La nueva Ley de Telecomunicaciones: motivos y alcance
Redes ultrarrápidas.-
Cada vez más la sociedad del conocimiento avanza gracias a las constantes innovaciones que se van produciendo en la tecnología digital. Uno de los últimos hitos es la presencia de redes de banda ancha ultrarrápida y su necesidad para desarrollar nuevos servicios. Por eso, España ha adaptado en su seno los objetivos que se ha marcado la Unión Europea en la Agenda Digital para Europa. Ahí se fija para el 2020 la necesidad de:
• Disponer de cobertura de más de 30 Mbps para todos los ciudadanos; y
• Lograr que, al menos el 50% de los hogares, hayan contratado velocidades superiores a 100 Mbps.
Es decir, diseñar políticas concretas que permitan un mayor despliegue de las citadas redes de banda ancha ultrarrápida, y fomentar al máximo la denominada conectividad digital. La Agenda Digital para España ya ha planificado una hoja de ruta con una serie de medidas orientadas a:
• Excluir, al máximo, las barreras a los despliegues.
• Impulsar el despliegue de redes de banda ancha ultrarrápida.
• Optimar eficientemente el uso del espectro radioeléctrico.
• Facilitar la adopción de los servicios de banda ancha
Con esto se logrará los distintos estados puedan palpar los beneficios que generan las tecnologías digitales. No obstante, aun queda camino por recorrer.
La nueva Ley General de Telecomunicaciones.-
Como paso inicial a la mayoría de las actuaciones previstas, se prevé la promulgación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones en el plazo de 1 año. Con la norma marco en vigor comenzarán a aplicarse los objetivos plasmados para eliminar los obstáculos que los operadores de telecomunicaciones se encuentran:
• Unos procedimientos administrativos farragosos, que se convierten los trámites de cualquier acometida en gestiones interminables.
• La existencia de una legislación atomizada que deja a los profesionales técnicos en manos de criterios heterogéneos y pautas protocolarias atomizadas.
• La imposición de condiciones adicionales por parte de las distintas administraciones territoriales que torpedean la línea de flotación de la efectividad las empresas telecom.
• La continúa aplicación de unas tasas fiscales que frenan la productividad y el desarrollo tecnológico necesario para llegar a la conectividad digital.
El contenido de la nueva Ley de Telecomunicaciones.-
La nueva reglamentación en materia de telecomunicaciones se hace más que necesaria para responder a las últimas innovaciones, dado que la actual normativa data de 2003 (Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones). Concretamente, el contenido de la nueva Ley de Telecomunicaciones (la tercera que se dictaría) y posterior desarrollo reglamentario abordarán las siguientes cuestiones:
1.- Afianzar la aplicación de una normativa uniforme en todo el territorio español para el despliegue de redes de telecomunicaciones.
2.- Eliminar la imposición por las administraciones públicas territoriales, de condiciones adicionales a los despliegues tales como la fijación de límites de emisión electromagnética.
3.- Agilizar los trámites administrativos del despliegue de infraestructuras en dominio privado sustituyendo la necesidad de licencias por meras declaraciones responsables.
4.- Facilitar el despliegue de redes de Telecomunicaciones en los edificios
5.- Regular al detalle la intervención de las Administraciones Públicas en la explotación de redes y provisión de servicios de telecomunicaciones
6.- Simplificar las tasas y tributos aplicables a los operadores de telecomunicaciones y agilizar los procedimientos de pago.
7.- Establecer la obligación de instalar infraestructuras de obra civil para facilitar los despliegues de redes de telecomunicaciones en zonas de nueva urbanización.
8.- Garantizar el acceso de los operadores de telecomunicaciones a infraestructuras de administraciones públicas y operadores de infraestructuras lineales (electricidad, gas, agua, saneamiento, transporte).
9.- Introducir la obligación de instalar canalizaciones para el despliegue de redes de comunicaciones en los despliegues de carreteras e infraestructuras ferroviarias de competencia estatal
Estas cuestiones serán plasmadas en el artículo correspondiente a la determinación de los objetivos y principios de la nueva regulación de las telecomunicaciones. Principios que en 2003 se contemplaron en el artículo 3 de la vigente Ley 32/2003, todavía en vigor.
Con el nuevo régimen jurídico se neutralizarán las carencias detectadas por el propio gobierno en el mercado de explotación de redes y de la prestación de servicios de telecomunicaciones. De este modo el principio de flexibilización y adecuación normativa a los nuevos avances tecnológicos podrá hacerse realidad. Gracias a ello se conseguirán los objetivos marcadas en la nueva Ley de Telecomunicaciones:
• Facilitar los despliegues de redes
• Eliminar barreras administrativas a los despliegues
• Promover la unidad de mercado
• Facilitar el acceso a infraestructuras de obra civil disponibles
• Fijar obligaciones para el despliegue de infraestructuras en zonas de nueva urbanización, en nuevos proyectos ferroviarios y de carreteras.
• Regular la explotación de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas por las Administraciones Públicas para garantizar la no distorsión de la libre competencia
Fruto de lo anterior, se conseguirá la simplificación normativa y la agilidad administrativa de los procedimientos que afectan a los despliegues de infraestructura, para lo que será de capital importancia la implicación de los ayuntamientos y las CCAA.
Por eso, entre la administración general del Estado, las CCAA y los municipios se deben de poner de acuerdo para conseguir las distintas finalidades perseguidas por el cambio regulatorio que se avecina:
• Coordinar el empleo de los fondos comunitarios destinados a la extensión y promoción de la banda ancha.
• Lograr un escenario presidido por una normativa común para las administraciones locales relativa al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones.
• Impulsar un proceso de ventanilla única y de tramitación electrónica que facilite la relación de los operadores de telecomunicaciones con las diferentes Administraciones Públicas.
Jaime Rodriguez Diez