El cálculo de la tarifa de último recurso (TUR) y los elementos que la componen -especialmente los peajes de acceso- se han convertido en "meros precios políticos modulables según la conveniencia y los intereses políticos imperantes en cada momento". Así lo denuncia Unesa en el recurso contencioso-administrativo que ha presentado en nombre de sus cinco asociadas -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC Energía y Eon España- ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno (ahora en funciones) de bajar los peajes en más de un 10% en octubre.
Además de este recurso colectivo las compañías han presentado otros tantos a título individual, en los que piden la anulación de los artículos 1 y 5 de la orden ministerial por la que se fijó, "de forma ilegal", las tarifas eléctricas en el cuarto trimestre. En la mayoría se solicita la suspensión cautelar. El Gobierno forzó una congelación de la TUR en vísperas de las elecciones generales, vulnerando la Ley Eléctrica, según las compañías. El Supremo debe decidir en breve si acepta o no las cautelares solicitadas que, según fuentes jurídicas, tienen muchas posibilidades de salir adelante, pues hay ya una jurisprudencia clara.
En los escritos de interposición (que se formalizarán en sendas demandas) el sector se apoya en el informe de la Comisión de Energía sobre la propuesta inicial de septiembre, en la que Industria planteaba no modificar los peajes. Finalmente, a la vista del incremento de precios de la energía (el otro componente de la TUR) en la subasta Cesur celebrada después, el ministerio decidió bajar en igual porcentaje (más del 10%) los peajes.
Este "cambio sustancial" entre la propuesta remitida a la CNE y la revisión que al final aprobó el Gobierno, exigía, "so pena de incurrir en nulidad de pleno derecho", un nuevo trámite de audiencia del consejo consultivo de la electricidad de la CNE, que habría permitido presentar alegaciones. De hecho, uno de los argumentos de los recursos es el incumplimiento "flagrante" de dicho trámite.
Las eléctricas tienen su mejor defensa en el dictamen del regulador sobre la propuesta inicial de Industria, esto es, la que planteaba no ya bajar los peajes, sino mantenerlos. En él, la CNE considera necesario que las revisiones trimestrales de los peajes se utilicen para "corregir la senda de déficit de tarifa y alcanzar cuanto antes la suficiencia, tal como exige la normativa".
Según la Comisión, la deuda acumulada a 31 de agosto era de 19.892 millones de euros (22.392 millones si se incluyen los 2.500 millones del desajuste de 2010). Y advierte que es peligroso "para la sostenibilidad del sistema" que se usen los peajes para compensar los aumentos del coste de la energía en la TUR.
Mantener los peajes, tal como había propuesto el ministerio para el último trimestre, suponía superar el límite legal de déficit permitido para 2011 entre 700 y 800 millones. Por tanto, solo para recuperarlos sería necesaria una subida del 11,3% en 2012. Para colmo, con una rebaja del 10% de los peajes, la subida del próximo año debía ser del 18,6%, según los datos del regulador que las empresas muestran ante el Supremo.
En su opinión, la rebaja de los peajes "carece de justificación racional"; vulnera el principio de aditividad de la tarifa y el techo de déficit anual que permite la ley. Y critican una deuda, cuyo elevado coste financiero perjudicará a los futuros consumidores.
Fuente: Carmen Monforte. Cinco Días