El Consejo de Gobierno vasco del día de hoy, 8 de noviembre de 2011, ha aprobado el Decreto sobre la Comunicación Audiovisual, como medida de adecuación a la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) aprobada el pasado año y por la que se liberaliza parcialmente la comunicación audiovisual.
Con ello, el País Vasco ha dado el último paso previo a la convocatoria de los próximos concursos públicos de licencias audiovisuales de TDT y Radio FM.
El Decreto aprobado contempla tres tipos de servicio de radio y TDT (comercial, público y comunitario), crea el Registro de prestadores del servicio de comunicación audiovisual y establece sus normas de organización y funcionamiento, y contiene un sistema de reservas para emisiones en euskera.

El País Vasco adecua su regulación a la nueva Ley Audiovisual.-

El objeto de este decreto es establecer el régimen jurídico para la prestación del servicio de comunicación audiovisual, dentro del marco competencial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
De ahí que al igual que hicieran otras CCAA, el País Vasco a adaptado es su seno las novedades que en su día incorporó la LGCA para el ámbito estatal. Cuatro son las grandes circunstacias a tener en cuenta: (i) la liberalización de los servicios de comunicación audiovisual de carácter comercial y comunitario, dado que pasan de ser servicios públicos esenciales a convertirse en servicios de interés general prestados en régimen de libre concurrencia; (ii) la nueva vigencia temporal de las licencias audiovisuales vascas, que a tenor del nuevo decreto tendrán una duración de 15 años, en lugar de los 10 anteriores; (iii) La limitación de la exigencia de concursos públicos para obtener las habilitaciones, puesto que tan sólo aquellas actividades audiovisuales que requieran la utilización de las ondas hertzianas serán objeto de licitación; (iv) la ausencia de aplicabilidad de la Ley de Contratos del Sector Público, a los citados concursos para ser sustituida por la Ley Audivisual y la Lay del patrimonio del País Vasco; y (v) la mayor flexibilización a la hora de vender o alquilar las licencias una vez transcurridos 2 años.
Esta nueva configuración da lugar a un único texto legal para terminar con la dispersión normativa del País Vasco en materia de medios de comunicación social. Se configura así el nuevo régimen jurídico relativo a la radio y televisión, y adaptarlo a las necesidades específicas que presenta el sector de la comunicación audiovisual de Euskadi.

Reserva de emisiones en euskera

En los concursos para la adjudicación de licencias del servicio de comunicación televisiva se reservará, al menos, una licencia para la emisión íntegra en euskera en cada demarcación, siempre y cuando el número de licencias a adjudicar sea superior a 3.
En cuanto a los concursos para la adjudicación de licencias de radio FM, se reservará para la emisión íntegra en euskera, al menos, un tercio de las licencias en localidades con una población superior a 100.000 habitantes. Esto siempre y cuando el número de licencias a adjudicar sea superior a 2. Asímismo, se reservará para la emisión íntegra en euskera, al menos, una licencia en municipios con población inferior a 100.000 habitantes, siempre y cuando el número de licencias a adjudicar sea igual o superior a 2.
Las reservas mencionadas no surtirán efecto cuando no se presente ninguna oferta que contemple la emisión íntegra en euskera. Tampoco surtirán efecto las reservas citadas cuando las ofertas que contemplen la emisión íntegra en euskera no satisfagan las necesidades del servicio, de acuerdo con los umbrales que se establezcan en las bases.

Todo listo para los concursos públicos

Ahora la regulación básica del País Vasco ya está lista para que se abran las nuevas convocatorias de licencias de Radio FM o de TDT. Tan sólo habrá que esperar a las bases que rigen los concursoso públicos para empezar a preparar las ofertas técnicas.

Fuente: http://diezromeomedia.blogspot.com/2011/11/el-pais-vasco-aprueba-el-dec…

Los Ángeles (EE.UU.),.- Los doce miembros del jurado del juicio por la muerte de Michael Jackson han anunciado hoy que han alcanzado un veredicto sobre la responsabilidad que tuvo el médico del artista, Conrad Murray, en el fallecimiento del cantante en junio de 2009.
El jurado llegó a un acuerdo unánime sobre el veredicto alrededor de las 11.00 hora local de Los Ángeles (19.00 GMT) y notificó el final de sus deliberaciones al tribunal, que ha convocado a los abogados y a los familiares de los implicados a una vista en la que se dará a conocer la decisión en torno a las 13.00 hora local (21.00 GMT).
Conrad Murray, de 58 años, está acusado de homicidio involuntario por la muerte del "rey del pop" y se enfrentaría a una pena máxima de 4 años de cárcel en caso de recibir una sentencia condenatoria.
Las deliberaciones comenzaron el pasado viernes 4 de noviembre y los doce miembros del jurado sólo necesitaron diez horas para acordar el veredicto.
El juicio por la muerte de Michael Jackson empezó el 27 de septiembre, más de dos años después del deceso del artista, víctima de una intoxicación aguda de sedantes, en especial por el efecto de un anestésico de uso hospitalario llamado propofol.
La Fiscalía culpó a Murray de administrar a Jackson la dosis letal de propofol y cometer una serie de negligencias graves que constituyen un delito criminal.
La defensa insistió en que fue el propio Michael Jackson, al que describieron como un adicto al propofol, quien en un descuido de su médico se inyectó el fármaco que lo mató.

El Gobierno tiene previsto dejar aprobada gran parte del desarrollo normativo de la Ley del Juego, publicada en mayo de 2011, antes de las próximas elecciones generales del 20 de noviembre, para lo que aprobará a mediados de noviembre dos reales decretos, 13 ordenes ministeriales y tres resoluciones normativas, así como la convocatoria de las nuevas licencias del juego, según ha anunciado el subdirector general de Regulación del Juego, Juan Carlos Alfonso.
Así, durante su participación en las jornadas iGaming Summit'11 en Madrid, Alfonso ha señalado que actualmente el borrador del Real Decreto de Licencias y Registros y el Real Decreto de Sistemas Técnicos, que desarrollan la Ley del Juego, ya han sido notificados a Bruselas y actualmente están en el Consejo de Estado, que previsiblemente efectuará su dictamen preceptivo a principios del mes de noviembre.
Además, el Ministerio de Economía y Hacienda trabaja en una orden ministerial para regular la tasa que los operadores que quieran entrar en el negocio del juego en España deberán pagar para financiar a la administración reguladora del juego, así como otras 12 órdenes ministeriales que regularán cada uno de los tipos de juegos, como concursos, apuestas deportivas, etc.
Todo este desarrollo normativo está previsto que se apruebe en un Consejo de Ministros previo a las elecciones, junto a la convocatoria con los requerimientos necesarios para hacerse con una de las licencias que permitirán a las empresas que lo deseen entrar en el negocio del juego en España. La previsión del Ejecutivo es que las primeras licencias puedan estar otorgadas para principios de enero de 2012.
Sobre esta convocatoria, la directora general de Ordenación del Juego, Inmaculada Vela Sastre, ha avanzado que el Gobierno no ha establecido ningún "número clausus", por lo que todas las compañías que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley del Juego y en el desarrollo normativo tendrán derecho a una licencia.

INFORME DE LAS CC.AA.
En este sentido, el subdirector general de Regulación del Juego ha indicado que toda aquella entidad que aspire a hacerse con una licencia de juego deberá presentar un informe preceptivo de la comunidad autónoma en la que tenga radicada su sede, así como otro informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), dependiente de la Secretaría de Estado de Economía.
Asimismo, para obtener una de estas licencias, las entidades deberán acreditar mediante un proyecto de desarrollo que disponen de una capacidad suficiente como para dar un servicio de calidad a los jugadores que usen su servicio y que cuenta con los mecanismos necesarios para proteger a los usuarios más vulnerables, como los menores o las personas con ludopatía.
En cuanto a las garantías financieras, la propuesta que baraja Economía es solicitar un capital social mínimo de 100.000 euros a los candidatos a una licencia en general y de 60.000 euros para aquellos candidatos que aspiren exclusivamente a una licencia que les permita desarrollar un concurso televisivo.
Además, los aspirantes deberán presentar antes de obtener licencia los contratos que tienen con los operadores de telecomunicaciones para que el regulador pueda establecer cuál es la responsabilidad de cada cual en caso de que se produzca alguna de las infracciones contempladas en la Ley del Juego. Una vez que se publique la convocatoria a mediados de noviembre, los aspirantes tendrán un plazo de 20 días hábiles para presentar su solicitud.
Fuera de la regulación normativa que prepara el Gobierno quedará el Real Decreto de Publicidad del juego y la constitución de la Comisión Nacional del Juego (CNJ), órgano regulador del sector del juego previsto en la ley. Ambos proyectos serán responsabilidad del próximo Gobierno que salga de las elecciones del 20 de noviembre, según ha señalado la directora general de Ordenación del Juego, quien ha explicado que dado el adelantamiento de las elecciones "no se ha podido constituir" la CNJ.

CRÍTICAS DEL PP
Por su parte, el portavoz de Juego en el grupo parlamentario del PP, Antonio Gallego, ha criticado las "prisas" del Gobierno por "dejarlo todo atado y bien atado", con lo que "hipoteca" al sector para los próximos 10 años, y ha avisado de que, en el caso de que el PP gane las próximas elecciones generales, "revisará" el reglamento normativo del Ejecutivo.
En este sentido, Gallego, quien ha asegurado que en este tema el PP no tiene ningún motivo "electoralista" para ser crítico con el Ejecutivo, ha pedido al Gobierno que "eché el freno" y apure los plazos que marca la ley para "alargar el periodo transitorio" previsto en la ley para aprobar el desarrollo normativo y la convocatoria de las licencias.
"Pensamos que el último Consejo de Ministros --del actual Gobierno-- no tiene que servir para darle prisa a todo este proceso, pensamos que el Consejo de Ministro debe servir para ganar tiempo", ha subrayado.
En cuanto a las propuestas del PP en materia de juego, Gallego ha anunciado que el partido está "abierto a revisar la fiscalidad" que soportan las empresas que se dedican al juego y a instar a las Comunidades Autónomas en donde gobierna el Partido Popular a "mejorar la fiscalidad del juego presencial".
Además, sobre la CNJ, cuya constitución dependerá del próximo Gobierno que salga de las urnas, ha indicado que "no sirve para nada" y supone un gasto para el Estado, por lo que lo ha considerado "un órgano perfectamente prescindible".
En general, Gallego ha criticado la actuación del Ejecutivo en la tramitación de la Ley del Juego, que a su juicio, "se produjo para privatizar Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y hacer caja", y ha asegurado que el PP ya avisó al Ejecutivo que no la privatización de LAE iba a ser "una ruina" debido a la falta de liquidez de los mercados y la calificación a la baja de España.
Los beneficios netos para los sitios web que explotaron el juego 'online' en España superaron los 500 millones de euros en 2010, lo que daría un volumen de más de 10.000 euros jugados, según datos recogidos por la organización de las jornadas iGaming Summit'11.
La Ley del Juego, publicada en mayo de este año, reguló por primera vez en España el negocio de las apuestas 'on line' y creó un nuevo régimen fiscal para las apuestas 'on line', así como un sistema de licencias para los operadores que quieran operar en España que garantiza la protección a los menores y a las personas que sufren ludopatía.
La directora general de Ordenación del Juego ha destacado que la nuevas licencias de juego aportarán seguridad a los usuarios y supondrán una recaudación "importante" para las arcas públicas, ya que, al no estar regulado, hasta ahora las páginas web de apuestas "prácticamente no han pagado impuestos". En este sentido, Vela Sastre ha anunciado que su departamento ha establecido un censo de las empresas que actualmente están operando en este sector y, a partir de enero, actuará de forma estricta y rigurosa" contra aquellas que actúen sin una licencia.

Fuente: Europa Press

El pasado 2 de Noviembre de 2011, el Parlamento gallego ha aprobado con los votos del PP y del PSG la nueva ley de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia que convertirán a las empresas que integran la Compañía de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) en una corporación y que según los grupos que la apoyan, blinda el carácter público de la empresa.
El texto final ha contado con el rechazo del BNG, que presentó 85 enmiendas, todas rechazadas, ya que en opinión de su diputada Ana Pontón, la ley aprobada es «una amenaza para el futuro de los medios públicos».
La nueva ley establece que antes de seis meses el director general de la CRTVG deberá ser elegido por dos tercios del Parlamento en una primera votación o tres quintos en una segunda vuelta, lo que implica el acuerdo de varios grupos. En caso de no llegar a un acuerdo, en otra sesión plenaria sería suficiente con una mayoría simple.
Esta cuestión ha provocado que el BNG haya protestado por entender que, en la práctica, se otorga el control de la CRTVG al grupo con mayoría en la Cámara, en este caso el PP.

También cambia la composición del Consejo de Administración de la futura corporación, que pasará de doce a seis integrantes, también antes de seis meses e igualmente elegidos por el Parlamento y que no podrán ser cargos políticos o sindicales.
El BNG defendía en una de sus enmiendas el derecho de subrogación de los empleados de las tres empresas durante el proceso de transición a la nueva corporación, una reivindicación del comité interempresas, que fue rechazada por PSG y PP.
Estos grupos plantearon una transacción en la que proponían que los derechos de los trabajadores quedaban salvaguardados por la actual legislación, con una referencia expresa al estatuto de los trabajadores.
Esta redacción no fue aceptada por el BNG por entender que los otros grupos rechazaban explícitamente la subrogación de los trabajadores, con lo que, en su opinión, amparaban un ERE encubierto.
Mientras se producía el debate, en el exterior del Parlamento un grupo de trabajadores de la CRTVG demandaban la existencia de la CRTVG como un servicio público.

La presidenta del comité interempresas, Raquel Lema, explicó, tras conocer el resultado de la votación, que hoy es un día «aciago» para los trabajadores de los medios públicos audiovisuales gallegos.
Durante sus intervenciones, tanto Pedro Puy (PP) como José Manuel Lage (PSG) coincidieron en insistir en que la titularidad pública de la futura corporación está garantizada.
Estas afirmaciones intentaron ser rebatidas por la diputada nacionalista, que aludió a los programas electorales de ambos partidos para las próximas que no apuestan claramente por el mantenimiento de servicio público, en caso del PSOE, y que abogan por la libertad para privatizar, por parte del PP, según dijo.
Tanto Puy como Lage han coincidido en destacar que la nueva ley posibilita el cese del director general de la CRTVG por «mala gestión», cuando haya un desvío de un 10 por ciento del presupuesto.
El diputado del PSG también señaló que a su grupo no le gusta «lo que hay en la actualidad, ni la manipulación ni la censura ni las represalias a los profesionales» y por ese motivo defendió la necesidad de aprobar un texto legislativo que apuesta por la independencia y la profesionalización en la gestión.

Además, ante las críticas de Pontón de que la ley no blinda el gallego como la lengua exclusiva de la CRTVG, Lage le replicó que «el gallego no lo blinda que uno lleve una estrellita colgada» y reivindicó el papel de su grupo como defensor «de la lengua y la cultura del país sin ningún tipo de complejo».
Puy destacó que en el texto finalmente aprobado «hay huellas» del BNG, y se mostró convencido de que la nueva ley mejora la gestión y el control de la CRTVG, que es una «magnífica empresa pública» de Galicia.
El portavoz del PP afirmó que el modelo que defiende el BNG «lleva al fracaso de la televisión autonómica» y explicó que su grupo defiende el «interés general» al apoyar junto con el PSG esta ley.
Pontón concluyó que PP y PSOE están inquietos con la postura del BNG porque «pone el dedo en la llaga» y aseguró que con esta ley tanto «le están dando pilas nuevas al mando de Feijoo» en la CRTVG.
 

En los últimos años, cada vez hay más casos en los que las convocatorias de concursos públicos audiovisuales no exigen garantías para participar. Extremadura con la TDT y Castilla y León con las licencias de Radio FM decidieron no requerir avales para licitar. Lo que antes era un filtro para garantizar la seriedad de las proposiciones se ha convertido en un serio inconveniente para las empresas de comunicación.

A la vista de los nuevos procedimientos de selección para las nuevas licencias de Radio FM, y debido a la coyuntura económica actual, las CCAA se están planteando no exigir garantía alguna para concurrir.

La justificación jurídica para no exigir garantías a los participantes se encuentra en el artículo 91.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que establece que:
“considerando las circunstancias concurrentes en cada contrato, los órganos de contratación podrán exigir a los licitadores la constitución de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato”

Se explicita claramente que la exigibilidad de dicha garantía provisional es potestativa para el órgano de contratación. Y aunque la normativa de contratación administrativa no es de plena aplicación, ha servido de base para legitimar la ruptura de una barrera de entrada a la gestión de emisoras de radio.

En la actualidad, la falta de financiación es uno de los principales problemas que sufren las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y los autónomos y la crisis está colocando a muchas empresas en una posición de supervivencia. Hasta la fecha, a las empresas y a los autónomos del sector que participan en los diferentes procesos se les exige, en ocasiones, por parte de las autoridades audiovisuales, la correspondiente garantía provisional. Ello dificulta el acceso a los procesos de licencias audiovisuales ya que la exigencia de la garantía obliga a las empresas a depositar un aval que debe de mantenerse hasta la adjudicación provisional.

Esto significa una dependencia cada vez mayor de las empresas con las entidades financieras, únicamente por participar en un procedimiento de contratación con la Administración.

La autoridad audiovisual de Castilla y León (en las bases publicadas en abril de 2011) tomó la decisión de no exigir avales en el concurso público para otorgar licencias de comunicación radiofónica con el objeto de facilitar e incentivar la presentación de empresas a la licitación pública. La medida favoreció la reactivación del tejido empresarial radiofónico de la comunidad autónoma.

Por ello, los ejecutivos de Valencia, País Vasco, Cantabria, Cataluña y Navarra se plantean la posibilidad de no incluir los temidos avales como requisito previo para la participación en los nuevos concursos de licencias audiovisuales

Fuente: http://blogs.periodistadigital.com/jaimerodriguez.php/2011/11/03/las-ccaa-contemplan-no-exigir-garantias-

El programa electoral del Partido Popular, que este martes ha hecho público a través de su página web, realiza varias consideraciones en cuanto al sector televisivo. Las recetas de Mariano Rajoy contra la crisis pasan por la austeridad y la contención del gasto, la reforma del mercado laboral, la bajada de impuestos, la unidad del mercado y la simplificación administrativa. Bajo estas premisas se posiciona en las televisiones públicas.

El PP elude comprometerse con la privatización de las televisiones públicas locales o autonómicas. El partido de Rajoy sigue apostando por el modelo de propiedad pública, aunque abierto, eso sí, a la "participación" y "gestión" privada. http://www.diariojuridico.com/opinion/la-crisis-en-las-televisiones-aut…

Así, el PP promete en su programa, como anunció, que regulará en el Congreso "las reformas legislativas necesarias" para que presidentes autonómicos y alcaldes "tengan libertad" para "adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas que permitan la entrada de participación privada".
Sin poner en cuestión las televisiones públicas sino su gestión, los populares prometen además "estudiar la viabilidad económica del actual modelo de televisiones públicas para redimensionarlas y adaptarlas a la coyuntura que estamos atravesando". Así, el programa popular promete "establecer legalmente techos máximos de gasto y endeudamiento para todos los medios de comunicación públicos".

El Partido Popular considera que la administración local necesita una reforma que potencie "el control y la fiscalización" de los entes que la integran y, en concreto, pretende que todos los municipios con más de 5.000 habitantes sean sometidos a auditorías financieras, operativas y de cumplimiento.
Además, se compromete a potenciar la jurisdicción del Tribunal de Cuentas y avanza que, para que las corporaciones locales puedan recibir ayudas y subvenciones públicas, se exigirá "la exacta y completa rendición de cuentas".

I.- Introducción.-
Desde el pasado mes de julio de 2010, tres CCAA han convocado concursos de licencias de radio FM en España, Canarias, Galicia y Castilla y León. La particularidad de estas convocatorias versa en que deben respetar las obligaciones derivadas de la nueva Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual (en adelante, LGCA).

Por todos es conocido que la nueva normativa audiovisual ha sido promulgada con la finalidad de codificar, liberalizar y modernizar la vieja y dispersa normativa española de los medios de comunicación social.

De hecho ha sustituido a una regulación ya desaparecida por necesidades del nuevo panorama audiovisual.

En lo que respecta al régimen de gestión del servicio de comunicación radiofónica, la LGCA establece una serie de requisitos que las CCAA deben de cumplir a la hora de reglamentar la Radio FM en su territorio.

En este sentido, los interesados en gestionar emisoras de radio FM deben de obtener la correspondiente licencia tras pasar por un concurso público. Y ello porque el medio utilizado son las ondas terrestres (a diferencia con las comunicaciones por cable o por satélite). El proceso selectivo debe contar con unos criterios de valoración a tener en cuenta por las autoridades ante las ofertas presentadas por los interesados.

II.- Obligación de incluir la experiencia en los criterios de valoración.-
Los criterios clásicos y que se mantienen hoy en día son (i) Propuesta de programación; (ii) viabilidad económica; y (iii) viabilidad tecnológica. Pero el artículo 28 de la LGCA fija la obligación de incluir la experiencia de los concursantes entre los factores a tener en cuenta para la adjudicación. Es decir, que uno de los criterios de valoración de las ofertas ha de ser la experiencia previa en el sector.

“El concurso para la adjudicación de la licencia en régimen de concurrencia deberá ser resuelto en el plazo máximo de seis meses, y en las bases de la convocatoria se deberá incluir la experiencia de los concursantes, su solvencia y los medios con que cuenten para la explotación de la licencia, como criterios que habrán de ser tenidos en cuenta para la adjudicación”

Se persigue con ello premiar a las iniciativas radiofónicas que han ido apareciendo durante los últimos años, y que han estado en una situación de incertidumbre jurídica absoluta.

Esto también se refleja el Plan Técnico Nacional de la Radiodifusión Sonora aprobado por el Real Decreto 964/2006, de 1 de septiembre. Allí, se manifiesta expresamente que se incrementan las frecuencias como consecuencia del aumento de la oferta plural de servicios de radiodifusión sonora.

III.- Incumplimiento por algunas CCAA.-
Analizadas las bases de los últimos concursos de radio FM convocados bajo las premisas de la LGCA, se advierte de Canarias y Galicia no recogen la obligación de contar con la experiencia de los concursantes. Sin embargo, el pliego de Castilla y León cumple perfectamente con los deberes de la LGCA al contemplar una serie de puntuaciones en concepto de experiencia previa de los solicitantes.

Qué duda cabe que las consecuencias jurídicas pueden ser la anulación de las convocatorias puesto que no se ha dado la oportunidad a los participantes de demostrar su experiencia. De hecho, (i) se atenta contra las emisoras ya asentadas, que pudieron verse beneficiadas en el proceso de evaluación con la atribución de puntuación adicional; y (ii) se infringe el artículo 28 de la LGCA, al impedir la aplicación de la obligación de valorar la experiencia previa.

Ahora la decisión se encuentra en los Tribunales, en especial en Canarias ya que numerosas emisoras han impugnado las bases del concurso y los criterios de valoración.
 

El 28 de octubre de 2011 ha publicado la decisión tomada por el Consejo Superior Audiovisual de Francia, el pasado 18 de octubre, en la que se convocaba un proceso selectivo para otorgar 5 licencias de Radio FM en Guadalupe.
Las autorizaciones se otorgarán sobre servicios de radiodifusión sonora FM de categoría A, o también denominadas radio de proximidad asociativa; y de categoría B las llamadas radio provincial o local independiente.
El plazo para presentar las solicitudes termina el próximo 15 de diciembre de 2011, a las 16:00 horas; y deberán ser entregados en el Comité Territorial Audiovisual del Caribe y Guyana.

Una vez se tengan todas las solicitudes se procederá a la evaluación de los proyectos que deberán contener al menos los siguientes extremos:

1. Formulario indicando las características de la solicitud.
2. Presentación de la empresa que licita.
3. Propuesta de programación conforme al servicio al que opta.
4. Viabilidad económica.
5. Viabilidad técnica.
6. Las pautas del acuerdo que se firmará con el Consejo Superior Audiovisual.

En la valoración de las ofertas, el Consejo Superior Audiovisual, tendrá en cuenta las siguientes variables (i) La experiencia adquirida por el candidato en las actividades de comunicación; (ii) La financiación y las perspectivas de la explotación del servicio, especialmente la compartición de recursos entre las empresas de publicidad impresa y los servicios de comunicación audiovisual; (iii) La tipología de programación, hincapié en los informativos, contenidos locales, producción propia local; (iv) el compromiso de no desvirtuar los parámetros técnicos de la autorización.

http://diezromeomedia.blogspot.com/2011/11/el-consejo-superior-audiovis…

http://www.csa.fr/actualite/decisions/decisions_detail.php?id=134516

Using data supplied by communications providers, they provide a picture of outdoor mobile coverage and mobile broadband availability, as well as Freeview and Digital Audio Broadcast (DAB) radio coverage.
They join three existing interactive Ofcom maps published earlier this year which examined broadband speeds, potential local TV coverage and mobile phone base stations.

Mobile coverage
With the mobile coverage map, each of the 200 areas of the UK has been ranked according to a score given for coverage and colour coded with green ranking highest and red lowest.
Ofcom’s data shows considerably better household coverage compared with geographic coverage.
This is because mobile providers tend to prioritise investment in network infrastructure where the maximum number of consumers and businesses can be served.

2G signal
The maps show that 97% of premises and 66% of the UK landmass can receive a 2G signal outdoors from all four 2G networks.
2G coverage is suitable for making calls and sending text messages.
This means that approximately 900,000 UK premises do not have a choice of all four 2G mobile networks.

3G coverage
For 3G – which enables you to watch videos and TV and access the internet through your mobile phone – 73% of premises and 13% of the UK’s landmass can receive a signal outdoors from all five 3G networks, with lower coverage in less densely populated areas.
This means that approximately 7.7million UK premises do not have a choice of all five 3G mobile networks.
The areas of lowest 3G geographic coverage are in the highlands of Scotland and mid-Wales which are both sparsely populated with hilly terrain.
Ofcom is currently working closely with the Government to consider how the £150m that it has allocated to help address mobile not-spots, can deliver the greatest benefits for UK consumers. Working to address mobile not-spots is one of Ofcom’s priorities as set out in its 2011/12 annual plan.

Communications infrastructure
The maps are part of Ofcom’s first report on the UK’s communications infrastructure which it is now required to submit to the Secretary of State for Culture, Media and Sport every three years.
The report gives a snapshot of the UK’s communications infrastructure and provides a base against which Ofcom can measure for subsequent reports.
Ofcom’s Chief Technology Officer, Steve Unger, said: ‘This is our first report to the Government on the UK’s communications infrastructure. We hope it will be a useful reference point for interested parties, particularly in the light of the recent Government funding package of £150million to help address mobile not-spots.
‘Ofcom welcomes feedback from all stakeholders, particularly around whether there are others areas it should consider for future reports in order to build up the most complete picture of the UK’s communications infrastructure. Over the next 12 months, we expect there to be continued rapid growth in availability of super-fast broadband services and data use, and we aim to publish an update on this next summer.’

Coverage checkers
Each of the mobile networks have coverage checkers which can give you an indication of 2G and 3G coverage according to your postcode.
You simply enter the postcodes of your home, office and anywhere else where you know you’ll depend on good coverage. The site should then give you a guide as to what you can expect.