• La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, en su decisión de 1 de marzo de 2017, ha acordado ampliar el plazo inicial para resolver el concurso público de licencias de TDTL. Con esta nueva actuación se aplaza la resolución del concurso por 6 meses más de los inicialmente concedidos por las bases reguladoras del procedimiento. Esto ha sido publicado por el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 42, de 3 de marzo de 2017.
     
    La resolución se ha adoptado tras los numerosos requerimientos para subsanar documentación del sobre nº 1.  En concreto han notificado solicitudes de subsanación a 39 licitadores, lo que hizo que la Mesa de Valoración suspendiera el plazo para resolver desde el 5 de diciembre (fecha del envío de las notificaciones) hasta el 29 de diciembre de 2016 (fecha de recepción de la última subsanación).
     
    Este retraso en la resolución de las subsanaciones es uno de los motivos para la prórroga en 6 meses más la adjudicación de las licencias TDTL.
     
    La Memoria del Director General de Comunicación Social, que es también el Presidente de la Mesa de Valoración, justificó las razones para ampliar el plazo de resolución. Todas las CCAA que han retrasado la adjudicación de licencias se ha basado en:

    • El gran número de solicitudes que tienen que ser valoradas en el tiempo que resta para la finalización del plazo inicial (6 meses).
    • la imposibilidad de acudir a medidas adicionales como la habilitación de medios personales y materiales en tan escaso margen.

     
    Desde la perspectiva jurídica, la Junta de Andalucía, se encuentra facultada para realizar esta prórroga siempre y cuando el volumen de solicitudes pueda generar dificultades en incumplir el plazo fijado inicialmente. Eso sí, la prórroga debe de estar suficientemente motivada en derecho. De este modo se satisfacen los requisitos del artículo 42.6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
     
    Este tipo de medidas no suponen ninguna novedad ya que la mayoría de las CCAA han ampliado el plazo para resolver las concesiones por la misma motivación: la ingente cantidad de proyectos presentados para un número limitado de licencias.
     
    Muestra de ello son los más de 4 años que llevan esperando los licitadores en la Región de Murcia para que se decidan los concursos convocados en el 2013, el mismo tiempo aproximado que tardaron en resolver recientemente en Valencia, con una renuncia a la adjudicación de la FM. Ya entrando en los precedentes de concursos convocados con la nueva Ley Audiovisual, como es el caso de Andalucía, también se han dado supuestos de uso de prórrogas. Así Valencia y Canarias solicitaron dos ampliaciones de plazo para resolver su proceso de licitación de licencias FM.
     
    Hay varios inconvenientes en las ampliaciones del plazo para resolver: los avales van generando gastos no previstos por los licitadores y ello ha provocado que, en no pocas ocasiones, se retiren del concurso por desgaste.
     
    Así, el plazo para resolver queda fijado para el próximo 9 de agosto de 2017, teniendo en cuenta que entendiendo que el plazo de los 12 meses (6 meses iniciales + 6 de ampliación) comienza a contar desde el día de la publicación de las bases (9 de agosto de 2016).
     
    Tras esta decisión de la Consejería de Presidencia de la Junta, todo indica que las licencias de comunicación audiovisual televisiva (TDTL) podrían estar dadas antes del próximo mes de julio o agosto de 2017.

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  • Tras más de 10 años desde la ultima regulacion audiovisual valenciana (Ley 1/2006 del Sector Audiovisual), el Consell ha aprobado el Decreto por el que se regula los Servicios y el Registro de Prestadores de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana. 

    El profundo cambio normativo que supuso la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual obligaba a una revisión completa de las normas reglamentarias actualmente vigentes, tanto del Decreto 212/2009 del Consell, por el que se regula el Registro de Concesionarios de Radio y Televisión de la Comunitat Valenciana, como del Decreto 38/1998 del Gobierno Valenciano, por el que se establece el régimen de concesión de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y de inscripción de las mismas en el Registro de Concesionarios. 

    Por otra parte, frente a la regulación sobre el régimen concesional de la radiodifusión, no existía regulación específica en el ámbito de la televisión digital terrestre, ni tampoco sobre las nuevas formas de prestación de los servicios de comunicación audiovisual, o los prestadores sin ánimo de lucro. 

    Por ello, dado que esta regulación autonómica se articula sobre un marco jurídico y un modelo audiovisual ya obsoleto y que las nuevas necesidades detectadas aconsejan elaborar una norma que regule de manera unitaria el régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual en la Comunitat Valenciana, este nuevo decreto actualiza y unifica la normativa audiovisual en materia de servicios de comunicación audiovisual. 

    Objeto y ámbito de aplicación 

    Este decreto tiene por objeto regular el ejercicio de las competencias que como autoridad audiovisual corresponden a la Generalitat en relación con la prestación de los servicios de comunicación audiovisual en su ámbito territorial. 

    En concreto, regulará el régimen jurídico de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual comerciales de titularidad privada; el régimen jurídico específico de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro; el régimen aplicable a los servicios públicos de comunicación audiovisual; el desarrollo del régimen de inspección de los servicios de comunicación audiovisual y del ejercicio de la potestad sancionadora, así como la creación del Registro Autonómico de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana y la regulación de su organización y funcionamiento. 

    Este decreto es de aplicación a los servicios de comunicación audiovisual comerciales, comunitarios sin ánimo de lucro y públicos, cuyo ámbito de cobertura no exceda al de la Comunitat Valenciana. 

    También les será de aplicación a aquellas entidades prestadoras de servicios de comunicación audiovisual cuyo centro de producción y difusión principal esté situado en la Comunitat y se emitan en valenciano o se dirijan, fundamentalmente, a las ciudadanas y ciudadanos de la Comunitat Valenciana. 

    Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este decreto las redes y servicios de comunicaciones electrónicas utilizados para el transporte y difusión de la señal de los servicios de comunicación audiovisual, sus recursos asociados y los equipos técnicos necesarios para la recepción de la comunicación audiovisual. 

    Del mismo modo, no será de aplicación para las personas físicas o jurídicas que únicamente difundan o transporten la señal de programas audiovisual cuya responsabilidad editorial corresponda a terceros; las comunicaciones audiovisuales sin carácter económico, a excepción de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, y los servicios que no constituyan medios de comunicación de masas, y los sitios web de titularidad privada y los que tengan por objeto contenido audiovisual generado por usuarios privados. 

    Prestación de los servicios de comunicación audiovisual de titularidad privada 

    Este decreto también regula las condiciones para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual de titularidad privada. 

    De acuerdo con el actual marco normativo, esta prestación está sujeta a una comunicación fehaciente y previa al inicio de la actividad ante el órgano competente en materia de comunicación audiovisual de la Generalitat, salvo en aquellos casos en los que el servicio de comunicación audiovisual se preste mediante ondas hertzianas terrestres, en cuyo caso, estará sujeta a la obtención de una licencia otorgada mediante concurso. 

    Además, se regula tanto el procedimiento de comunicación previa como el del concurso, así como los aspectos esenciales de las licencias y su vigencia, contenido, obligaciones de los titulares o la posibilidad de celebrar negocios jurídicos sobre las mismas. 

    Igualmente, este decreto recoge la regulación en la Comunitat Valenciana de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios concebidos únicamente sin finalidad comercial, cuya puesta en marcha está supeditada a la existencia de frecuencias disponibles en la Comunitat Valenciana o a la previa habilitación, por el órgano competente de la Administración General del Estado, de frecuencias específicas del dominio público radioeléctrico. 

    Servicios públicos de comunicación audiovisual 

    Por otro lado, este decreto regula los servicios públicos de comunicación audiovisual de ámbito autonómico y, en especial, los de ámbito local. 

    Así, prevé, dado que la creación de servicios de titularidad pública no está sujeto a un régimen de licencia, un procedimiento de habilitación por parte de la autoridad audiovisual para la puesta en marcha de los mismos, regulando asimismo, aspectos como el control de la prestación, las formas de gestión de los servicios o las obligaciones de los prestadores públicos. 

    Esta norma también desarrolla algunas especificidades en cuanto al régimen sancionador contenido tanto en la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual como en la Ley 1/2006 del Sector Audiovisual, de la Generalitat. En este sentido, se hacía preciso completar las normas relativas a la instrucción del procedimiento. 

    Para ello, se regula el ejercicio de la función inspectora, así como las competencias sancionadoras y la necesaria protección del dominio público radioeléctrico, en los casos de emisiones sin título habilitante, en colaboración con el órgano competente de la Administración General del Estado. 

    Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual 

    Por último, se crea y regula el Registro de Prestadores de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Comunitat Valenciana. 

    En él deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas prestadoras de los servicios de comunicación audiovisual incluidos en el ámbito de aplicación de este decreto, que hayan realizado una comunicación previa, hayan obtenido una licencia, o la habilitación prevista, así como las personas físicas o jurídicas que sean titulares de participaciones significativas en las entidades prestadoras de servicios de comunicación, debiendo hacer constar su porcentaje de participación en el capital de las mismas. 

    En el registro figurarán además cuantos hechos, negocios jurídicos y circunstancias técnicas que afecten a los titulares de los servicios y al servicio, así como sus modificaciones.

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  • En el concurso de la TDT Local de Andalucía 71 licitadores han presentado un total de 190 ofertas para acceder a 111 licencias. Así lo ha manifestado Manuel Jiménez Barrios, Vicepresidente de la Junta y Consejero de la Presidencia. También se prevé que el concurso se resuelva en marzo de 2017.
     
    Causas del nuevo concurso de 2016
    El concurso de convoco en agosto de este año tras la anulación de 79 licencias de TDT en las 62 demarcaciones en las que se estructura Andalucía. Las sentencias anulatorias fueron obtenidas, en su mayoría, por televisiones locales andaluzas de proximidad que no fueron adjudicatarias en el anterior reparto efectuado en 2008. En concreto, el cuestionamiento de la adjudicación de 2008 se centró en la acumulación de licencias en manos de pocas empresas. Ello origino una profunda crisis en el sector de las televisiones locales de proximidad puesto que, al carecer de licencia, tuvieron que cesar en su actividad y despedir a todos sus trabajadores. Algunas de las televisiones que recurrieron (y ganaron) y que siguieron emitiendo fueron duramente sancionadas.
    No obstante, las sentencias que ganaron las televisiones locales de proximidad fundamentaron la ilegalidad del concurso de 2008 en la anulación parcial de las bases y del Decreto 1/2006 que regula el régimen de TV Local en Andalucía.
     
    Nuevo concurso: 44 demarcaciones: 111 licencias.
    En el concurso público convocado en agosto, han salido a licitación un total de 111 licencias de TDT (79 licencias anuladas judicialmente + 32 que habían quedado desiertas en el reparto de 2008) en 44 demarcaciones.
    Las 79 licencias se dividen así:

    • Almería: 15 licencias
    • Cádiz: 15 licencias
    • Granada: 15 licencias
    • Córdoba: 19 licencias
    • Huelva: 7 licencias
    • Jaén: 8 licencias
    • Málaga: 16 licencias
    • Sevilla: 16 licencias.

     
    Los licitadores que se han presentado
    Con respecto al número de licitadores presentados en cada demarcación, tenemos los siguientes datos:

    • En 30 demarcaciones, se han presentados más solicitudes que nº de licencias ofertadas.
    • En 9 demarcaciones, se han presentado el mismo número de candidaturas o menos de las licencias TDT disponibles.
    • En 3 demarcaciones -Loja, Linares y Villacarrillo- no se ha presentado ninguna empresa, permaneciendo desiertas.
    • De los 71 licitadores, 9 de ellos han presentado más de 5 solicitudes.

     
    Los pasos a dar.
    Actualmente, se está llevando a cabo el análisis del contenido del sobre Nº 1 (documentación administrativa) que se terminará a finales de diciembre. Así, tras la calificación por la Mesa de Valoración, de los 71 licitadores presentados, 32 han presentado la documentación de forma correcta, y 39 de ellos tienen que subsanar defectos u omisiones.
    En relación a la valoración de los proyectos audiovisuales de los admitidos (segunda fase), se procederá por la Mesa a la apertura del sobre y a la  valoración de los compromisos, para finalmente elevar la propuesta de resolución al Consejo de Gobierno. Dado que el plazo máximo establecido para la resolución del concurso es de 6 meses, se prevé que esta segunda fase pudiera culminarse en torno al mes de marzo de 2017.
    Este plazo se podría dilatar más en función de distintas variables como las propias subsanaciones, valoración de los proyectos, recursos, dilación en los plazos de notificaciones.
    Una vez finalizado el concurso, los adjudicatarios deberán iniciar las emisiones en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de publicación del acuerdo de resolución por el Consejo de Gobierno.

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  • Desde DIEZ Y ROMEO se siguen obteniendo resultados exitosos contra los procesos sancionadores defectuosamente instruidos.
     
    El pasado mes de noviembre de 2016 se ha dictaron 4 Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anulaban 5 sanciones de 100.000 € cada una y 4 precintos a 4 emisoras de radio FM por emitir sin licencia. El Gobierno de Canarias acusaba a las emisoras de estar funcionando careciendo de la preceptiva licencia audiovisual.
     
    Los hechos se remontan a los expedientes sancionadores abiertos en 2014. Aquél año el Gobierno de Canarias quiso hacer valer su capacidad para proteger la adjudicación de licencias FM realizada en 2012. A través del RECMER se comenzaron a realizar mediciones para detectar qué frecuencias eran legales y cuáles no. También se habilitaron a varios ingenieros para levantar actas a las radios que consideraban ilegales.
     
    Así se abrieron varios expedientes sancionadores a unas cuantas emisoras canarias y, tras su tramitación, en todos se acordó sancionar con multas de 100.000 €, cese de emisiones y precinto de las instalaciones.
    En concreto las emisoras sancionadas fueron 2 en Tenerife, 1 en Fuerteventura (con 200.000 €) y 1 en Lanzarote.
     
    Ante ello, desde DIEZ Y ROMEO se asesoró a las distintas emisoras acudir a la vía judicial, hecho que se llevó a la práctica con la interposición de 4 recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En concreto ante la Sala de lo Contencioso-administrativo, atribuyéndose el estudio de los distintos pleitos a los Magistrados designados.  
     
    Los argumentos de la batalla judicial radicaban, entre otros, por la emisora de radio en:
    • Retraso en tramitar y resolver el expediente
    • Falta de prueba de la infracción
    • Ausencia de motivación
    • Infracción de principio de confianza legítima
     
    Por parte de la administración, entre otros, esgrimió los siguientes razonamientos:

    • Presunción de veracidad de lo actuado por funcionarios públicos
    • Presunción de certeza de las actas de la Administración
    • Proporcionalidad de las sanciones impuestas.
     
    Tras los diferentes trámites procedimentales, las 4 emisoras, representadas por DIEZ Y ROMEO terminaron imponiéndose a la administración ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJ de Canarias. Los 4 fallos han estimado las demandas y, en consecuencia, han anulado todas las multas y precintos que en su día impuso la Administración por aquellas emisiones sin licencia.
     
    Con este fallo, los letrados de DIEZ Y ROMEO, en defensa de las Radio FM, han logrado anular las multas por un total de 500.000 € y el cierre de las 4 emisoras  protegiendo sus emisiones y manteniendo su actividad radiodifusora desde sus instalaciones.
     
    También quedó en evidencia la gestión de la potestad sancionadora del Gobierno de Canarias en 2014 que ha visto recientemente anulado el reparto de licencias FM por más de 13 Sentencias obtenidos por DIEZ Y ROMEO.
     
    El resultado obtenido para el cliente de DIEZ Y ROMEO ha sido inestimable y confirma una vez más la necesidad de contar con una defensa legal especializada en el ámbito audiovisual y telecomunicaciones que pueda detectar y neutralizar posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes sancionadores.
     
    De este modo, los argumentos jurídicos de DIEZ Y ROMEO evitaron que los 500.000 € se ejecutaran en forma de embargos sobre el patrimonio de la emisora de radio recurrente

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  • Ya se conoce el listado de los licitadores que se han presentado al concurso de licencias TDT de Andalucía.

    Se puede encontrar en el siguiente link Listado licitadores TDT Andalucía 2016

    Por otro lado, también se ha dado a conocer las personas que componen la Mesa de Valoración del Concurso :

    •  Presidente: D. Eugenio Cosgaya Herrero.

    •  Vocales: D. Ernesto Mostaza Aonso (DGCS), D. Pedro Espina Martínez (DGCS), D. David Fernández Cabeza (DGCS), D. Gerardo Amigo de la Haza (SGT) , Dª. Carmen Soro Cañas (Interv. Gral.).

    •  Secretario: D. Fernando Fort Gallego.

    •  Asistencia jurídica: D. Manuel Navarro Atienza.

    Actualmente la Mesa de Valoración se encuentra analizando la documentación administrativa (sobre Nº 1)

     

     

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  • El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de Ley que articula un periodo transitorio para asegurar la continuidad del servicio de Televisión Digital Terrestre de ámbito local y gestión comercial en la comunidad autónoma, así como la actividad empresarial de los licenciatarios. La propuesta, suscrita por todos los grupos políticos del Parlamento de Andalucía, pretende dar seguridad jurídica al escenario audiovisual andaluz tras la anulación, por parte del Tribunal Supremo (TS), de 79 licencias que fueron concedidas en 2008 en una treintena de las 62 demarcaciones territoriales en las que se divide la comunidad autónoma.
     
    El periodo transitorio se prolongará hasta la resolución del nuevo concurso referido a estas licencias, que la Junta convocó el pasado 2 de agosto y que incluye otras 32 que permanecían desiertas.
     
    La medida se concretará en la habilitación temporal de aquellas personas físicas y jurídicas que, previamente al pronunciamiento anulatorio del TS, contaban con el título administrativo reconocido por la Junta para la prestación del servicio. Con ello se evitará un cese de emisiones que, de manera directa, comprometería la viabilidad de al menos a 45 empresas con más de 600 empleos. Además, el apagón local afectaría a los 6,6 millones habitantes de las demarcaciones afectadas por los fallos judiciales, que dejarían de recibir un servicio considerado de interés general.
     
    El concurso de readjudicación ahora en marcha se resolverá el próximo año con la concesión de licencias con una vigencia de quince años prorrogables por igual periodo. Entre otros requisitos para los concesionarios, la convocatoria incluye un tiempo mínimo de emisión de cuatro horas diarias, un adecuado volumen de producción propia y hecha en Andalucía, el estricto respeto a los derechos de los menores y el cumplimiento de la normativa vigente sobre publicidad en televisión. Asimismo, las emisiones deberán ajustarse a principios básicos como la veracidad e imparcialidad de las informaciones, el respeto al pluralismo y a los derechos y libertades constitucionales, el fomento de la conciencia de la identidad andaluza y la defensa de la cultura y de los intereses locales.
     
    Una vez finalizado el concurso, los adjudicatarios deberán iniciar las emisiones en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de publicación del acuerdo de resolución por el Consejo de Gobierno.

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  • Convocado el Concurso TDT Local 2016 en Andalucía, desde Díez y Romeo Abogados se ha querido facilitar la información básica necesaria que se encuentra también en la web de la Junta de Andalucía.
     
    Entidad adjudicadora
    Organismo: Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
    Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Comunicación Social, Palacio San Telmo, Paseo de Roma s/n. 41071 Sevilla.
     
    Objeto del concurso
    La adjudicación, en régimen de concurrencia, de licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo privado de carácter comercial de ámbito local en Andalucía para la emisión de programación en abierto
    Régimen y forma de adjudicación
    a) Régimen: libre concurrencia.
    b) Forma de adjudicación: concurso.
     
    Garantía provisional
    La garantía provisional que tendrá que depositar la persona licitadora viene determinada por el grupo en el que se sitúa cada demarcación licitada, con arreglo a la tabla prevista en el Anexo V del pliego de bases.
     
    Obtención de documentación e información
    a) Documentación: el pliego de bases estará a disposición de los licitadores durante el plazo de presentación de solicitudes, en el horario normal de oficinas, en la sede de la Dirección General de Comunicación Social. Igualmente dicho pliego podrá consultarse en el apartado de Documentación adjunta.
    b) Para aquellas personas que lo soliciten, el pliego de bases se les enviará por correo ordinario o electrónico.
     
    Requisitos específicos de la persona adjudicataria
    Las personas adjudicatarias tendrán que justificar, en la forma y plazo indicados en la Base 12, que disponen de la solvencia económica y financiera, técnica y profesional, que han declarado disponer con la cumplimentación del Anexo III.
     
    Presentación de solicitudes de participación
    a) Las solicitudes podrán presentarse hasta transcurridos 45 días naturales a partir del día siguiente a la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno en el BOJA.
    b) Documentación que integrará las solicitudes: la documentación a presentar será la establecida en las Bases 5, 6 y 7 del pliego de bases.
    c) Lugar de presentación: Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Comunicación Social y se presentarán, preferentemente, en el Registro General de la Consejería de la Presidencia y Administración Local de la Junta de Andalucía sito en el Palacio San Telmo, Paseo de Roma s/n 41071 Sevilla, sin perjuicio de lo dispuesto en la Base 5.4 del pliego de bases.
     
    Obligación de acreditación documental de la persona licenciataria
    Las personas licenciatarias deberán acreditar documentalmente, a los 18 meses desde la fecha del otorgamiento de las licencias por Acuerdo del Consejo de Gobierno, el cumplimiento de los compromisos contraídos en la solicitud referidos en la Base 18.
     
    Gastos de anuncios
    Los gastos de los anuncios ascienden a 6.000 euros, que serán abonados a prorrata por las personas que resulten adjudicatarias.
     
    Resolución del concurso
    Concluido el trabajo de valoración descrito en la Base 11, se identificarán, por orden de puntuación, tantas personas licitadoras como licencias haya disponibles en cada demarcación, procediéndose, a continuación, tal y como se refiere en la Base 12.
    Accede al pliego http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Boja-tdt.pdf
     
     

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  • Cuando se aborda el escenario jurídico en los medios de comunicación social, la televisión en Andalucía (concurso licencias TDT), en Díez y Romeo abogados siempre se debe diferenciar entre: (i) el derecho a la libertad de expresión y de información veraz, y (ii) el derecho a crear medios de comunicación social como soporte del ejercicio de las libertades constitucionales. Por eso se dice que los medios tienen más solvencia si cuentan con el respaldo de una licencia audiovisual otorgada por la autoridad competente.
     
    Recientemente se ha publicado la convocatoria para que las emisoras de TDT en Andalucía puedan acceder a 111 licencias. Al ser un pliego legal, numerosos profesionales del derecho ya se han puesto a analizar el alcance y finalidad de la redacción jurídica.
     
    Los abogados de Diez y Romeo han realizado un estudio detallado de los criterios de valoración del pliego que regula el concurso de licencias de comunicación audiovisual televisiva privada en Andalucía. Las combinaciones empíricas para obtener el máximo de puntuación en los proyectos precisan de un análisis profundo de los puntos a otorgar.
     
    I.- Desglose de los criterios de valoración.
    Para ello se han desglosado los requisitos legales exigidos para fijar el contenido de las ofertas de conformidad con el artículo 11 de las bases. Así se estructuran en grandes bloques:
    1.- Estructura de programación (110 puntos)
    2.- Medios Técnicos e inversiones asociadas (150 puntos)
    3.- Recursos Humanos (200 puntos)
    4.- Contribución al desarrollo de la TDT en Andalucía (80 puntos)
    5.- Experiencia en el sector (250 puntos)
    6.- Vinculación Local y arraigo territorial (210 puntos)
     
    II.- Estructura de programación
    En este apartado Díez y Romeo Abogados analiza el apartado correspondiente a la Propuesta de programación. Y lo hace de forma detenida por ser el que más criterios de valoración contiene desde el punto de vista material.
    La Propuesta de Programación supone el 11% de la puntuación (110 sobre 1.000 puntos). Aquí se plasman los contenidos televisivos que distinguen la idiosincrasia de la emisora. Se estructura de la siguiente forma:

    1.- Horas semanales de programas de servicios informativos. Puntuable desde 0 hasta 15 puntos.
    Se otorgarán 15 puntos a aquellas licitadoras que se comprometan a emitir un número igual o superior a 5 horas semanales de programas informativos sin contar las redifusiones.
     
    2.- Horas completas semanales de programación accesible. Puntuable entre 0 y 30 puntos.
     
    3.- Compromiso de no emisión de contenidos relacionados con el esoterismo y las paraciencias o programas dedicados a juegos de azar y apuestas. Entre 0 y 15 puntos
    Se castiga la emisión de este tipo de programas, dando 15 puntos a los solicitantes que se comprometan a no emitir programas esotéricos, paracientíficos, ni de juegos de azar y apuestas.
     
    4.- Horas completas semanales de televenta, concursos telefónicos y chat de contactos. Puntuable entre 0 y 15 puntos.
    También se penaliza la emisión de televenta, concursos telefónicos y chat de contenidos, hasta el punto de que a menor emisión de este tipo de contenidos, mayor puntuación. la máxima puntuación de obtiene con el compromiso de emitir 0 horas de este tipo de programas.
     
    5.- Horas completas semanales de redifusión. Maxima puntuación 15 puntos
    La puntuación se obtendrá a partir de los siguientes compromisos:
    0 horas de redifusión semanal: 15 puntos
    Entre 1 y 20 horas de redifusión: 10 puntos
    Más de 20 horas: 0 puntos

    6. Compromiso de no emisión en cadena en distintas demarcaciones. Puntuable entre 0 y 10 puntos
    Se otorgarán 10 puntos a los que se comprometan a no emitir en cadena con otros canales de televisión en la demarcación a la que se licita o en otras durante los 2 primeros años de emisión.
     
    7. Disponibilidad de contenidos en Internet. Puntuable entre 0 y 10 puntos.
    Se otorgarán 10 puntos a aquellas personas licitadoras que indiquen la disponibilidad de contenidos en Internet, ya sea en directo y/o a la carta (correspondientes a programas ya emitidos).

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  • Ante la cercanía del concurso publico de 111 licencias de comunicación televisiva en Andalucía, todos los instrumentos consultivos son pocos para superar todos los requisitos que pudieran prever las bases.
     
    I.- Necesidad de una guía útil
    En el concurso de licencias de radio FM de Castilla y León se exigía que las ofertas estuvieran verificadas con la firma electrónica de su representante legal lo que originó alguna confusión a la hora de preparar los proyectos.
    Ante la proximidad de la entrega de ofertas en el concurso de la TDT de Andalucía y ante la posibilidad de que alguien quisiera rubricar con firma electrónica, se hace necesaria una guía general práctica de la contratación pública electrónica para profundizar en esta modalidad
    A pesar de que se trata para procesos de contratación pública, esta guía puede ser muy útil debido a las semejanzas con los concursos públicos de licencias audiovisuales (Radio FM y TDT)
    Diez & Romeo, a través de la publicación de esta guía, quiere ofrecer información de carácter práctico a los sujetos participantes en el proceso de contratación pública, a saber, la propia Administración Pública (entidades adjudicadoras) y los licitadores o medios de comunicación.
     
    II.- La UE y nuestra legislación
    La Comisión Europea, en su Libro Verde sobre la generalización del recurso a la contratación pública electrónica en la UE, establece que la contratación pública electrónica supone la introducción de procedimientos electrónicos para sustentar las distintas fases del proceso de contratación (es decir, publicación de los anuncios de licitación, suministro del pliego de condiciones, presentación de ofertas, evaluación, adjudicación, pedido, facturación y pago).
    En la actualidad, el marco legislativo de España es uno de los más avanzados, dentro de la Unión Europea, desde el punto de vista de la integración y uso de medios electrónicos en las relaciones entre Administración Pública y ciudadanos.
     
    III.- Ventajas.-
    Son varios los beneficios que la contratación pública electrónica aporta:
    Aumenta la transparencia de las publicaciones y facilita la accesibilidad a los concursos por parte de la comunidad de proveedores.
    Derivado de lo anterior, se incrementa la concurrencia competitiva.
    Todo ello redunda en una mejora de la eficiencia y el consiguiente ahorro de costes.
    Supone un avance hacia la creación de un mercado paneuropeo de contratación pública electrónica, que permita que todas las Administraciones Públicas y proveedores de la Unión Europea cuenten con una plataforma centralizada que posibilite el acceso a la información de cualquier proceso de contratación pública abierto en el seno de la Unión Europea.
     

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  • Aunque durante mucho tiempo se ha hablado de la caída de la audiencia en televisión, sobre todo a raíz de la irrupción de servicios de contenidos en streaming como Netflix que han atraído a la mayor parte de los espectadores millenials, parece que su muerte no está ni mucho menos cerca.
    De hecho, un estudio muestra que los contenidos televisivos y los de streaming no son sustitutivos sino complementarios.
    Un estudio elaborado por Clusters muestra que los espectadores siguen consumiendo de media 3 horas y media de televisión diarias mientras que dedican 2 horas al día al visionado de contenidos a través de smartphones, ordenadores y tabletas.
    "La gente sigue viendo la misma cantidad de televisión de siempre pero ahora la ven de diferente forma y a diferentes horas", comenta Chris Cowan, managing director en Clusters.
    Además, los datos del estudio revelan que la mayoría de los encuestados conciben la televisión en términos de canales o plataformas en vez de por géneros o programas y que el 25% de ellos consideran que el contenido es mejor ahora que antes.
    Los que no están de acuerdo con esta premisa son los mayores de 55 años, un grupo en el que el 35% opina que los contenidos televisivos son cada vez peores.
     

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  • Gawker.com, el portal de noticias pionero en periodismo ácido y sencillo, cerrará definitivamente la próxima semana después de 14 años en activo. La noticia se conoce tras la adquisición por 135 millones de dólares de Univision.
    La cadena de habla hispana fundada por Jerry Perenchio se alzaba como ganadora en la subasta por el site de Gawker Media dejando en el aire el incierto futuro del que un día fue referente del periodismo digital. En la compra se incluyen los siete portales de Gawker Media entre los que encontramos nombres como Deadspin, Gizmodo y Jezabel.
    Como no podía ser de otra forma Gawker fue el primero en dar la noticia de su cierre. Lo cierto es que el medio contaba con numerosos críticos por su tono mordaz y se ha granjeado numerosos enemigos que le han valido varias demandas. La última tiene como protagonista al ex luchador Hulk Hogan. Este ganó una demanda en la que se establecía una indemnización de 140 millones de dólares que acabó por llevarles a la bancarrota.
    Univision pretende reutilizar los sites de Gawker Media para reforzar su presencia digital y Denton dejaba claro tras hacerse pública la compra que los empleados estaban protegidos y mantendrán sus puestos de trabajo.

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  • Una de las tecnologías más prometedoras del presente y el futuro son los drones (ingenios voladores no tripulados), unos robots que, a pesar de que todavía están dando sus primeros pasos, centran las estrategias de innovación de muchas empresas.
    Compañías como Amazon ya han apostado por ellos como sus mensajeros particulares y diversas marcas exploran su potencial a la hora de elaborar sus acciones de marketing.
    Sin embargo, las oportunidades que ofrecen abarcan muchos más ámbitos como el de la seguridad e incluso los medios de comunicación.
    O al menos así lo cree la CNN que acaba de anunciar el lanzamiento de CNN AIR, un conjunto de drones "periodistas" que buscarán desde el aire la actualidad informativa en numerosos lugares.
    Los aparatos estarán pilotados de manera permanente por de personas y con ellos pretenden aportar valor a la información e inmediatez a los informativos de la cadena en EEUU.
    "El desarrollo de la tecnología de la CNN para mejorar la manera en que contamos las historias es una parte de nuestro ADN y estamos orgullosos de continuar con la tradición con CNN AIR", explica Terence Burke, el vicepresidente de CNN.
    Este proyecto es el culmen de un trabajo que la cadena lleva realizando algún tiempo pues ya hizo uso de los drones en eventos de gran calado como las inundaciones de Louisiana o las convenciones demócrata y republicana.
    La CNN apuesta así por la innovación tecnológica en el campo informativo en un intento por optimizar sus sistemas de recopilación y producción de noticias.
     

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  • En la labor de análisis de las bases del concurso TDT, Diez y Romeo enumera la normativa audiovisual aplicable en la nueva convocatoria de la TDT en Andalucía.

    Será muy importante dominar la aplicabilidad de esta legislación ante las distintas interpretaciones que pueda hacer la Mesa de Valoración en sus intervenciones. 

    Tras la convocatoria del concurso de licencias TDT en Andalucía se ha establecido la relación de normativa audiovisual que Díez y Romeo Abogados ha analizado para sus clientes, con especial detalle.

    En el video que aparece en este link se puede ver cómo trabajamos

    http://diezromeomedia.blogspot.com.es/2016/08/diez-y-romeo-licitacion-t…

    A partir del 9 de agosto y hasta el 23 de septiembre, todos los candidatos deberán contar al, abogados expertos en audiovisual y contratación pública, con al menos 15 años de experiencia en concursos audiovisuales para poder anticiparse a la administración.
    Para ello se tendrá en cuenta la base 2 de la convocatoria para la prestación de servicio de televisión digital terrestre de ámbito local y gestión comercial. Allí, aparece el bloque normativo a aplicar:
    - Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual.
    - Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
    - Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
    - Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
    - Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General.
    - Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
    - La Ley Orgánica 14/1995, de 22 de diciembre, de Publicidad electoral en emisoras de televisión local por ondas terrestres.
    - La Ley 10/2005, de 14 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, de liberalización de la televisión por cable y del fomento del pluralismo, en sus preceptos vigentes.
    - La Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía.
    - La Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.
    - La Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia pública de Andalucía.
    - El Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la
    televisión digital local.
    - Real Decreto 2268/2004, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital local.
    - Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.
    - Decreto 1/2006, de 10 de enero, por el que se regula el régimen jurídico de las televisiones locales por ondas terrestres en Andalucía en sus preceptos vigentes no anulados por sentencia judicial de carácter firme y en aquello que no se oponga a la Ley 7/2010, de 31 de marzo (de carácter básico).

     
    Los letrados Jaime Rodríguez Díez y Paula Romeo, de Díez y Romeo Abogados, han realizado un estudio exhaustivo de la legislación, con más de 18 años de experiencia, están a su disposición para cualquier duda que se pueda plantear.

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  • Tras las oscilaciones que se han vivido en Comunidad Valenciana a cuenta de su televisión pública autonómica, el pasado 19 de julio de 2016, se promulgó en el DOCV, la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del Servicio Público de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat. Desde Díez y Romeo se ha analizado someramente este nuevo texto legal.

    I.- Las motivaciones
     
    Varias son las motivaciones que han generado que el ejecutivo de Ximo Puig diera luz verde a este texto legal. En Díez y Romeo se han individualizado 4:
     
    En primer lugar, la movilización de la sociedad valenciana al suscribir la iniciativa legislativa popular evidenciada en la «Proposición de ley del servicio público de radiotelevisión valenciana» presentada en las Corts Valencianes en diciembre de 2014, después de haber recibido el apoyo de casi 90.000 firmas ciudadanas.
     
    En segundo lugar, la necesidad de dotar a la C. Valenciana de medios de comunicación audiovisuales públicos que permitan satisfacer (i) la libre expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones, (ii) la libre recepción y comunicación de información veraz por medios de difusión, (iii) el fomento y difusión de la lengua y la cultura propias, aspecto este último que parece garantizar la RTVV.
     
    En tercer lugar, la exigencia de fundamentar la razón de ser de los medios públicos valencianos, según la exposición de motivos de la Ley 6/2016, de 15 de julio. La importancia y esencialidad de las TV y Radio públicas para la conformación de una opinión pública plural y responsable; el hecho de que supongan un estímulo a la participación ciudadana en los asuntos públicos; y la circunstancia de los medios públicos son una herramienta de vertebración social y afirmación de la identidad y autonomía política valenciana.

    En cuarto lugar, la necesidad de ajustar el régimen del servicio público audiovisual (radio y TV públicas) a las nuevas pautas legales sobre medios de comunicación que introdujo la Ley, 7/2010, de 31 de Marzo, General de Comunicación Audiovisual (LGCA).
     
    II.- Estructura de la Ley 6/2016, de 15 de julio.
     
    El texto articulado consta de un total de 51 artículos, 7 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 2 disposiciones finales, estructurados en 5 títulos.
     
    El título I, dedicado a las disposiciones de carácter general, es donde se indica cuál es su objeto, el contenido de servicio público y los principios que deben observarse en la prestación del servicio público, la utilización de un mandato marco donde se establezcan los objetivos generales de la función de servicio público encomendados a la Corporación, cuya duración será de 6 años, y un contrato programa que desarrollará cada 3 años el mandato marco.
     
    El título II se dedica a la naturaleza y organización de la Corporación, donde se distingue la existencia de un consejo rector, un consejo de la ciudadanía, un consejo de informativos y la dirección general.
     
    El título III se destina a fijar los principios básicos de la producción y la programación. El título IV regula el régimen económico y del personal, y en el título V se establecen los instrumentos de control y seguimiento de la actividad de la Corporación y se añaden al control parlamentario mecanismos de control económico, presupuestario y financiero por la Sindicatura de Comptes y el control del Consell de la Generalitat.
     
    III.- Novedades.-
     
    Entre las principales novedades que incorpara la Ley 6/2016, de 15 de julio, Díez y Romeo destaca la creación de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, una entidad pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus finalidades.
    Asume competencias que antes eran de la Generalitat como son:
    • El diseño y el desarrollo de proyectos.
    • La generación de producciones y contenidos.
    • La prestación del servicio público audiovisual, con la oferta y la difusión de los contenidos a través de las actuales y nuevas tecnologías que puedan surgir
     
    La organización de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación, se estructura en los siguientes órganos: 
    • La Presidencia de la Corporación y del Consejo Rector, que es elegida por Las Cortes Valencianas con un mandato de 6 años.
    • El Consejo Rector, máximo órgano gestor; está compuesto por 10 miembros: 5 a propuesta de las Cortes, 1 del Consejo de la Ciudadanía, 2 del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana, 1 de los trabajadores y el Presidente. Su mandato durará también 6 años.
    • La Dirección General
    • La Secretaría del Consejo Rector
    • El Consejo de la Ciudadanía, órgano asesor en materia de programación y compuesta por 13 miembros, con un mandato de 5 años.
    • El Consejo de Informativos, órgano interno de participación de quienes intervienen en la  elaboración de los informativos para velar por su independencia, objetividad y veracidad de los informativos difundidos
     
    Igualmente, en la Disposición Adicional Séptima de la Ley 6/2016, de 15 de julio, destaca como novedad la creación del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana en el plazo de 9 meses desde la entrada en vigor de la Ley. Es decir, antes del 20 de abril de 2017. 
     
    Este órgano velará por el respecto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de la comunicación y los medios audiovisuales en la Comunitat Valenciana. El Consejo del Audiovisual Valenciano intervendrá también en los procesos de adjudicación de licencias audiovisuales Radio FM y TDT, y tendrá competencias en la gestión del archivo audiovisual que pueda crear la Generalitat.
     
    Con esta mención la Comunidad Valenciana aspira a tener un ente de similares características a las del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) y del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).
     

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  • Hasta el día de hoy han sido notificadas 22 sentencias, quedando aún otras pendientes de fallo, que afectan a 133 frecuencias de las 155 licencias adjudicadas por el Gobierno de Canarias en 2012
     
    Los Servicios Jurídicos consideran acertados los pronunciamientos esenciales contenidos en las sentencias dictadas hasta ahora sobre esta materia, coincidiendo en su fundamentación y en que la interposición de recurso tiene escasos visos de prosperar. También estiman que el resultado no sería otro que la retroacción de las actuaciones en los términos ya acordados en dichas sentencias. En definitiva, el recurso de casación únicamente supondría un retardo para proceder a una nueva valoración, lo que afecta a la adecuada solución de la cuestión de fondo suscitada. Por ello concluyen “que no procede interponer recurso de casación contra ninguna de las sentencias señaladas”.
     
    El 24 de junio de 2016 la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo contencioso-Administrativo en Santa Cruz de Tenerife, dictó sentencia en recurso contencioso-administrativo 203/2012 contra el Decreto 30/2012, de 4 de abril, por el que se resuelve el concurso público para el otorgamiento de licencias para la prestación de servicios de comunicación radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia en la comunidad Autónoma de Canarias convocado por resolución de la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios de 28 de julio de 2010.
     
    La sentencia se centra en si los criterios de valoración aprobados por la mesa son ajustados a las bases publicadas con la convocatoria del concurso y si su aprobación con posterioridad a la apertura del sobre número dos ha tenido incidencia en la valoración de las proposiciones, concluyendo ordenar la retroacción de las actuaciones hasta la segunda fase del procedimiento, esto es, la de constitución de la mesa, pero teniendo en cuenta y conservando la apertura del sobre número uno y admisión de licitadores, y la apertura del sobre número dos. Con el propósito, tal y como establece la sentencia, de que se proceda a una nueva valoración, ahora sin consideración a los subcriterios anulados, sin perjuicio de que la mesa pueda, en cuanto actos de preparación de su fase valorativa y con la finalidad de propiciar un trato igualitario a todos los licitadores, aprobar otros que se ajusten a las bases, motivando las puntuaciones otorgadas en la forma también señalada y resolviendo sobre la propuesta de adjudicación de las licencias.
    La retroacción tiene como límite las empresas que hayan licitado en las localidades afectadas.
     
    En definitiva, los pronunciamientos de la sentencia, que el Gobierno debe presumir ajustados a derecho, entienden contrario a las bases la introducción por la mesa de algunos de los subcriterios, lo que supone vulneración de la vinculación legal que tiene el concurso a las bases, y la procedencia de retrotraer las actuaciones a la fase de constitución de la mesa y evaluación de las ofertas.
     
    Por todo ello, el Gobierno considera que son declaraciones suficientes que por su acierto jurídico desaconsejan considerar la inexistencia de motivo de confirmación de la sentencia en casación, sin perjuicio de que la ejecución de la sentencia en sus propios términos pueda producir como resultado de la nueva valoración de la mesa asignar la misma puntuación -lo que supondría la intrascendencia de las actuaciones realizadas-, o también pueda producir un resultado distinto -lo que supondría corregir la actuación erróneamente realizada-. Se entiende por ello que, de forma añadida, la ejecución de la sentencia no perjudica y sí puede suponer beneficio para el interés general y el estado de derecho.
     
    En conclusión, una vez analizado y estimado el contenido de la sentencia 291/2016, primera de las notificadas junto con otras, el Gobierno participa del criterio y de las consideraciones expresadas por los Servicios Jurídicos, para no interponer recurso de casación contra esa sentencia y las de contenido similar.
     

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