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15. Octubre 2013

Desde hace ya demasiado tiempo las referencias a la piratería comercial en nuestro país tienden a incurrir en lugares comunes. Las estadísticas sobre los índices de piratería no mejoran y los informes sobre daños a la industria son tan redundantes que a fuerza de ser repetido, el mensaje ya pierde fuerza.

Parece que debemos asumir que las marcas y los derechos de autor están llamados a padecer un alto grado de falsificaciones, como si este fenómeno formase parte de las leyes del mercado o resultase inherente a cualquier sociedad de consumo. Y sin embargo, nadie debería resignarse a esta situación. Resulta paradójico que cuanto más sensible se muestra la comunidad hacia el medio ambiente, la violencia de género o la protección de los datos personales, más indiferencia aparenta hacia valores tan esenciales como la creación, los activos inmateriales de las empresas o la Cultura.

Es por eso que una reforma penal de la delincuencia en este ámbito suscite al mismo tiempo tantas expectativas como temores. A juzgar por la experiencia de alguna reforma reciente de cuyo nombre es preferible no acordarse, los autores han llegado a hacer suya aquella máxima de Montaigne según la cual los Príncipes me dan mucho si no me quitan nada y me hacen bastante bien cuando no me hacen ningún mal.

No es raro que suceda que reformas que se presentan a consulta como un avance firme en la dotación de medios de defensa frente a las defraudaciones, con el paso de los meses y de su tramitación parlamentaria acaben tan descafeinadas que su puesta en práctica nace ya con el virus del fracaso en sus entrañas. Tampoco es inusual que leyes que se conciben como la panacea de la modernidad impliquen en la práctica un retroceso tal que coloca al derecho de autor en épocas de penumbra que se creían ya superadas para siempre. Estas reflexiones vienen muy al caso cuando nos encontramos a las puertas de la reforma del Código penal, particularmente en lo tocante a la piratería en la red. De todos es sabido que el proyecto presentado por el Gobierno contempla la tipificación penal de las descargas ilícitas en Internet o de las webs de intercambio de archivos, por simplificarlo de algún modo. Y esto parece que ha causado las naturales alarmas entre algunos colectivos. Más allá de las inevitables dificultades de técnica legislativa que implica cualquier regulación del derecho de autor en la red (la necesidad de hilar muy fino para evitar conceptos jurídicos indeterminados, para evitar la incriminación de procesos que constituyen la mismísima razón de ser de Internet o para huir de la imposición de penas que por una duración excesiva inviten a la benevolencia judicial antes que a su aplicación rigurosa) hay que aplaudir cualquier empeño de erradicar de una vez una lacra tan gravosa.

Sería una lástima que por la necesidad política de contentar a unos u a otros se perdiese la oportunidad histórica de dar un salto decisivo en la persecución penal de la piratería en la red.

Dicho esto, tampoco puede pasarse por alto una cierta perplejidad. El Gobierno afronta la reforma de las defraudaciones de derechos de autor en Internet desde una triple perspectiva y a través de dos Ministerios distintos: la reforma del Código Penal (para la tipificación del ilícito), la reforma de la llamada Ley Sinde-Wert (para la mejora del sistema de medidas administrativas de salvaguarda a cargo de la Comisión de Propiedad Intelectual) y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento civil (para el reforzamiento de las medidas cautelares y las diligencias preliminares). A la postre, todo apunta que en el futuro los autores se encontrarán con la posibilidad de instar la retirada de contenidos y la interrupción de los servicios de la sociedad de la información por una triple vía: administrativa, penal y civil. Y uno podría preguntarse si esta situación más que una ventaja no representa un inconveniente, habida cuenta la complicación añadida de delimitación del ilícito y el baile de competencias entre unas autoridades y otras. La sobreprotección del derecho de autor puede ser tan nociva como la falta de tutela.

 

Por Antonio Castán Perez-Gomez, Abogado-socio de Elzaburu

http://cincodias.com/cincodias/2013/10/10/economia/1381411875_868795.html

17. Julio 2013

Si el ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941 convertía el conflicto en Segunda Guerra Mundial, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2012, que anula 9 licencias de TDT estatal ha dado al polvorín televisivo que se vivía en las CCAA desde el 2008 una dimensión estatal.

El sector televisivo se ha convertido en un polvorín desde que el Tribunal Supremo anuló la asignación directa de un múltiple Digital (MUX) a cada una de las sociedades concesionarias de la TDT estatal. Pero el estallido final tuvo lugar el pasado 22 de marzo de 2013 con la ejecución de la Sentencia por el
Consejo de Ministros.

Los operadores estatales han puesto su grito en el cielo y según fuentes periodísticas se encuentran sorprendidos por la falta de diálogo con el actual Gobierno, algo que ha sido un denominador común en los conflictos entre televisiones locales y autonómicas y los ejecutivos de turno, cuando eran anuladas las licencias por los tribunales.

Los hechos se remontan al 16 de julio de 2010, cuando el Consejo de Ministros presidido por Zapatero asignaba directamente un múltiple digital estatal a cada una de las televisiones con licencia de TDT de ámbito estatal. Un acto que muchos interpretaron como un cierre a la entrada de nuevos operadores en el mercado.

A partir de ahí, tres irregularidades comenzaban a denunciarse:

• Las cadenas televisivas han obtenido nuevas licencias sin pasar por un concurso público.
• Los nuevos múltiples se asignan en contra de la normativa de Unión Europea y de la doctrina de los tribunales europeos.
• Esta asignación de nuevos MUX es interpretada como un agravio comparativo hacia el resto de empresas con vocación televisiva que han visto sus solicitudes denegadas.

Esto dio lugar a que una empresa del sector (que nada tiene que ver con las grandes cadenas) planteara un recurso ante el Tribunal Supremo pidiendo la anulación de la adjudicación directa.

Las razones legales

El recurso de Infraestructuras y Gestión 2.002, S.L., se basaba en los siguientes motivos:

1.- La Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual exige la realización de concurso para otorgar licencias de servicios audiovisuales televisivos (televisión TDT) que utilicen ondas hertzianas. Y la asignación de MUX se hizo al amparo de una regulación derogada: los Reales Decretos 944/2005 y 365/2010.
2.- Toda concesión de derechos de uso de radiofrecuencias ha de efectuarse mediante procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios. Esto lo establece la Directiva 20/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la utilización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Una asignación directa discrimina al resto de empresas que no son Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo Televisión, Net TV y La Sexta. Y desde luego, no se puede considerar transparente, ni abierta. Al contrario, impide la entrada de nuevos actores al mercado televisivo.

Estos argumentos han sido los que ha utilizado el Tribunal Supremo para anular las licencias a las cadenas de televisión estatales, que han sido víctimas de una deficiente e irregular decisión de la administración.

Los damnificados

La Sentencia del Tribunal Supremo anula nueve licencias a los siguientes operadores:

-Mediaset (la empresa que agrupa ahora a Cuatro y Telecinco) pierde dos canales: los que ocupan Nueve y Energy.
-Veo TV (que pertenece al grupo editor del diario El Mundo (Unidad Editorial) pierde también dos canales.
Recordemos que emite Disney Channel, Intereconomía, Paramount y MTV (las dos últimas, alquiladas).
-Net TV (propiedad de Vocento) perderá otros dos canales. A través de las licencias de Net se emiten Marca TV, 13 TV, Discovery Max y AXN (ésta última en TV de pago).
-Atresmedia (empresa resultante de la absorción de laSexta por Antena 3) se quedará sin tres canales (Nitro, Xplora y La Sexta 3).

El escenario televisivo actual
 
UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), ya ha anunciado acciones legales contra la ejecución de la Sentencia, al haber situado “a los operadores de televisión y a todo el sector audiovisual” – según un comunicado público - en una “situación de inseguridad jurídica sin precedentes”. Deberemos esperar a conocer los argumentos jurídicos que invocará para tratar de invertir la situación y mantener la legalidad de esos 9 canales anulados.

Lo cierto es que desde 2008, el ámbito jurídico del sector de la televisión en España resulta cada más inestable por las irregularidades que los Tribunales están detectando en el reparto de licencias. Nulidad de la TDT Autonómica, Local e Insular en Canarias (todas anuladas). Invalidez de la TDT Local en la Comunidad Valenciana (42 canales declarados ilegales). Anulación de la TDT Local en Galicia (2 demarcaciones) y en Ceuta. Algo increíble.

Y son las propias irregularidades de la administración las que fomentan:
• La concentración de concesiones.
• La devaluación de las licencias televisivas, por estar casi todas recurridas.
• El incremento de emisiones sin autorización.
• La dificultad de sancionar a las televisiones sin licencia.

A lo que hay que añadir los informes de grandes corporaciones de abogados extranjeros que recomiendan a sus clientes (cadenas televisivas con gran respaldo financiero), emitir sin acudir a las licitaciones. No vaya a ser que luego las licencias se anulen por las irregularidades de quienes las otorgan. Por todos es conocido que varias cadenas consideran que resulta más rentable afrontar procesos sancionadores –por su ineficacia- que confiar su existencia a la obtención de licencias audiovisuales.

En definitiva, nos encontramos en un entorno donde cada vez se hace más patente la incertidumbre jurídica caracterizada por sentencias judiciales que declaran las licencias audiovisuales nulas por anomalías de la administración.

Esto es algo que debe cesar si queremos disfrutar de una plena libertad de prensa audiovisual.

 

Jaime Rodriguez Díez

jrodriguez@diezromeo.com

 

14. Abril 2013

Hace días asistimos a la anulación judicial de las licencias adicionales adjudicadas en julio de 2010, por el Ejecutivo socialista a Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Net TV y Veo TV. El Tribunal Supremo dejó claro este 22 de marzo de 2013 que se suprimirán 9 canales de cobertura estatal.

En las CCAA la situación es cada vez más insostenible. El reciente reparto de la FM en Canarias y Navarra y el caso de las licencias de la TDT Canarias.

Ya son más de una docena de Sentencias del Tribunal Supremo (TS) las que confirman que el reparto de la TDT en Canarias fue irregular. Con la particularidad de que al Gobierno de Canarias se le está condenando en costas: 5.000 € por procedimiento perdido, y en 2 ocasiones hasta 6.200 €.

Los hechos se remontan al cuestionado reparto de licencias de la TDT en 2007, que fue impugnado ante los Tribunales por los licitadores no seleccionados. En primera instancia se les dio la razón, y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictaminó que el Gobierno de Canarias había cometido irregularidades en la adjudicación:

• Falta de justificación del proceso de selección de la empresa que iba a valorar los proyectos de TDT
• Informe técnico carente de imparcialidad
• Desnaturalización de las funciones de la Mesa de Contratación al asumir las consideraciones del Informe sin la menor crítica o razonamiento.

La Administración canaria recurrió al TS al no estar conforme con los fallos del TSJC y los resultados no han podido ser más negativos al perder todos y cada uno de los recursos de casación. Además con la imposición de unas costas considerables (5.000 € y 6.200 € por cada proceso) por conducta procesalmente temeraria. Es decir, al recurrir por recurrir.

Los magistrados han fijado unas costas tan altas haciendo uso de la facultad del artículo 139.3 de la LJCA. Este artículo concede a los Tribunales el poder para imponer los gastos del juicio, cuando aprecie mala fe o temeridad litigiosa en su actuación procesal. Y es que se ha demostrado que el Gobierno de Canarias ha utilizado una sistemática de litigar por litigar:

• en defensa de pretensiones declaradas indefendibles por las todas las Sentencias del TSJC (anulando el reparto de la TDT)
• al basarse en hechos indemostrados (no se motivó el reparto, la Mesa de contratación fue desnaturalizada, la no parcialidad de la adjudicación)
• al utilizar los mismos textos en los recursos de casación por los letrados del Gobierno de Canarias (el conocido “copia y pega”)

Sea como fuera, resulta paradójico cómo está derivando la situación:

Muchos operadores creen que tienen las licencias de TDT o Radio FM aseguradas. Los gobiernos autonómicos de turno adjudican escandalosamente pensando que “el recurso del pataleo no sirve de nada”. Y finalmente los Tribunales:

• Despojan a los concesionarios de sus licencias, dejándolos en la incertidumbre y sin modelo de negocio.
• Descubren los “arreglos” de los ejecutivos en el reparto de licencias.
• Obligan a los que repartieron a pagar a los no adjudicatarios.
• Y dejan un panorama absolutamente desregulado

La reflexión es ¿Merece la pena todo esto en lugar de repartir con mayor pluralidad? Parece que sí.

 

Jaime Rodríguez Díez

4. Diciembre 2012

El pasado día 27 de noviembre se publico en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, el Proyecto de Ley 6/2012, de Medidas Fiscales y Administrativas, que crea un nuevo régimen jurídico para los macro-establecimientos de juego. Tan sólo falta saber, tras las posibles enmiendas planteadas, como quedará el texto en su totalidad. No obstante, el proyecto de Ley ya vislumbra grandes medidas tendentes a favorecer la implantación de complejos de casinos de juego marcados por su gran dimensión.

La finalidad de la innovadora normativa es la de adecuar su legislación a los nuevos modelos de negocio y condiciones derivados de los denominados Centros Integrados de Desarrollo. Concepto jurídico que se da a los grandes complejos de promoción privada con una superficie considerables, que aglutinan numerosos establecimientos de juego, mayoritariamente casinos. El ejemplo claro del proyecto Eurovegas.

I.- Respuesta normativa a las grandes inversiones privadas en el juego.-

La ejecución de proyectos como el de Eurovegas en Madrid, y Bcn World en Barcelona plantea situaciones y nuevos escenarios no contemplados por la normativa general vigente en materia de juego. De ahí, que los reguladores autonómicos planten normativas que respondan a la nueva concepción de los servicios lúdicos.  

El texto normativo pretende ordenar y actualizar la legislación del juego madrileña vigente hasta ahora incompleta. Hasta la fecha tan sólo se regulaba una concepción tradicional del juego que ha sido superada por la configuración física y operativa propia de los casinos de juego presentes en los Centros Integrados de Desarrollo.

Y es que las grandes inversiones de capitales que suponen las iniciativas como Eurovegas, deben tener una respuesta normativa para maximizar, ordenadamente, tanto la creación y mantenimiento de empleo, como la promoción del turismo que promueven.

II.- Algunas medidas a tener en cuenta.-

El primer paso en la adaptación del marco jurídico autonómico pasa por la modificación parcial de la Ley 6/2001, de 3 de julio, del Juego en la Comunidad de Madrid, para extender a los casinos de juego el régimen aplicable a esta tipología de establecimientos cuando están incluidos en los Centros Integrados de Desarrollo y completar la regulación de las salas apéndice.

La ley mantiene que el gobierno determinará la autorización de los casinos mediante el sistema de concurso. Y para dicha concesión se valorarán, entre otros, los siguientes criterios:

• La solvencia técnica y económica de los promotores y las inversiones a realizar.
• El interés socioeconómico, y el interés turístico del proyecto.
• El informe del Ayuntamiento del Municipio donde se pretenda instalar.
• La oferta de ocio complementaria.
• El convenio específico que proponga el solicitante.
• La generación de empleo y las medidas de estabilidad y calidad del mismo.

Pero entre las novedades destacan que el horario de funcionamiento de las salas de juego se determinará libremente por el casino.

Las empresas que gestionan los casinos podrán conceder préstamos, y múltiples modalidades de financiación a los jugadores.

Se crea la Comisión de Control del Juego como organismo público al que se atribuye la autoridad máxima en relación con la actividad del juego, tanto en los Centros Integrados de Desarrollo como en el resto de establecimientos de juego.

Desde el plano fiscal se modifica el tipo tributario para los casinos y se regulan por primera vez bonificaciones en la cuota por inversión, creación y mantenimiento de empleo. Este cambio corresponde a la necesidad de adaptar la actual tributación de los casinos de la Comunidad de Madrid al nuevo entorno, derivado de la entrada en funcionamiento de los Centros Integrados de Desarrollo.

III.- Los Centros Integrados de Desarrollo (CID)

Se introduce la figura de los macro-casinos definiéndoles como Centros Integrados de Desarrollo de juegos y se articula su régimen jurídico básico.

1.- Régimen de autorizaciones.-

Se establecen los requisitos de la autorización para la realización de juegos en Centros Integrados de Desarrollo, que son los siguientes:

• La empresa ha de ser sociedad anónima, y estar domiciliada en la Comunidad de Madrid.
• Su cuyo objeto social ha de consistir exclusivamente en la explotación de juegos.
• Acreditar la disponibilidad del local o establecimiento donde se vaya a realizar la actividad.
• Tener un capital social totalmente suscrito y desembolsado de 12 millones de euros.
• Constituir una garantía de 350.000 euros.

Otras de las cuestiones reguladas son las siguientes:

Las autorizaciones podrán transmitirse.

La actividad de juego desarrollada por terceros dentro de un Centro Integrado de Desarrollo no determinará ninguna responsabilidad para el titular de dicho Centro.

Con respecto a la vigencia, con carácter general la autorización tendrá una vigencia de 10 años y podrá ser renovada por períodos de idéntica duración si se cumplen los requisitos establecidos

La renovación se deberá solicitar con una antelación de 2 meses a la expiración de la autorización vigente.

Las autorizaciones de juego podrán ser revocadas por la Comisión de Control del Juego mediante resolución dictada al efecto en los siguientes supuestos:

• En caso de incumplimiento muy grave o pérdida de las condiciones sustanciales exigidas en cuanto al desarrollo de actividades de juego, requeridas para su autorización en el momento de solicitarse o a las que estuvieran sometidas en su desarrollo.
• Por incumplimiento de las obligaciones tributarias en materia de juego de la Comunidad de Madrid, calificado como delito mediante sentencia firme.

2.- La actividad de los casinos en Centros Integrados de Desarrollo.

Los centros tienen la facultad de identificar a las personas que accedan a los mismos para verificar si cumplen con las condiciones legales previstas (blanqueo de capitales, limitaciones a los menores e incapacitados, etc…)

El Proyecto establece que pueden acceder a los centros, pero sin poder practicar ningún juego, o participar en apuestas, ni usar máquinas:

• Los incapacitados, acompañadas de su representante legal.
• Las personas inscritas en los Registros de Interdicciones Nacional o de la Comunidad de Madrid.
• Los menores, siempre que estén acompañados de un mayor de edad.

Los Macro-casinos deberán comunicar a la Comisión de Control del Juego los medios técnicos y humanos para evitar que estos colectivos puedan realizar actividades lúdicas.

En cualquier caso, los premios obtenidos por los que no tienen derecho a jugar perderán su ganancia y esta será retenida por la Comisión de Control del Juego.

Los Centros Integrados de Desarrollo tendrán reconocido el derecho de admisión, en particular, a las áreas de juego.

Las garantías de los jugadores también vienen recogidas el Proyecto. En este sentido, se establece que  los usuarios han de tener acceso a las condiciones y normas de todos los juegos y a tal fin serán publicadas. Asimismo, se fija un sistema de seguridad obligatorio asegura la transparencia en el desarrollo de las actividades de juego. El control efectivo de esa seguridad por parte de la Comisión de Control de Juego cierra el mecanismo de certeza.

Se establece ante la Comisión de Control del Juego, un mecanismo dual de reclamaciones relacionadas con la participación de los jugadores.
El texto normativo autoriza a los casinos y otros establecimientos de juego en Centros Integrados de Desarrollo la concesión de préstamos y créditos a jugadores. Aunque las condiciones serán reguladas en la normativa aplicable.

3.- Régimen sancionador

El régimen sancionador está contemplado en el Proyecto de un modo particular, ya que se prevé la clausura definitiva del establecimiento. Se fijan como agravantes las siguientes circunstancias, que serán tenidas en cuenta para graduar el importe económico de la multa:

• Falsedad de los trámites
• La reincidencia.
• La utilización de medios ilegales en la comisión de infracciones relacionadas con el juego.
• Relevancia del beneficio obtenido por la infracción.

Las clases de sanciones establecidas son las siguientes:

• Apercibimiento.
• Multa.
• Suspensión temporal de actividades y cierre temporal del establecimiento, locales o instalaciones.
• Inhabilitación temporal para ser titular de autorizaciones para la organización, explotación o práctica de actividades en los Macro-casinos.
• Clausura definitiva del establecimiento.
• Revocación de la autorización.

Las multas oscilarán entre 10.000 y 1.000.000 €, de acuerdo a la siguiente clasificación:

• Infracciones leves, en cuantía de hasta 10.000 euros.
• Infracciones graves, en cuantía comprendida entre 10.001 y 100.000 euros.
• Infracciones muy graves, en cuantía comprendida entre 100.001 y 1.000.000 de euros.

La suspensión de las actividades, la inhabilitación para ser titular de la autorización o el cierre del Centro Integrado de Desarrollo, podrá imponerse como sanción principal o accesoria a la multa de conformidad con la siguiente graduación:

• Para las infracciones graves y reiteradas suspensión, inhabilitación o cierre por un plazo de hasta 6 meses.
• Para las infracciones muy graves, clausura definitiva, total o parcial.

El Proyecto establece que se podrá decretar dar publicidad a las sanciones que conlleven el cierre o la suspensión de la actividad, lo que repercutirá negativamente en la reputación del casino

Finalmente, el órgano competente para la imposición de las sanciones a los macro-casinos de la Comunidad de Madrid será la Comisión de Control del Juego.

Jaime Rodríguez Díez, jrodriguez@diezromeo.com
 

19. Octubre 2012

El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal que incluyó algunas novedades con respecto al borrador que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó hace tres semanas. Todas ellas encaminadas a la defensa de las mujeres.

I.- El doble consentimiento.-

Entre ellas destaca la posibilidad de penalizar entre 6 meses y un año de prisión la distribución sin consentimiento de imágenes o vídeos, aunque éstos hayan sido obtenidos de forma lícita.

Se pretende instaurar la exigencia de una mecánica de doble consentimiento en esta figura tipificada en el artículo 197 del Código Penal, que proscribe la interceptación o apoderamiento de mensajes privados (incluyendo las imágenes o grabaciones eróticas)
Ahora, el reproche penal se salvará tan sólo en el supuesto de que se recabe el consentimiento para:
• Captar grabaciones de imágenes íntimas, y
• Divulgar, distribuir o difundirlas.

Antes, era difícil castigar a quien, tras grabar un video íntimo con consentimiento para ello, lo divulgaba con ánimo de atentar a la intimidad. Por eso nos encontrábamos con personas que, tras la ruptura de la relación sentimental,  por despecho, hacían públicos sus videos eróticos. Y difícilmente podían ser reprendidos penalmente con la contundencia debida, debido a que las víctimas habían prestado consentimiento para su grabación.
De hecho, la referencia de la reforma dice textualmente: "Se pena la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, pero luego divulgadas sin que ésta lo sepa, cuando afecten gravemente a su intimidad. El Código Penal vigente sólo castiga el apoderamiento o interceptación de cartas o mensajes privados de la víctima, pero no preveía cuando era ella misma quien se los facilitaba a la persona que luego los difundía".

Ahora se requiere un consentimiento dual simétrico en la configuración del sistema informativo audiovisual. Es decir, autorizar en dos actos separados la captación y la difusión.

II.- Los Motivos.-

Las razones justificativas esgrimidas para adoptar esta reforma pasan por las siguientes cuestiones:
• Adaptar el sistema penal para dar respuestas a las nuevas formas de delincuencia a través de la nueva sociedad del conocimiento.
• Reforzar la protección de los derechos a la intimidad personal en el plano audiovisual.
• Subsanar las lagunas de la punibilidad derivadas de los avances de la tecnología moderna.
• El impacto de las Redes Sociales en la actualidad repercusión inmediata a escala planetaria.

III.- Algunos elementos jurídicos.-

El refuerzo defensor con esta reforma incide en el Derecho Fundamental a la Intimidad personal garantizado en el artículo 18.1 de la CE., ya que nuestro ordenamiento no puede permitir que imágenes íntimas consentidas sean divulgadas en busca de mermar la reputación y la buena estimación de la victima. Máxime cuando se trate de conductas que, por afectar  a la esfera más privada de una persona, no pueden tener trascendencia en la vida pública, profesional  o empresarial.

Las conductas que reprueba la legislación criminal son, entre otras y a grandes rasgos,
• El apoderamiento de la correspondencia (papeles, cartas, e-mail, documentos etc…) personal a cuyo secreto tenemos derecho.
• La interceptación de las telecomunicaciones
• Usar artificios técnicos de escucha, transmisión y grabación de imágenes y sonido

Siempre que se realicen:
• Sin consentimiento
• Con el fin de descubrir el secreto de nuestras comunicaciones y vulnerar la intimidad.

Jaime Rodríguez
 

Velázquez 27, Planta 1º, Izquierda. 28001. Madrid, Tel.: 91 436 19 79, Fax: 91 426 38 04

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