas de hasta un millón de libras (1.186.000 euros) por las infracciones más graves o el derecho del regulador a investigar las quejas contra la prensa. Y añade la posibilidad de que el público participe en la creación del código de buenas prácticas de diarios y revistas.

Sin embargo, modifica la propuesta del Gobierno en aspectos cruciales. El más polémico es el hecho de que los diarios sí podrán estar representados directamente en los órganos de gestión del nuevo regulador, incluidos los directores de los diarios. Los futuros cambios en la regulación, que el Gobierno deja en manos del Parlamento con el apoyo de dos tercios de la cámara, quedarían ahora sujetos al acuerdo unánime de un llamado “panel de reconocimiento”, del consejo de administración del regulador y de la propia industria. Además, el regulador no tendrá derecho a “dirigir” cómo se publican las rectificaciones, aunque sí podrá “requerir” su publicación.

El Gobierno y los partidos deben ahora decidir cómo afrontan la maniobra de los grandes diarios. Si buscan una solución intermedia y pactar un sistema que tenga el apoyo de la industria, será acusado de rebajarse ante la presión y desoír las recomendaciones del juez Leveson. En teoría pueden no hacer nada. Su propuesta incluía la posibilidad de que cada diario decida si se adhiere o no al sistema de regulación, con el condicionante de que los que no lo hagan se arriesguen al pago de “sanciones ejemplares” por sus abusos. Pero un sistema que excluye a la inmensa mayoría de la prensa (y a todos los que suelen abusar) es en sí mismo inútil. Y el concepto mismo de “multas ejemplares” solo a los que no se acojan a un sistema voluntario suscita considerables dudas sobre su legalidad.

Fuente: El País

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Wed, 04/24/2013 - 22:06

Se propone la fusión de TV-3 y Catalunya Ràdio

En su cruzada para reducir los costes de los medios públicos, el presidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Brauli Duart, lanzó este miércoles una nueva propuesta: la fusión de TV-3 y Catalunya Ràdio. La idea viene recogida en el primer borrador del contrato programa de la CCMA para el período 2013-2016: “El proyecto tiende a la simplificación organizativa, con la unificación de sociedades filiales, la eliminación de duplicidades y un nuevo marco laboral más flexible y polivalente”, apuntaba el comunicado de la Corporación. En el texto también se deja claro que la CCMA continuará con un “sistema mixto de financiación”, lo que asegura el mantenimiento de la publicidad en Catalunya Ràdio.

Duart deberá detallar sus planes para la CCMA el viernes, en la comisión de control del ente que habrá en el Parlament. El documento presentado este miércoles es un borrador que Duart debe consensuar con el resto del consejo de gobierno de la Corporación.

El presidente de la CCMA debe lidiar también con el conflicto que tiene abierto con los trabajadores. Duart encendió la huelga del martes de los empleados de Catalunya Ràdio publicando los sueldos de toda la corporación, maniobra que los sindicatos calificaron de “tendenciosa”. En plena discusión del convenio colectivo, los profesionales deberán afrontar un recorte del 17% de la masa salarial para 2013

Fuente: El País

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Wed, 04/24/2013 - 21:59

Datos Infoadex: Internet también cae en inversión publicitaria

Hasta ahora, internet navegaba sobre una red de seguridad en cuanto a la inversión publicitaria. Frente a los números rojos del resto de medios, presentaba un crecimiento sostenido en el tiempo. De hecho, en 2012 se consolidó como el segundo medio en inversión con 885 millones, sólo por detrás de la televisión (1.815). Sin embargo, en este inicio de 2013 también a sucumbido al color rojo. En el primer trimestre de 2013 ha experimentado un retroceso del 3,4%. Eso sí, una caída muy inferior a la media general: -16,6%.

En total, de enero a marzo de 2013, internet recibió una inversión de 73,1 millones de euros frente a los 75,7 millones del mismo periodo de 2012, según los datos de Infoadex, que incluye exclusivamente los soportes y formatos controlados por esta compañía (en el caso de internet, los formatos gráficos). Cierto es que representa una caída mínima, sobre todo si se compara con la media (-16,6%) y con el resto de medios.
En los tres primeros meses del año, la inversión publicitaria dirigida a medios convencionales ha pasado de 828,7 millones de euros a 993,5 millones. La televisión sigue siendo el principal soporte para los anunciantes. Aunque su volumen de inversión ha bajado un 15,7%, se sitúa en 409,3 millones (485,2 en el primer trimestre de 2012).

De enero a marzo de 2013 ha decrecido en un -15,5% la inversión publicitaria del grupo de las televisiones nacionales en abierto, que ha alcanzado un importe de 371,4 millones de euros, situando su cuota de mercado en el 90,8%. Mediaset España (Telecinco/Cuatro) sigue manteniéndose como líder en volumen de facturación en el primer trimestre de 2013. Con una disminución de -15,6%, la cifra que ha alcanzado es de 180,3 millones, lo que supone una cuota de mercado del 44,1%.

El grupo Atresmedia (Antena 3/La Sexta) se mantiene igualmente en la segunda posición, con un crecimiento del 7,2%, debido en parte a la adquisición de La Sexta en el 2012, alcanzando una cifra de inversión publicitaria de 178,5 millones y una participación de mercado del 43,6%.

Las televisiones autonómicas, por su parte, siguen en caída libre. En los tres primeros meses de 2013 ingresaron 27,7 millones, frente a los 34 millones de 2012, lo que representa una caída del 18,7%. La cuota de mercado del total de las autonómicas es de un 7%.
En cuanto al resto de medios, la caída también es acusada. El grupo Diarios, segundo medio por su valor absoluto de inversión publicitaria, ha sufrido en el período enero-marzo de 2013 una disminución del -23,4%, quedándose en una inversión de 132,5 millones de euros. El medio Radio, que ocupa el tercer lugar por su cifra de inversión, se sitúa en 75,7 millones, presentando una caída del -16,7% sobre la cifra correspondiente del año anterior.

Fuente: Raúl Piña, El Mundo

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Tue, 04/23/2013 - 10:23

Alemania multa a Google con 145.000 € por violar datos privados con sus coches

Las autoridades alemanas impusieron una multa de 145.000 euros a Google por recoger datos personales de redes inalámbricas privadas a través de cámaras instaladas en vehículos de su servicio de mapas Street View.

La oficina de protección de datos en Hamburgo fijó la multa por violación a la privacidad entre los años 2008 y 2010, cuando Google estaba preparando su servicio de paisaje urbano y fotos a pie de calle.

"En mi opinión, éste es uno de los casos más graves de violación a la normativa de protección de datos que han salido a la luz", dijo John Caspar, director de la oficina de protección de datos.

"Entre la información recolectada desde los vehículos existía una cantidad significativa de datos personales de diversa calidad", agregó Caspar. "Por ejemplo, se recogieron correos electrónicos, contraseñas, fotos y registros de chats".

Google aseguró que reformó sus sistemas para solucionar los problemas que surgen con sus operaciones de Street View. La empresa dijo al ente regulador de Hamburgo que nunca había sido su intención almacenar datos personales y pidió perdón. Caspar consideró que el hecho de que ocurriera, además durante un largo período de tiempo, dio lugar a una sola conclusión: "Que los mecanismos de control interno de la empresa fallaron".

El funcionario agregó que, según el derecho alemán, no pudo imponer una multa mucho mayor, ya que la pena máxima por violaciones de datos por negligencia se limita a un máximo de 150.000 euros.

 

Fuente: El Mundo

 

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Sun, 04/21/2013 - 13:35

Licencias de TDT anuladas por los Jueces: Lógica esperada

Es incomprensible que el sector se sorprenda de la anulación de los Tribunales de la TDT a la luz de los criterios con los que se adjudicaban las licencias audiovisuales (Radio y TDT). Era una público y notorio ver como en algunas conversaciones ya se hablaba de quien sería el adjudicatario sin haber concluido las valoraciones. Y el resultado muchas veces se ajustaba a las "previsiones".
 
En varias convocatorias vemos como muchas emisoras de radio y televisión, tras 10, 20 o 30 años de experiencia, son castigadas por no mantener la línea editorial del ejecutivo de turno. Y en cambio, (i) empresas con bastantes licencias o (ii) entidades creadas "ad hoc" sin experiencia previa, eran favorecidas con la mayoría de licencias en juego. Licencias que eran, en algunos casos, arrendadas o vendidas.
 
Las irregularidades detectadas por los Tribunales tienen un común denominador: la falta de explicación del reparto. Es decir, no se motiva porque a unos se les otorga la licencia y a otros se le deniega. Pero en la cuestión de la TDT nacional anulada, el ejecutivo de turno ni siquiera convoco un concurso público: se adjudicaron directamente!. Con lo cual el Tribunal Supremo anuló el reparto de 9 licencias de TDT estatal, y el Consejo de Ministros ejecutó la Sentencia.
 
Recientemente, Paolo Vasile y Alejandro Echevarría, responsables de Mediaset España, han sido los últimos en pronunciarse públicamente sobre la situación de la TDT y la medida tomada por el Gobierno que pretende prescindir de nueve canales de la televisión digital pertenecientes a grupos privados. La decisión no ha sentado bien entre las empresas pero Mediaset España es una de las que menos pierde : debería prescindir de dos canales de TDT frente a los tres de Atresmedia, su gran competidor que además tiene ya menos canales en abierto.
 
Paolo Vasile hablaba este pasado miércoles de “sorpresa”, un calificativo que se repite entre las cadenas desde que se conociera que el Gobierno dejaba vía libre al dividendo digital acatando la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la decisión del Consejo de Ministros que otorgó un multiplex completo a cada grupo audiovisual presente en la TDT. En las cadenas consideran que las negociaciones que mantenían dejaban la puerta abierta a un acuerdo y que en cualquier caso el Gobierno había expresado en público su deseo de alcanzar una solución dejando entrever que la situación que se estaba penalizando era fruto de un error de la Administración y que le correspondía a ella buscar alternativas.
 
Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo7, Net Televisión y La Sexta están en “vilo” según destacaba este martes el mismo Vasile que dejaba claro el enfado que existe entre los responsables de las televisiones con el Gobierno por una decisión que afecta al futuro empresarial de un sector profundamente afectado por la crisis. Entre las empresas afectadas consideran que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debe rectificar y esperan que entiendan que una medida de este tipo generaría una gran inseguridad jurídica en la TDT.
 
Lo cierto es que se avecina una tormenta de recursos judiciales tremendos a lo que acompañará un numero nuevo de operadores de nuevo cuño al escenario español.
 

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Thu, 04/18/2013 - 09:13

El CISPA impedirá a Google o Facebook prometer privacidad a los usuarios

La futura normativa sobre seguridad en la Red que recoge el proyecto legislativo HR 3523, bautizado como CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act), impedirá que compañías como Google, Facebook o Twitter se comprometan a proteger su privacidad de sus usuarios.
La Cámara de Representantes de EEUU ha rechazado una enmienda (PDF) que hubiera garantizado a los usuarios la vigencia de las políticas de privacidad y términos de uso, de modo que seguirían siendo válidas y exigibles en el futuro, informa CNET News.

La enmienda, de sólo seis líneas, proponía modificar la última versión de CISPA de modo que se prohibiera a una compañía "violar un contrato con cualquier otra parte", incluyendo a los términos de uso del servicio acordado.
CNET News informa de que la enmienda fue rechazada por 8 votos a 5, después de que el senador republicano Peter Sessions indicara a sus colegas votar contra ella, frente a los votos afirmativo de los demócratas .

'Ciberseguridad' en sentido amplio

El texto de CISPA -presentado a finales de 2011 por los representantes Mike Rogers y Ruppersberger- propone, en origen, una revisión de la normativa de seguridad nacional (National Security Act) de 1947 con la finalidad de facilitar más intercambios de información sobre 'ciberamenazas' entre el Gobierno de Washington y el sector privado, o entre las propias empresas privadas. La idea es que la Administración pueda combatir 'ciberamenazas' en tiempo real con ayuda de la industria de Internet.

La definición de "información sobre ciberamenazas" es amplísima, se refiere a cualquier información sobre vulnerabilidades o amenazas a redes, así como cualquier intento por "degradar, interrumpir o destruir" tales sistemas o redes, además del robo o la "apropiación indebida" de información privada o gubernamental, incluida la propiedad intelectual.
Por esa indefinición, varias entidades y asociaciones como la Asociación Americana de Bibliotecas, la Unión Americana de Libertades Civiles, la Electronic Frontier Foundation y Reporteros sin Fronteras se han manifestado abiertamente en contra y alertan de que podría amenazar de forma importante la privacidad de los usuarios.

Amenaza de veto

Por otro lado, la Casa Blanca ha vuelto a amenazar con vetar el proyecto (PDF) al alegar, entre otras cosas, serias preocupaciones sobre protección de la privacidad, informa la agencia Reuters.
El proyecto incluye ciertos cambios respecto del de finales de 2012, como una disposición que obliga a las empresas a usar la información que reciben exclusivamente con fines de seguridad cibernética. También incluye algunas acciones para proteger la privacidad y la supervisión de las libertades civiles.
"Se han aprobado varias enmiendas en un esfuerzo de buena fe para incorporar algunas preocupaciones de fondo importantes de la administración. Sin embargo (...) todavía no aborda adecuadamente estas prioridades fundamentales", dijo Caitlin Hayden, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

Michelle Richardson, de la Unión Americana de Libertades Civiles, afirmó que la amenaza de veto está "totalmente justificada" y aseguró, citada por Reuters, que esto no presagia nada bueno para el futuro del proyecto de ley en el Senado.
El pasado año, la Cámara de Representantes ya tramitó CISPA de forma urgente, como una medida para la lucha contra el 'ciberterrorismo', aunque la propia Casa Blanca frenó el proyecto porque debía preservar "la privacidad, la confidencialidad de los datos y las libertades civiles de los estadounidenses".

'Casi' toda la industria tecnológica

Mientras tanto, la organización sectorial Technet, que representa los intereses de Google, Microsoft, Yahoo, HP, Oracle y Cisco entre otras compañías de Silicon Valley, ha manifestado su apoyo expreso a CISPA en una carta dirigida al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes.
Este apoyo se suma a la lista de empresas y entidades que se han manifestado a favor de este polémico proyecto de ley, una lista que incluye gigantes tecnológicos que manejan información muy sensible como IBM, Verizon y AT&T.
No obstante, ya se están produciendo algunas 'bajas' a medida que el proyecto toma forma. Este mismo mes, Facebook se comprometía públicamente a retirar su apoyo si la normativa plantea una obligación de "compartir información personal sensible con el Gobierno en nombre de la protección de la 'ciberseguridad'". "Facebook no tiene intención de hacerlo y esto no tiene relación con lo que proponía en principio HR 3523". Microsoft también ha expresado sus reservas.

Fuente: Pablo Romero / El Mundo

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Wed, 04/17/2013 - 22:08

El Gobierno dinamita las concesiones TDT en España

En estos momentos 9 licencias que se sintonizan en el televisor deberían de desaparecer al acatarse la sentencia del Tribunal Supremo por la que se declara nulo el proceso de concesiones en la TDT en la primavera de 2010: todas las cadenas que comenzaron a funcionar a raíz del apagón analógico están desautorizadas. El dictamen a raíz de la demanda de Infraestructuras y Gestión 2002 (una empresa vasca que nunca ha operado con una licencia televisiva) tumba la designación directa del Gobierno de Rodríguez Zapatero que ampliaba a un múltiplex más en la TDT todos los operadores que disfrutaron de las licencias en 2005. El Gobierno actual tranquilizó a los operadores ante una orden judicial que venía a dinamitar el espectro de la televisión en abierto, anunciando a su vez el otro flanco que viene a reconfigurar la TDT, la puesta en marcha del dividendo digital.

Las cadenas privadas, englobadas en UTECA, cierran filas y muestran su preocupación sobre el futuro de sus concesiones ya que el Gobierno se reserva en estos momentos cualquier solución política, a través de la ingeniería legal, que solventara el laberinto. Los dos colosos privados, Mediaset y Atresmedia, no quieren plantearse cerrar canales de su oferta cuando la crisis publicitaria sigue arreciando, pero aún lo tienen más complicado los dos grupos que pusieron en alquiler sus concesiones. Unedisa (editora de El Mundo) y Vocento, tras sus respectivos fracasos audiovisuales propios, tienen en alquiler sus canales, incluidos 13 TV, de la Conferencia Episcopal; o Paramount Channel, de la multinacional Viacom, señales que deberían cesar si se aplicara de forma efectiva la sentencia. Las dos editoras de los fiascos Veo TV y Net TV perderían así unas licencias y, sobre todo, una fuente de ingresos estratégica para estos tiempos.

Un Gobierno que no se siente especialmente bien tratado por los medios de comunicación tiene en su mano parte del futuro de esos mismos medios. La sentencia sobre el reparto de 2010 de forma cierta viene a sacudir el panorama mediático en España más allá de la pérdida de unos botones en el mando.

El Ejecutivo a su vez tiene margen de negociación y maniobra al coincidir este proceso con la puesta en marcha del dividendo digital. Mediante esta operación económica las arcas ingresaron unos 1.800 millones de euros a cambio de vender parte del espectro de la TDT a las empresas de telecomunicación. Para el 'estrechamiento' de la banda digital (con la reconfiguración en el reparto de canales) ya se llegó a un acuerdo con los operadores por el que sólo se vería afectado el paquete de canales de las autonómicas privadas y uno de los múltiplex de RTVE (que sí podría perder algún canal en el presente año). El Ministerio de Industria ha puesto el reloj en cuenta atrás para esta operación que se culminaría antes del 31 de diciembre. Esta reordenación del televisor afectará al menos a cuarta parte de la población con un coste por vivienda de unos 20 euros, la cantidad del decodificador necesario para sintonizar la franja alterada. Un coste que en principio iba a asumir Industria y que por mor de la crisis, como en tantos otros asuntos, terminará pagando directamente el usuario si quiere seguir recibiendo la televisión de siempre en su hogar.

 

Fuente: Malaga Hoy

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Tue, 04/16/2013 - 21:54

Derecho al olvido: reputación online de personajes mediáticos

Derecho al olvido ¿es un derecho que todos deberíamos tener? Los personajes públicos y mediáticos de interés social también? ¿Los que han fallecido, no?

El derecho al olvido se define como  el derecho que tiene el titular de un dato personal a borrar, bloquear o suprimir información personal que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo o que de alguna manera afecta el libre desarrollo de alguno de sus derechos fundamentales. Como es dable apreciar, este derecho puede en ocasiones colisionar con la libertad de expresión.

Cada día, cientos de personas sufren por estar perseguidas por su pasado, que parece no poder ser enterrado u olvidado; en ocasiones nos llaman para que hagamos servicios de desposicionamiento de resultados en Google, a veces hemos aceptado y otras veces simplemente o no se ha podido (dificultad en la aparición de información contínua, a tiempo real y con apariciones en hemerotecas casi legendarias) o no lo hemos creído éticamente aceptable.

¿Qué ocurre con los casos en los que queremos que se desindexe el contenido, que borremos nuestro rastro en Google?

Que nos enfrentamos directamente con Google y tras la petición que se le hace a dicha empresa, tres casos comentados hace semanas, un caso en el que sigue la petición a la Audiencia Nacional para intentar borrar el rastro, los casos llegan al TJUE, (Tribunal de Justicia de la Unión Europea), que mediará entre Google España y la Agencia Española de Protección de Datos, que exige se borren los registros de los hechos, según comentaba Marc Carrillo en El País, catedrático de Derecho Constitucional Universidad Pompeu Fabra.

¿Qué ocurre tras dichas negociaciones?

Que topamos con la Union Europea, el tribunal comunitario debe interpretar la aplicación de la directiva de 1995 sobre el tratamiento de datos personales, algo sobre lo que se lleva años negociando. El pasado día 3 de abril se comentaba en una entrevista ““¿Y si Iñaki Urdangarin pidiera el derecho al olvido en Internet” en El Faro de Melilla.

Entrevista a @Selvaorejon en el Diario EL Faro de Melilla from Emilio Folgar

¿Por qué no se llega a un acuerdo sobre el Derecho al Olvido? 

“–España también está tras este derecho, no sólo cuando alguien fallece sino si alguien quiere pasar 100% desapercibido. De hecho ya se están ejecutando acciones de forma continua de desposicionamiento SEO (Search Engine Optimization en sus siglas en inglés). El concepto SEO se usaba para posicionar contenidos con resultados óptimos en buscadores. Ahora las empresas y personas físicas nos preguntan por técnicas de desposicionamiento. Quieren desaparecer tal y como se les conoce. 

El principal problema es el dilema moral y legal, porque técnicamente ya se puede desindexar. Por otro lado, hay casos como el de Iñaki Urdangarín ¿y si pidiera el derecho al olvido? Siendo un personaje público, ahora muy mediático y de interés social ¿cómo se debería gestionar su caso? ¿Hay que regular cada uno de los casos o como en las situaciones de delitos informáticos, debemos establecer un patrón general con seis acepciones y amparados bajo el Derecho Penal?“

Los letrados Paco Pérez Bes y Pablo Fernández Burgueño, comentaban sobre este debate que “aún es una cuestión sin regular de forma específica y que en muchos casos depende de la buena voluntad de buscadores como Google para desindexar esas informaciones. “Siempre puedes acudir al medio para que retire esa noticia; cuestión que puede hacer si introduce los parámetros txt en un archivo de texto, con esa instrucción  se logra que el buscador no indexe esa información”. Desde su punto de vista el futuro Reglamento Europeo de Proteccion de Datos ya incluirá dos artículos, 17 y 18 sobre este tema aunque de todas formas habrá que ver su posterior desarrollo práctico. “En el propio 18 se habla la posibilidad de exportar los datos de una red social a otra, un tema que al usuario podrá darle mucha fuerza en redes sociales”,insistió.”

 ¿Cuándo quien pide derecho a su olvido es un personaje mediático, público, de interés social, económico o político para un País?

 Puede tener ciertos límites con el derecho a la libertad de expresión y también si puede haber un derecho al recuerdo “es decir, he pedido que borren mis datos pero ahora quiero volver a recuperarlos”.  En un contexto como el que vivimos es fundamental delimitar muy bien el procedimiento de derecho al olvido; “saber exactamente lo que hay que hacer si eres un afectado; qué daños y consecuencias puedes tener de esta mala práctica. De momento aún hay muchas dudas sobre este posible desarrollo de este procedimiento”. Paco Pérez Bes

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Mon, 04/15/2013 - 23:02

El Tribunal Supremo no suspende la fusión de Antena 3 y La Sexta

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de Interconomía S.A. de que suspenda provisionalmente la fusión entre Antena 3 y La Sexta, una medida cautelar que este grupo solicitó dentro del procedimiento abierto por su recurso contra la concentración de las dos cadenas de televisión.

En un auto, el Supremo rechaza la medida cautelar pero también expresa dudas sobre la "viabilidad" jurídica de la fusión entre ambas operadoras de televisión y advierte de "las repercusiones" que un fallo contrario a la concentración supondrá "para la viabilidad empresarial" de la entidad resultante de la integración.

En su relato de hechos el auto recuerda que en enero de 2013 Interconomía acudió al Supremo para que anulara la autorización que el Gobierno concedió a ambos grupos audiovisuales para su concentración dentro de unas determinadas condiciones.

Intereconomía, dentro de ese recurso, solicitaba que en tanto no se resolviera el fondo del asunto el alto tribunal adoptara la suspensión cautelar de la fusión.

En su relato de hechos el Supremo recuerda también que es una fusión por absorción, pues Antena 3 Televisión adquirió el cien por cien del capital social y, por tanto, el control sobre La Sexta.

La Comisión Nacional de la Competencia consideró necesario limitar el margen de actuación de las dos cadenas unidas para evitar que la entidad resultante pudiera condicionar la libertad de los anunciantes en el mercado, recuerda también el Supremo.

Después de este relato, y aunque rechaza suspender cautelarmente, el alto tribunal expresa varias dudas sobre la legalidad del acuerdo del Consejo de Ministros autorizando la fusión.

Así, señala que presenta "a primera vista, inconsistencias e insuficiencias de justificación tales que permiten, razonablemente, poner en duda su viabilidad jurídica".

El Supremo destaca, en todo caso, que no es momento de adelantar su decisión final y añade que las dudas no bastan por sí solas para llevar a la suspensión del acuerdo, porque la ejecución de la integración no implica perjuicios irreversibles para nadie.

Por otra parte, Antena 3 y La Sexta ya han hecho efectiva su fusión, de modo que suspenderla ahora, ante hechos consumados, "supondría", dice el Supremo, "privar de respaldo jurídico a las operaciones mercantiles formalizadas sobre la base del acuerdo impugnado".

Además, adoptar la suspensión cautelar de la fusión implicaría abortar "la propia integración empresarial ya consumada", añade.

No obstante, el Supremo advierte: "Las dos sociedades de cuya concentración se trata, hoy fusionadas en una sola desde el punto de vista mercantil, asumen sin embargo el riesgo -en realidad lo asumieron desde que el acuerdo del Consejo de Ministros fue recurrido- de que dicho acuerdo sea declarado contrario a derecho, con las repercusiones que ello pueda suponer para su viabilidad empresarial".

 

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