• • La Mesa adulteró el sistema de evaluación después de abrir las ofertas.
    • Se modificaron los criterios de valoración en contra de lo establecido en las bases del concurso.
    • Hubo falta de motivación en las valoraciones.
     
    La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado la adjudicación de las licencias de radio FM en Canarias, porque la Mesa de Evaluación añadió sub-criterios de valoración contrarios a la convocatoria y modificó las pautas valorativas de bases del concurso.
    A día de hoy, ya van 9 Sentencias del TSJ (todas de emisoras canarias) que han estimado el recurso contra el Decreto 30/2012, de 4 de abril, por el que se resuelve el concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. Y declaran que se:
    • Anulan los sub-criterios 2, 7 y 12 incluidos por la Mesa de Evaluación en el anexo del acta número 7, de 8 de abril de 2011.
    • Anula la tabla de valoración del criterio 12 y la tabla de valoración del criterio 14 del anexo del acta 7, que también introdujo la Mesa de Valoración de forma indebida.
    • Anula la resolución del Viceconsejero de Comunicación y Relaciones con los Medios de 20 de junio de 2011.
    • Retrotraen las actuaciones al momento anterior al que se produjeron las irregularidades detectadas por el Tribunal.
    Estos fallos son los primeros de más de una treintena de recursos contenciosos-administrativos que se resolverán en las próximas fechas.

    I.- Se modificaron los criterios de valoración tras la apertura de plicas.-
     
    Las Sentencias son bastante contundentes en cuanto a la determinación de las irregularidades que motivan la invalidez de las licencias radiofónicas.
    Así el Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia de 29 de junio justifica que la Mesa modificó de manera sustantiva los criterios de valoración con posterioridad a la apertura del sobre Nº 2. En concreto, señala que el parámetro relativo a los boletines informativos y programas de actualidad establecido en las bases fue modificado por la Mesa de Evaluación al darle otra valoración distinta de la contenida en las bases. Así se menciona en la Sentencia:
     
    (…) El acuerdo controvertido de la mesa, además, no puede considerarse irrelevante. En primer lugar y en el caso de los boletines informativos de ámbito supralocal, porque si bien los criterios 1 y 2 reciben la misma puntuación máxima, resulta que el subcriterio aprobado supone que los boletines informativos de ámbito supralocal que excedan en su duración de 10 minutos pasan a ser valorados sólo por el criterio 2 (boletines informativos + programas de actualidad), excluyendo la posibilidad para los licitadores que presentaron programación por ambos criterios, de obtener puntuación por los boletines informativos de ámbito superior a la localidad de la emisora (45 puntos del criterio 1). En el supuesto de boletines informativos de contenido limitado a la localidad de la emisora (criterio 3), además, se añade que la puntuación máxima que es posible obtener por el criterio 4 es inferior.
    Este “sub-criterio” supone, en consecuencia, la introducción de una especificación ajena a las bases, que de haber sido conocido por los interesados habría influido en la preparación de sus ofertas en aras de obtener la máxima puntuación posible (en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda, de 24 de noviembre de 2005, C-331/2004, y de 24 de enero de 2008, C-532/2006).
    También se opone a los puntos 7 y 12 del anexo:
    Punto 7: “Los programas que sólo son de llamadas de oyentes no se puntúan por ninguno de los criterios”.
    Punto 12: “Los programas de chistes de oyentes no se valoran (tampoco los de horóscopos, ni las llamadas para contar problemas…).

    II.- La alteración de los criterios técnicos después de analizar las ofertas.-
     
    Otra alteración sustancial de las valoraciones fue la que se efectuó en los criterios técnicos. El criterio de valoración número 12 de las bases (Plan de ejecución de obras e instalaciones y plazos de ejecución y puesta en marcha de la emisora) reflejaba una puntuación total de 20 puntos, pero la Mesa de Evaluación dividió esta pauta valorativa en 3 sub-criterios que suman un total de 30 puntos. De este modo la Mesa introdujo un sistema de valoración que vulneró las bases.
    El mismo Fundamento Jurídico Sexto de la Sentencia es igualmente demoledor:
     
    Conforme a la base 13ª, todas las solicitudes se clasifican por orden de mejor a peor “respecto de cada uno de los criterios”, y según este orden de prelación a la mejor oferta se le atribuye la máxima puntuación y a las siguientes su diferencia proporcional con la mejor oferta, de acuerdo con la fórmula que detalla. En cambio, los sub-criterios aprobados, B y C, se apartan del procedimiento de esta valoración. No atribuyen la puntuación máxima prevista en el criterio 12 a la mejor oferta y luego a las demás de manera proporcional, sino que aplican una ponderación entre las puntuaciones parciales, distorsionando el procedimiento.
    También se dice que se valora el plan de ejecución de obras e instalaciones y el plazo de ejecución, lo que perjudica a las emisoras que ya estaban en funcionamiento (…)

    El Fallo también responde a la crítica de la empresa recurrente sobre la transformación del criterio nº 12 en 3 sub-criterios novedosos que hizo la Mesa de Valoración. Y en este sentido
     
    “Juicio diferente nos merece, dentro del apartado C) sobre el plazo de puesta en marcha, que a su vez se subdivide en C.1 Y C.2, la consideración en el primero del «plazo de realización y presentación del proyecto técnico», y en el C.2 «la realización en paralelo del suministro».
    Pues sólo una vez adjudicada una licencia concreta resulta posible desarrollar un proyecto técnico, que de ser aprobado, definirá las características técnicas a las que debe ajustarse la ejecución de las instalaciones y el suministro de materiales. Obras que una vez finalizadas deben ser inspeccionadas para comprobar que se ajustan al proyecto autorizado, permitiendo en ese caso la puesta en funcionamiento de la emisora. No resulta posible, por lo tanto, desarrollar con anterioridad a la adjudicación de una frecuencia determinada, el proyecto técnico, que además las bases no contemplaban, pues la 7ª, apartado A) punto 2, contenido del sobre Nº 2, se refiere al anteproyecto técnico. Y no resultaba lógico a los licitadores plantearse la aportación de un proyecto técnico para su valoración. Por todo ello, tener en consideración y valorar conforme a los sub-criterios aprobados por la mesa C.1 Y C.2, el proyecto técnico, es contrario a las bases.

    Ni siquiera atendiendo al plazo de ejecución e inicio de las emisiones, que sí valoran, resulta aceptable su consideración, puesto que no es conforme a la técnica de desarrollo de este tipo de proyectos proceder a elaborarlo antes de conocer la frecuencia adjudicada.”

    III.- Sobre el incumplimiento de los principios de transparencia e igualdad de trato.-
     
    El Fundamento Jurídico Octavo plasma algunas cuestiones que deben analizar las administraciones en concursos audiovisuales similares.
    En primer lugar, el Tribunal califica el contenido de las actas de las sesiones de la Mesa como “sumamente escueto”.
    En segundo lugar, constan contradicciones en la intervención de los técnicos de telecomunicaciones que realizaron los informes que respaldaron la puntuación de las propuestas tecnológicas (la parte de la oferta que versa sobre la puesta en marcha de la emisora, uso común de infraestructuras de radiocomunicación, menor impacto ambiental, etc…).
    En particular, llama la atención del Tribunal que en un informe técnico se manifieste que “no se valoraron determinadas propuestas por no disponer de su documentación”, sin que se aclare la causa de no haber dispuesto de la documentación en el momento inicial de valoración de los criterios técnicos.
    Es decir, apareció otro informe técnico posterior rectificando la puntuación inicial pese a que no consta en ningún acta de la Mesa que hayan aparecido nuevos documentos.
     
    IV.- Falta de motivación en la adjudicación.-
     
    Por otro lado, el Fundamento Jurídico Noveno de la Sentencia establece que ha existido falta de motivación en la adjudicación. En estos términos lo plasma con respecto a la ausencia de explicación de la valoración de la programación:
     
    Considerando, que en el caso concreto, no puede entenderse correctamente motivada la valoración de las propuestas de emisión y programación por la mera aprobación de criterios interpretativos de las bases y la posterior asignación de puntos, en tanto que las actas nada más añaden, pues se requiere que conste en el expediente administrativo la aplicación de cada uno de los criterios a las propuestas presentadas
    Por último, las Sentencias obligan a la Comunidad Autónoma de Canarias a volver a valorar las ofertas sin tener en cuenta los sub-criterios anulados y a adjudicar de nuevo las licencias radiofónicas con la motivación y explicación debida.
    Las Sentencias del TSJ de Canarias no son firmes y pueden ser recurridas ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo
     
     

    Compartir
  • La Generalitat Valenciana ha adjudicado las concesiones administrativas para la explotación de 3 programas del servicio público de la Televisión Digital Terrestre (TDT) con cobertura local perteneciente a la demarcación Benidorm.
    En concreto, se adjudica la concesión y se transforma en licencia el lote 3 (Canal 27-TL03A) a favor de Editorial Prensa Alicantina, S.A.; Canal 37 Televisión Marina Alta, S.L. y Canal 24 Telecomunicaciones, S.L.
    Los licitadores del lote adjudicado han acreditado ante el órgano competente para su tramitación la documentación preceptiva prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, de conformidad con la decisión elevada por la Mesa de Contratación.
    Asimismo, las empresas reúnen los requisitos establecidos en la Ley General de la Comunicación Audiovisual para ser titulares de una licencia de comunicación audiovisual.
     

    Compartir
  • Hoy se ha aprobado por la Generalitat Valenciana la renuncia a adjudicar las licencias de radio FM en la Comunitat Valenciana.

    El Consell ha aprobado renunciar a la adjudicación de 31 licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de carácter comercial en la Comunitat Valenciana, convocadas por resolución de 9 de noviembre de 2011.

    El pasado 23 de mayo, la Secretaría Autonómica de Comunicación, órgano competente en la materia, emitió un informe sobre la concurrencia de razones de interés público que justifican la renuncia a la concesión de las licencias convocadas.

    Asimismo, la mesa de licitación, reunida en las sesiones de 24 de mayo y 1 de junio, puso de manifiesto que la insuficiente motivación de los informes técnicos de valoración que se encuentran en el expediente hace imposible formular en la actualidad una propuesta de adjudicación debidamente motivada.

    Compartir
  • El Tribunal Supremo, por medio de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso judicial interpuesto por el Gobierno de Canarias contra el Plan Técnico Nacional de la TDT.
     
    El anterior ejecutivo presidido por Paulino Rivero dió orden de impugnar el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.
     
    Los Servicios Jurídicos de la Viceconsejería de Comunicación solicitaban, en 2014, la anulación del Real Decreto por considerar "defectuoso" el cumplimiento del trámite de audiencia en el procedimiento de elaboración de la disposición reglamentaria, así como por la "ausencia" de facultades del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI), que ha quedado vacío de funciones al haber sido derogada la Ley 2/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.
     
    Asi mismo interesaron la anulación del Plan Técnico Nacional de la TDT por el "incumplimiento" del artículo 2 del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, que regula la memoria del análisis del impacto normativo, así como por la "colisión" de títulos competenciales propios del Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias en comunicación audiovisual; o por la omisión en la organización del Plan Nacional de Telecomunicaciones de la previsión específica formulada para Canarias por la Ley 7/2010, de 31 de marzo, de comunicación audiovisual, entre otros.
     
    El Fallo del Tribunal Supremo es demoledor y considera el planteamiento del Gobierno de Canarias "artificioso y carente de consistencia". ​El Alto Tribunal llega a esta conclusión ya que la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, en su disposición adicional quinta, establece expresamente que el informe emitido por el CATSI equivale a la audiencia a que se refiere el artículo 24.1.c de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, por lo que subraya que "no puede sostenerse que tras la derogación de la Ley 2/2003 el referido Consejo Asesor haya quedado carente de funciones".
     
    La Sentencia también recoge que la Comunidad Autónoma de Canarias "está debidamente" representada en la Comisión Permanente del CATSI, que es el órgano que tiene atribuida la función de deliberación de proyectos normativos, representación que "fue efectivamente ejercida" como, señala, recoge el acta de la sesión de la Comisión Permanente celebrada el 24 de julio de 2014, entre otras cuestiones.

    Compartir
  • Según un documento encargado por la Generalitat al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el presupuesto para un modelo "sostenible" de radiotelevisión pública valenciana "no debería superar los 51 millones de euros al año".

    Esta cantidad se basa en el análisis de los costes medios por habitante de los sistemas autonómicos más económicos, a que se "debe tener presente el estado de las finanzas valencianas".

    Según el Ivie, el impacto del sistema sobre la economía de la región alcanzaría los "46 millones en el PIB y la creación de 1.275 empleos directos, indirectos e inducidos".

    Compartir
  • El género estrella de la televisión en términos de audiencia es el deporte. Entre lo más visto de la temporada, copado por los partidos de Champions y algún encuentro del Eurobasket, se unirán el próximo mes de junio los partidos de la selección española en la Eurocopa 2016, cuyos derechos ha comprado Mediaset.

    “La clave para obtener rentabilidad en estas competiciones es el precio de adquisición”, ha asegurado Javier Uría, director financiero de Mediaset España.

    En 2015, la Vuelta ciclista España cosechó en TVE una cuota de pantalla del 11,7% y 1,3 millones de espectadores. Por su parte, la F1 consiguió esta temporada un share del 16,6% y 1,9 millones de seguidores.

    Compartir
  • Los presidentes del Gobierno valenciano y catalán, Ximo Puig y Carles Puigdemont, respectivamente, han acordado la reciprocidad de las emisiones de TV3 y la nueva televisión valenciana, que volverá a recuperar la señal el próximo mes de noviembre.

    Dicha alianza permitirá que TV3 vuelva a los canales de la TDT de los hogares valencianos cinco años después.

    Con la reapertura de Canal 9, a finales de año se hará efectiva la reciprocidad entre ambas televisiones, para lo que el Ejecutivo valenciano ha habilitado 15 millones de euros para la contratación de los contenidos audiovisuales.

    Compartir
  •  

    La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha solicitado a Onda Cero y a la COPE el cese de emisión de publicidad de bebidas alcohólicas cuando sea posible que fomenten el consumo inmoderado o comportamientos nocivos para la salud.

    Según la CNMC, ambas compañías tienen diez días para cesar la emisión de comunicaciones comerciales de bebidas alcohólicas que no respeten las limitaciones fijadas en la Ley General de la Comunicación. En ambas cadenas, la publicidad de este tipo de bebidas se emite especialmente en las retransmisiones de los partidos de fútbol.

    Compartir
  •  

    La Junta de Andalucía se está interesando más en la necesidad de regular el vacío legal que hay en las emisioras (radio y TV) sin animo de lucro. Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta y Consejero de la Presidencia y Administración Local, ha anunciado que han recibido un total de 77 peticiones de licencias para emisoras comunitarias sin ánimo de lucro. De ellas, diez las han recibido en la actual legislatura y para prestar servicios audiovisuales comunitarios sin ánimo de lucro de carácter radiofónico. Además, varias entidades han mostrado interés en lanzar un canal de televisión comunitario sin ánimo de lucro.

    Compartir
  • Según un documento encargado por la Generalitat al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el presupuesto para un modelo "sostenible" de radiotelevisión pública valenciana "no debería superar los 51 millones de euros al año".

    Esta cantidad se basa en el análisis de los costes medios por habitante de los sistemas autonómicos más económicos, a que se "debe tener presente el estado de las finanzas valencianas".

    Según el Ivie, el impacto del sistema sobre la economía de la región alcanzaría los "46 millones en el PIB y la creación de 1.275 empleos directos, indirectos e inducidos".

     

    Compartir
  • Los Portales de Transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Cantabria, Cataluña y Madrid han entrado hoy en funcionamiento en la página web www.poderjudicial.es, con lo que los TSJ de las diecisiete Comunidades Autónomas se han sumado ya a la política de transparencia, según ha informado el CGPJ.

    Los Portales de Transparencia de estos Tribunales Superiores permitirán que, por primera vez, los ciudadanos y los profesionales de la Justicia de estas Comunidades Autónomas puedan acceder a contenidos como las normas de reparto de cada órgano judicial y los órdenes del día y acuerdos de las Salas de Gobierno.

    Quienes accedan a ellos –a través del Portal de Transparencia del CGPJ o desde la pestaña que cada Tribunal Superior tiene en la web- podrán consultar también otros documentos relevantes e información de utilidad pública.

    La agenda institucional y del presidente del TSJ, el directorio de órganos judiciales y de la Fiscalía de cada territorio, las Memorias, los protocolos y convenios también tendrán presencia en los Portales, que informarán asimismo de la gestión del presupuesto para actos protocolarios de que dispone cada Tribunal Superior.

    Los órganos centrales también tendrán Portal de Transparencia

    La puesta en marcha de los Portales de Transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia se inició el pasado 23 de noviembre, con la entrada en funcionamiento como “proyectos piloto” de los de Illes Balears y Murcia.

    El pasado 1 de febrero activaron sus Portales los TSJ de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y la Comunidad Valenciana; a los que el día 24 de ese mismo mes se sumaron los Tribunales Superiores de Aragón, Asturias, Navarra y La Rioja. El pasado 1 de abril, entraron en funcionamiento los de Canarias, Extremadura, Galicia y el País Vasco.

    El proceso culminará en los próximos meses con la puesta en marcha de los Portales de Transparencia de los órganos centrales: Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.

    Compartir
  • Desde Díez y Romeo se están analizando los aspectos legales más relevantes de los drones y el sector pide cada vez más una regulación definitiva que dote de seguridad jurídica plena a los operadores.

    Sin embargo, a día de hoy todavía nos encontramos bajo el régimen temporal para las operaciones con aeronaves pilotadas por control remoto (Drones), a pesar de haber transcurrido casi 2 años desde la entrada en vigor de dicha normativa.

    I.- La normativa actual.-

    El Consejo de Ministros del 4 de julio de 2014 aprobó el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Y en la sección 6ª se recogía el régimen temporal para los Drones de peso inferior a los 150 kg al despegue, en el que se establecen las condiciones de explotación para la realización de trabajos técnicos y científicos.

    Posteriormente, dicha normativa ha sido tramitada como ley, proceso que ha culminado el pasado 17 de octubre de 2014 con la publicación en el BOE de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

    Este reglamento temporal contempla los distintos escenarios en los que se podrán realizar los distintos trabajos aéreos y en función del peso del Dron. Y es completado con el régimen general de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, definiendo las condiciones de operación, además de otras obligaciones.

    No obstante, la falta de un desarrollo reglamentario definitivo sitúa a los operadores en una situación de incertidumbre que impide su desarrollo. Los abogados de Díez & Romeo, en su labor de asesoría al sector, aprecian como nuevamente un sector tecnológicamente puntero y emergente parece frenado por una legislación final que, a pesar de ser anunciada, no termina de promulgarse.

    Aunque desde varios sectores implicados se esté esperando la nueva normativa, lo cierto es que su tramitación requiere de varias fases que han de concluir hasta su publicación.

    La directora de AESA, Isabel Maestre anunció en la feria de Expodrónica, en Zaragoza, que desde la Agencia se habían iniciado los trámites para un nuevo y definitivo planteamiento normativo sobre el uso de Drones.

    II.- Modificaciones sustanciales de la nueva normativa de Drones.-

    La directora de AESA, Isabel Maestre informó en la feria de Expodrónica, (Zaragoza, septiembre 2015), que desde la Agencia se habían iniciado los trámites para un nuevo y definitivo planteamiento normativo sobre el uso de Drones.

    La propuesta de AESA integra, entre otras, las siguientes modificaciones:

    •Se posibilita volar en aglomeraciones de edificios en ciudades. Será posible volar en zonas urbanas (ahora prohibido) siempre que se cumplan las siguientes circunstancias:
         • Las operaciones han de hacerse con drones de menos de 10Kg.
         • Sólo para vuelos a un máximo de 100 metros de distancia y 120 metros (400 pies) de altura.
         • Solicitar permiso a la Delegación del Gobierno geográficamente competente.
         • Aportar un estudio aeronáutico que atenúe el riesgo añadido de volar en zonas urbanas.

    •Se puede autorizar volar en espacio aéreo controlado. Los vuelos en espacio aéreo controlado también requerirán de un estudio aeronáutico que atenúe el nuevo riesgo añadido. AESA mantendrá un control férreo sobre estos vuelos y a la Agencia deberá dirigirse el mencionado estudio.

    •Se flexibiliza volar sin tener contacto visual con el dron (BVLOS). Con la legislación actual tan solo los drones de hasta 2 Kg pueden volar fuera de la línea de vista del piloto. La nueva normativa permitirá que las aeronaves de 2 a 5 Kg lo puedan hacer. Queda prohibido superar los 5 Kg de masa máxima al despegue.

    Pero estas modificaciones tan solo verán la luz cuando culmine la hoja de ruta trazada que a continuación de plasma.

    III.- La hoja de ruta de la nueva normativa de Drones

    Para que la nueva normativa sobre Drones se promulgue definitivamente es necesario efectuar las siguientes fases que, ante la falta de Gobierno, pueden dilatarse algo más de lo previsto.

    En Díez y Romeo hemos glosado las fases en 7 apartados que han de llevarse a cabo.

    1.- Elaboración de la propuesta de nuevo texto normativo por los técnicos de AESA. El pasado septiembre de 2015, la Directora de AESA informó que el trámite había sido cumplimentado por su departamento para su remisión a los organismos competentes.

    2.- Remisión de la propuesta al Ministerio de Fomento para su análisis, estudio y aprobación. AESA remite al Ministerio de Fomento la propuesta de texto normativo para que la Abogacía del Estado realice los informes correspondientes en cuanto a la viabilidad de la futura normativa.

    3.- Aportación de observaciones de otros departamentos ministeriales. Se da trámite a los Ministerios de Industria, Interior, etc…, así como a los organismos públicos que pudieran verse afectados competencialmente para formular manifestaciones al respecto sobre la nueva legislación.

    4.- Informe del Consejo de Estado. Un vez tenga la condición de anteproyecto de Ley, se remite al Consejo de Estado para que informe sobre su adecuación a derecho. El Consejo de Estado puede dar trámite a las entidades del sector para que formulen las alegaciones que consideren oportunas.

    5.- Aprobación del Consejo de Ministros. Tras el informe del Consejo de Estado, que no es vinculante, el Consejo de Ministros aprobará el anteproyecto para su posterior elevación a las Cortes Generales como proyecto de Ley.

    6.-  Aprobación del proyecto de Ley en Cortes. Las CCGG deberán aprobar el proyecto de Ley, y una vez se hayan pronunciado ambas cámaras se envía al Consejo de Ministros para su promulgación final.

    7.- Promulgación del Consejo de Ministros y publicación en el BOE. Una vez que el Consejo de Ministros de luz verde, se publica en el BOE y desde ese momento entra vigor la nueva ley.

    Compartir
  • Después del cierre de Canal 9 muchas han sido las voces que han pedido la vuelta y parece que cada día esta idea está más cerca. El 9 de mayo, la Comisión de Radio y Televisió Valenciana de las Corts Valencianes han puesto la primera piedra para recuperar la televisión autonómica de la Comunidad de Valencia. Este paso se ha corroborado con la aprobación de la proposición de ley y tendrá que ser debatida y corroborada por el parlamento en pleno.

    Tanto Partido Socialista como Compromís y Podemos se han mostrado a favor de que la RTVV regrese a finales de este año 2016. Además, ambas formaciones pretenden que los antiguos trabajadores de Canal 9 tengan preferencia a la hora de formar parte de la nueva Radio Televisión Valenciana. Mientras tanto, esta nueva ley se ha aprobado con los votos de Compromís y PSOE, con el voto en contra del Partido Popular y con la abstención de Ciudadanos.

    ¿Cómo sería la nueva Radio Televisión Valenciana?

    Tal y como está previsto, la nueva RTTV estaría formada por un órgano administrativo de gobierno de la Corporación que dependerá del Consejo Rector que estará formado por diez miembros que permanecerán seis años en el puesto –tal y como sucede con la nueva ley de Telemadrid-. Cinco de esos miembros, estarían elegidos por las Corts, uno por el Consejo de la Ciudadanía, dos por el Consejo de Audiovisual, uno por los trabajadores y el presidente.

    Además, está previsto que se constituya un Consejo de Ciudadanía, órgano asesor en materia de programación y de contenidos, integrado por 13 miembros, seleccionados por un proceso público y abierto. El objetivo es que a finales de 2016, justo cuando se cumplirían tres años del cierre de Canal 9, la Radio Televisión Valenciana vuelva a estar en emisión.

    Compartir
  • Una nueva guerra se libra en las ondas, los movimientos son sigilosos y los tanteos se están produciendo a varias bandas. Los 12 postes propios con los que cuenta Radio Marca tienen todas las papeletas para convertirse en el nuevo caballo de batalla entre las tres grandes emisoras generalistas. Desde prnoticias se informe que no sólo la Cadena COPE está más que interesada en su alquiler y en los últimos días tanto la Cadena SER como Onda Cero habrían entrado de lleno en estas negociaciones. El primer paso que lo evidencia es que ya han comenzado a tantear a Unidad Editorial para conocer el precio de este alquiler.

    La cuestión es que ni la SER ni Onda Cero necesitan como en el evidente caso de la COPE ampliar o multiplicar su cobertura en ciertas zonas, pero saben que ponerle en bandeja a la COPE estos postes puede terminar teniendo consecuencias negativas para la audiencia de sus programas deportivos. Recordemos que Radio Marca cuenta con 452.000 oyentes de media según el último EGM conocido en abril y que se trata de una emisora temática deportiva con la que ya están familiarizados los oyentes para el seguimiento del deporte.

    Es por ello que el alquiler de estos postes de Radio Marca podría ayudar mucho a la COPE y primordialmente a sus espacios deportivos: Tiempo de Juego y El Partido de las 12. Con este movimiento el objetivo de alcanzar a los deportes de la SER podría estar más cerca tras casi seis años de persecución sin el éxito esperado. Desde Gran Vía 32 ‘temen’ este posible acercamiento a Carrusel Deportivo y El Larguero (probablemente ya sin José Ramón de la Morena desde julio) y desde Onda Cero tampoco están dispuestos a dejar escapar esta oportunidad de poder crecer con Radioestadio y Al Primer Toque y no perder así de vista a sus principales rivales.

    Con este panorama desde Unidad Editorial se frotan las manos. Como se contaba en prnoticias hace un par de semanas el Grupo presidido por Antonio Fernández Galiano hace meses que negocia con la COPE este alquiler, un acuerdo que estaría más cerca tras el ERE presentado por Unidad Editorial y que provocará el despido de 19 de los 30 trabajadores de la emisora. En la práctica se trata de un cierre encubierto, puesto que resulta imposible que Radio Marca siga adelante con tan sólo 11 profesionales y un solo técnico.

    El interés en el alquiler de las frecuencias de Radio Marca por parte de la Cadena SER y Onda Cero hará sin duda subir los montantes económicos por los cuáles estaba negociando la Cadena COPE, lo cual beneficia a Unidad Editorial en su estrategia de sacar la máxima rentabilidad a estos postes. Este alquiler unido a la más que inevitable –salvo sorpresa- marcha de José Ramón de la Morena de la SER a Onda Cero podría dar un vuelco muy grande a la batalla radiofónica deportiva de cara a la próxima temporada.

    Compartir
  • Las pautas, aprobadas por unanimidad el pasado 20 de abril, se enmarcan en las novedades que se introducen en la casación tras la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) , en cuyo artículo 87 se faculta al alto tribunal determinar "la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición a los recursos de casación".

    La extensión aprobada, según el acuerdo de la Sala de Gobierno, incluye las notas a pie de página, esquemas o gráficos que pudieran incorporarse , y obliga a utilizar como fuente 'times new roman' con un tamaño de 12 puntos de texto y de 10 puntos en las notas de pie de página. También fijan los espacios de interlineado y márgenes de los escritos, así como la forma de numerar los papeles.

    Fuentes del alto tribunal han explicado este jueves que el contenido del acuerdo se adoptó tras celebrarse diversas reuniones con representantes del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) cuya presidenta, Victoria Ortega, mostró su conformidad con el contenido.

    Novedad en el ordenamiento

    El acuerdo de la Sala de Gobierno del Supremo señala que el establecimiento de estas instrucciones constituye una novedad en nuestro ordenamiento, si bien no es desconocida en otros tribunales de nuestro entorno como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que disponen de normas que regulan de forma muy detallada la extensión máxima, el formativo y estructura de los escritos que se presentan ante los mismos.

    Aunque la Ley únicamente menciona los escritos de interposición y oposición al recurso de casación, el acuerdo incluye también, "a modo de recomendación", otras pautas referidas a otros escritos que pueden presentarse, como es el de preparación que los abogados deben anunciar ante el tribunal que impuso la sentencia que quieren impugnar. Estos no deberán sobrepasar los 15 folios.

    Lo justifica en el "previsible aumento del número de recursos que se presentarán por esta vía" ante la Sala Tercera, que a juicio de los magistrados de la Sala de Gobierno "exigierá un notable esfuerzo por su parte y la imprescindible colaboración de los profesionales que acudan a este tribunal".

    Discrepancias

    Durante el debate de este asunto, algunos magistrados como Margarita Robles presentaron algunos 'peros' al acuerdo, tras recordar que la reforma legal señala al Supremo la posibilidad de imponer estas normas, pero en ningún caso la impone como obligación. Robles las considera prematuras sin antes comprobar el desarrollo del nuevo marco de la casación.

    Tampoco considera esta magistrada que la nueva regulación de la casación vaya a exigir un notable esfuerzo por parte del Supremo, y que en todo caso la reforma no debe comportar una posible restricción de las alegaciones de los abogados. Se pregunta también cuál serán las consecuencias del incumplimiento de estas normas.

    Para la magistrada, que puso sus discrepancias por escrito, si a consecuencia de la nueva norma el legislador ha querido que se incremente el trabajo de los magistrados del supremo "deberemos estar a la altura de las circunstancias, sin imponer limitaciones que ni áun desde una apariencia meramente objetiva, puedan considerarse limitaciones al derecho de defensa".

    Compartir