El Defensor del Menor en Andalucía, José Chamizo, ha apuntado a la "necesita de un cierto control" en las redes sociales, pero "sin perder la libertad de expresión", toda vez que aboga por "incrementar" los equipos de delitos telemáticos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, después de que varios menores de edad hayan resultado imputados por su presunta relación con el vídeo de contenido sexual entre adolescentes colgado en la red social Twitter, que llegó a ser 'Trending Topic'.

   En declaraciones a Europa Press, Chamizo, tras recordar que se trata de un tema que "ya ha llegado a la Oficina del Defensor en distintas ocasiones", ha señalado que la Institución "está en contacto permanente con la unidad de delitos telemáticos, que son los que están interviniendo". Lo que ocurre, precisa, "es que se tarda mucho desde que se denuncia hasta que desaparece el vídeo de Internet" y "evidentemente, este retraso es dañino".

   Además, y sobre este tipo de acciones, el Defensor afirma que "mucha veces se hace por venganza, otras veces por juego y otras simplemente por inconsciencia", pero "sea como fuere es delito", sobre todo porque "una de las personas que aparece en este vídeo es la que ha interpuesto la denuncia".

   En este sentido, Chamizo advierte que se trata de un fenómeno "que se va a ir extendiendo, no en vídeo, pero si en lo que se refiere a calumnias o difamaciones". Así, afirma que en las redes sociales "hay un campo que necesita un cierto control, sin perder lo que es la creatividad, la espontaneidad y la libertad de expresión", un equilibrio que, a su juicio, "es difícil" de conseguir.

   "La situación en la que se encuentra ahora el ámbito de las redes sociales está entre decir lo que a uno le dé la gana, incluido calumnias, y lo que es la libertad de expresión, que te puedas expresar respetando los derechos de otras personas", asegura el Defensor del Menor.

   Por último, y sobre cómo hacer frente a esta problemática, Chamizo ha señalado que "es cuestión de incrementar los equipos de delitos telemáticos" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya que "aunque son muchos, se necesita más gente", sobre todo "sabiendo que en el futuro muchos delitos se van a cometer desde un ordenador", puntualiza.

Gestionar una crisis online o de reputación puede tener un coste casi incontable. Relaciones públicas, publicidad, caídas en las ventas, pérdida de la productividad, ejecutivos distraídos, estrategias competitivas, servicio al cliente adicional y asuntos legales que acaban robando cantidades enormes a los presupuestos de una compañía.

En un momento en que la información se mueve a una velocidad de vértigo, especialmente la información negativa, un tuit o un vídeo crítico pueden llegar a los grandes medios en cuestión de horas, provocando situaciones complejas a las compañías que, inevitablemente, tienen que aprender a gestionar.

Ante esta realidad compleja, las compañías están empezando a tener en cuenta las redes sociales como un elemento clave de su estrategia de monitorización reputacional. Pero, para ello, es necesario entender qué hay que escuchar, cómo escuchar, y cómo identificar los asuntos críticos. Tres aspectos clave que MarketingProfs ha analizado que las marcas no dejen de lado los puntos básicos a la hora de gestionar su reputación online.

1. ¿Qué escuchar?
Una estrategia de reputación proactiva y monitorización de crisis exige que los anunciantes monitoricen todos los canales sociales clave a través de búsquedas de palabras clave y analizando las conversaciones buscando líneas de conversación, tendencias y catalizadores. En especial, hay que prestar atención a:

- Calidad de la respuesta.
- Las respuestas fuera de lo normal.
- Fuente y sesgo.
- Cosas que una marca no quiere escuchar.
- Más allá de las opiniones.
- Evangelistas.
- Informes para inversores relevantes.

2. Sintonizar la crisis
Para empezar, hay que tener en cuenta que hay tres motivaciones humanas para las actividades digitales que se pueden rastrear, cuantificar y responder de forma sencilla: información (quiero saber sobre algo), transacción (quiero poder hacer algo) y apoyo (quiero ayudar con algo). Segmentar las conversaciones sociales en estas tres categorías permite a las empresas correlacionar y extraer los datos relevantes, las ideas, los catalizadores y las recomendaciones para la gestión de la reputación y las crisis.

3. Identificar los asuntos críticos
Hay que establecer la severidad relativa de un problema reputacional relacionando la probabilidad de que esa crisis ocurra con el daño real o potencial que puede generar. Los riesgos de baja probabilidad con consecuencias suaves pueden ser aceptables y fáciles de gestionar, pero los riesgos altos con consecuencias importantes no lo son, mientras que los riesgos medios tienen que atemperarse lo más rápido posible antes de que se conviertan en algo más serio.

A la hora de monitorizar las redes sociales no sólo hay que tener en cuenta la amenaza, sino la posibilidad de que esa amenaza se traduzca en consecuencias indeseables. Por eso, hay que establecer una serie de factores con los que analizar el riesgo e identificar las amenazas para una organización:

- Hasta qué punto el riesgo es voluntario o fabricado.
- Hasta qué punto el riesgo está relacionado con un producto.
- Hasta qué punto se pueden demostrar los efectos adversos.
- Qué severidad puede alcanzar ese riesgo.

En el sector audiovisual y en particular radios y televisiones el régimen tributario y fiscal no pasa desapercibido. Los agentes del Broadcast, es decir: medios de comunicación, y operadoras de telecomunicaciones vienen obligadas a estar al corriente de sus obligaciones con el fisco a nivel estatal. La AEAT (Agencia Tributaria)

Cuando la Agencia Tributaria decide revisar las declaraciones fiscales y encuentra diferencias entre los valores declarados y los valores que ellos estiman, se genera una liquidación complementaria del correspondiente tributo. Este procedimiento, lo podemos ver, por ejemplo, en una revisión de la renta de cualquier año (IRPF) de empresarios individuales (pequeñas radios independientes), o en una comprobación de sociedades mercantiles (Impuesto de Sociedades).

Una vez que la Agencia Tributaria gira una liquidación provisional de un tributo, las emisoras tienen dos opciones excluyentes entre sí. Bien (i) plantear recurso de reposición contra dicho acto o  (ii) interponer una reclamación económico administrativa. Las diferencias fundamentales están en que el recurso de reposición lo resuelve la propia Agencia Tributaria y la reclamación económico administrativa la resuelve el Tribunal Económico Administrativo asignado, que es un órgano independiente a la propia administración tributaria. En todo caso, interesa primero plantear recurso de reposición y a posterior plantear la reclamación económico-administrativa si no conseguimos hacer valer nuestras pretensiones en reposición.

El procedimiento para plantear el Recurso de Reposición

Una vez se ha notificado la propuesta de liquidación, se tiene el plazo de un mes para interponer este recurso, comenzando a contar el plazo a partir de la fecha de notificación de la propuesta de liquidación. Todo el procedimiento del Recurso de Reposición, está articulado a partir del artículo 222 de la Ley 58/2003 y tal y como se puede ver en esta ley, hay que cumplir con una serie de requisitos previos de información del acto recurrido, la cuantía, si lo presenta un representante o no…

Este recurso se puede presentar en papel junto con las correspondientes alegaciones, mediante este formulario o bien, se puede presentar de manera telemática en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria.

Ahora bien, son susceptibles de recurso todas las liquidaciones, pero tienen tratamiento diferenciado los recursos sobre cuotas tributarias e intereses de demora y las liquidaciones giradas por sanciones.

En el caso de que se plantee un recurso de reposición contra la liquidación de un impuesto, hay dos opciones: (i)  realizar el pago de la liquidación o (ii) solicitar la suspensión del pago, aportando las garantías oportunas.

En todos los casos, se recomienda realizar un análisis del coste de las garantías aportadas frente el hipotético cobro de intereses de demora, dado que si se paga la liquidación pero a posteriori, dan la razón en nuestras pretensiones, la Agencia Tributaria procederá a la devolución de las cantidades pagadas junto con los intereses de demora.

Por contra, si el recurso se practica contra una sanción tributaria, esta sanción se suspende de manera automática sin necesidad alguna de prestar garantía o fianza hasta que el recurso se resuelva.

El coste tributario del recurso de reposición

En todo caso, el procedimiento sancionador que marca la Ley General Tributaria, si tiene un coste importante en el caso de que plantear un recurso contra un acto administrativo practicado. Actualmente, todas las sanciones tributarias tienen una reducción del 30% que se pierden de manera automática si se presenta recurso sobre el tributo principal.

En todo caso, debemos tener muy claro si compensa jugarse este 30% sobre la sanción a abonar en conformidad todas las cantidades giradas por la administración tributaria y se requiere un análisis de cada caso particular y las posibilidades de éxito que tengamos.

Los miembros de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) celebraron el pasado miércoles una reunión centrada en plantear una estrategia común de cara a los últimos ‘ataques’ del Gobierno al sector. Según ha podido saber prnoticias, en esta cita se tomaron decisiones muy importantes de gran trascendencia. Entre ellas, los socios de UTECA han acordado recurrir en los Tribunales la decisión del Consejo de Ministros de quitarles los nueve canales de TDT a las cadenas privadas. En estos momentos el equipo jurídico de la patronal de las televisiones está trabajando en el recurso y sus alcances legales.

Recordemos que el pasado 22 de marzo el Gobierno decidía, acatando una sentencia del Supremo, derogar la Ley por la que se les concedía nueve licencias, que no salieron a concurso, a las distintas televisiones comerciales.  Del mismo modo, la segunda decisión, y no menos importante, ha sido la de lanzar un claro mensaje al Gobierno dejando constancia de que ya no reconocen como interlocutores válidos ni al ministro de Industria José Manuel Soria ni al Secretario de Estado de Telecomunicaciones Víctor Calvo Sotelo. Sólo se reunirán, a partir de ahora, con la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

Esta estrategia se enmarca en los días previos al anuncio del Ejecutivo de acatar la sentencia del Supremo. Las cadenas privadas celebraron varias reuniones con los representantes del Gobierno para buscar una solución consensuada al problema planteado por dicha resolución. Y, obviando las reuniones anteriores, la noche anterior, miembros del Ejecutivo les comunicaban que al día siguiente -el 22 de marzo- en Consejo de Ministros, se procedería a la derogación de la concesión de los canales de TDT acatando la resolución del Tribunal Supremo.

Eso sí, el Ejecutivo mantiene la puerta abierta, y les deja seguir emitiendo, hasta principios de  2014, cuando el Gobierno decidirá si habrá nuevo concurso o si buscará una solución para no perjudicar a las cadenas. En cualquier caso quedan en el aire nueve licencias: dos de Mediaset, tres de Atresmedia, dos de Vocento y dos de Unidad Editorial. Ello, con el consiguiente perjuicio económico que se puede generar para las cadenas.

Hoy por hoy, UTECA, unida, no se va a amilanar. Luego, para el verano, la asociación (Mediaset España, Atresmedia, Vocento y Unidad Editorial) prepara una profunda remodelación en su organigrama porque creen que todo lo que ha sucedido, se ha producido porque el Gobierno ha visto síntomas de debilidad en UTECA.

Fuente: PR Noticias

El Consell recompuso ayer la mesa de contratación que debe volver a adjudicar las 42 licencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) cuyas concesiones de hace siete años anuló el pasado 18 de julio el Tribunal Supremo. El fallo del alto tribunal, que dejaba sin efecto el reparto que firmó el entonces conseller Esteban González Pons, obliga a la Generalitat a retrotraer el procedimiento al momento anterior al que la mesa de contratación formule la propuesta de adjudicación de las TDT.

El proceso no arranca de cero, ya que a el sólo pueden concurrir las 71 empresas que se presentaron a la licitación de 2005 y con las mismas plicas con las que concursaron. El Supremo anuló la adjudicación de enero de 2006 porque la mesa de contratación delegó sus funciones de valoración de las ofertas en una consultora externa, incumpliendo "su función objetiva de valorar las ofertas, que es indelegable".
La resolución que recompone la mesa es meramente técnica, pues en estos 7 años han cambiado de dirección general del Consell las competencias sobre las TDT. Si en 2005 dependían del área de Promoción Institucional que dirigía Dora Ibars, ahora están en manos de la de Participación Ciudadana que ocupa María Barrios, quien presidirá la nueva mesa.

Más complejo será conocer cuáles de las 71 empresas aspirantes están activas después de siete años o mantienen su interés por la concesión. Poco más de media docena de las 42 TDT locales siguen en antena mientras el resto nunca llegaron a hacerlo o han desaparecido. La mayoría de ellas han sido realquiladas a TDT nacionales que emiten en cadena, o programan teletiendas, tarot y videncia, algo no permitido en las cláusulas de esta concesión por 10 años. Además, Mediamed Comunicación Digital, la empresa que más emisoras obtuvo con 13 TDT, entró en proceso de liquidación a principios de este año. En el momento de la adjudicación, Mediamed estaba dirigida por el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel de presunta financiación ilegal del PP.
 

Fuentes del Consell informaron ayer que antes de adjudicar las TDT se solicitará a las 71 empresas licitantes un informe sobre la validez y solvencia económica de sus ofertas. Añadieron que si detrás de la plica no hay una mercantil que la sustente, bien porque ha desaparecido o está en causa de disolución, no habrá adjudicación posible para dicha propuesta.
 

El pleno de la Cámara de Representantes votará el texto con algunas enmiendas
El proyecto cuenta con el apoyo directo de compañías como Facebook e IBM
Asociaciones como EFF o ACLU alertan de futuros problemas de privacidad
El controvertido proyecto legislativo estadounidense HR 3523, bautizado como CISPA (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act) vuelve otra vez a poner en guardia a los defensores de las libertades 'online'. Este proyecto prevé otorgar tanto al Gobierno como a determinadas compañías un importante control sobre el contenido de las comunicaciones en la Red bajo el paraguas genérico de 'seguridad cibernética nacional'.

El sitio Salon.com informa de que este proyecto, que el pasado año fue ampliamente criticado por suponer una normativa aún más restrictiva que el polémico proyecto antipiratería SOPA-PIPA -tumbado tras de una importante movilización en la Red-, ha cruzado las puertas del Congreso de EEUU, en donde el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha aprobado a puerta cerrada y "con una amplia mayoría" (18 a 2 votos) su contenido y ahora deberá ser votado en el Pleno de la Cámara de Representantes la semana que viene. Se trata sólo del principio de su tramitación legislativa, y de aprobarse en la Cámara pasaría al Senado y más tarde a la Casa Blanca para su promulgación.

Polémico CISPA

El texto -presentado a finales de 2011 por los representantes Mike Rogers y Ruppersberger- propone, en origen, una revisión de la normativa de seguridad nacional (National Security Act) de 1947 con la finalidad de fomentar más intercambios de información sobre 'ciberamenazas' entre el Gobierno de Washington y el sector privado, o entre las propias empresas privadas. La idea es que la Administración pueda combatir 'ciberamenazas' en tiempo real con ayuda de la industria de Internet.

La definición de "información sobre ciberamenazas" se amplía en este proyecto a cualquier información relativa a vulnerabilidades o amenazas a las redes o sistemas de propiedad y/o operados por el Gobierno de EEUU o empresas estadounidenses, así como cualquier intento por "degradar, interrumpir o destruir" tales sistemas o redes, además del robo o la "apropiación indebida" de información privada o gubernamental, incluida (y aquí entra la comparación con SOPA) la propiedad intelectual.

En origen, el proyecto prevé incluso eliminar cualquier responsabilidad a las empresas que recopilan y comparten información entre ellas o con el Gobierno por motivos de seguridad. Conviene recordar que la lista de apoyos a este polémico proyecto de ley cuenta con importantes apoyos entre gigantes tecnológicos que manejan información muy sensible como IBM, Verizon, AT&T, Microsoft y Facebook, e incluso Google, aunque de una manera más discreta.

Enmiendas y críticas

A pesar de que el texto aprobado no ha sido publicado, la publicación política estadounidense The Hill afirma que hay al menos dos enmiendas al texto original propuesto. Por un lado, afirma que el Gobierno deberá eliminar la información personal de los datos sobre 'ciberamenazas' que reciba de las empresas privadas. Otra enmienda facultaría a la Casa Blanca para utilizar datos de empresas privadas para "propósitos generales de seguridad nacional".
Esta última fórmula ("propósitos generales de seguridad nacional") es demasiado 'genérica', según ya indicaban el pasado año varios colectivos de activistas de las libertades 'online', como Electronic Frontiers Foundation (EFF) y ACLU, muy activos contra este proyecto.

"Los cambios en el proyecto de ley no se ocupan de los problemas de privacidad principales que hemos venido planteando sobre CISPA durante casi un año y medio", dijo Michelle Richardson, asesora legal de ACLU en la oficina de Washington. De aprobarse así, "CISPA permitiría a las empresas compartir información confidencial de clientes y de personal con el Gobierno, y facultaría a la Agencia de Seguridad Nacional para que recolecte registros de la actividad de estadounidenses en Internet cada día", añadió en un comunicado.

Según recuerda también Salon.com, la Casa Blanca aún no ha respondido a una petición cursada a través de 'We the People' contra CISPA, que ha recibido más de 100.000 firmas en línea, el número necesario para exigir una respuesta de la Administración.
Mientras, esta misma semana varias páginas web populares como Reddit o Craiglist han protagonizado una simbólica protesta contra CISPA, en la que tratan de explicar al Congreso de EEUU que el proyecto de ley "sacrifica la privacidad sin mejorar la seguridad", informa RT.

Fuente: P. Romero. El Mundo

El Pleno del Congreso de los Diputados ha ratificado este jueves la puesta en marcha de una subcomisión o grupo de trabajo sobre protección y redes sociales, a instancias del PP, como herramienta para establecer de forma consensuada una estrategia nacional de carácter integral, que permita afrontar la protección y educación de los menores en la red, y la prevención de delitos cometidos a través de redes sociales.

La Comisión de Interior de la Cámara Baja dio luz verde a su creación a finales de febrero después de que en marzo de 2012 el Pleno del Congreso de los Diputados aprobase por unanimidad parlamentaria una iniciativa que instaba al Gobierno a reforzar la prevención del acoso por Internet.

Entre otros puntos, promovía una serie de acuerdos de protección de menores con las diferentes redes sociales, garantizando la protección de datos de carácter personal y revisando las posibilidades técnicas, operativas y jurídicas, tendentes a mejorar la seguridad de las fotografías que se cuelguen en la red, tanto por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas con competencia en la materia, como de las redes sociales y servidores o proveedores de servicios informáticos.

En este sentido, el PP resalta que la Comisión Europea ha llamado la atención sobre la contradicción que supone el hecho de que se impongan medidas de protección a la infancia a los medios de comunicación tradicionales, mientras que tal protección no se haya hecho extensiva a las redes sociales en Internet.

Es más, apunta al informe 'Victimización del menor ante las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación' del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, que concluye que es "imprescindible" desarrollar una labor de concienciación para el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, alertar de la desregulación y anonimato reinante y buscar nuevos mecanismos de prevención capaces de articular de forma eficaz su uso responsable.
 

Riesgos también para los adultos

Asimismo, subraya que las Unidades Policiales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado especializadas en la investigación de delitos relacionados con la prostitución y corrupción de menores y la lucha contra la distribución de pornografía infantil en Internet, así como los grupos operativos dedicados a la protección al menor, consideran "conveniente" mejorar algunos aspectos de la actual regulación penal y otros ámbitos de la persecución y prevención de delitos tecnológicos.
Por todo ello, sostiene que los adultos también necesitan protección en las redes sociales, "porque no son conscientes, en muchos casos de los peligros que corren al compartir información personal con otras personas en la red".
Según detalla, existen riesgos al enviar mensajes personales a través de aplicaciones como WhatsApp, sobre las que los operadores no tienen (porque legalmente no están obligados) ningún dato de tráfico, que dificultan la investigación de conductas como el 'sexting', que pueden llegar a ser ilícitas.
En línea con estas propuestas, el PP considera que hay que fortalecer las medidas destinadas a la prevención del acoso por Internet, debiendo incidir en los siguientes aspectos: formación de padres y profesores, formación de menores, estudios conjuntos de perfiles sensibles, difusión de mensajes de seguridad a través de las redes sociales y respuesta rápida de los gestores de redes sociales en casos de investigaciones, desapariciones, extorsiones y otros hechos.
 

Representación

Así las cosas, esta subcomisión o grupo de trabajo tendrá por objetivo el análisis de la situación actual en España respecto a las redes sociales. También el análisis de la situación en países del entorno y estudiar el papel que las administraciones públicas tienen en el mundo de las redes sociales e intensificar la cooperación e intercambio de información con los administradores de las redes sociales, mediante la activación de canales de comunicación ágiles.

Asimismo, tendrá que determinar qué modificaciones legislativas se deben de llevar a cabo para mejorar la protección integral de los menores y la educación en su utilización, aparte de valorar qué otras medidas, además de las legislativas, son necesarias para que la sociedad dé un tratamiento acorde con las necesidades actuales, mejorando la formación y concienciación de los usuarios.
Igualmente, deberá poner atención en aquellas medidas que sean necesarias para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el entorno de las redes sociales y para la promoción de conductas respetuosas con estos derechos por parte de los usuarios de las citadas redes.

En concreto, la Subcomisión estará compuesta por cuatro representantes de los grupos parlamentarios con más de 100 Diputados, dos representantes de cada uno de los grupos parlamentarios con más de seis diputados y un representante de los restantes grupos parlamentarios.
Finalmente, la subcomisión habrá de culminar sus trabajos dentro de los dos próximos periodos de sesiones y el informe, una vez aprobado por la Comisión de Interior, junto con las conclusiones finales de los trabajos de la subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.