July 2013

17/07/2013

Si el ataque a Pearl Harbor del 7 de diciembre de 1941 convertía el conflicto en Segunda Guerra Mundial, la Sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2012, que anula 9 licencias de TDT estatal ha dado al polvorín televisivo que se vivía en las CCAA desde el 2008 una dimensión estatal.

El sector televisivo se ha convertido en un polvorín desde que el Tribunal Supremo anuló la asignación directa de un múltiple Digital (MUX) a cada una de las sociedades concesionarias de la TDT estatal. Pero el estallido final tuvo lugar el pasado 22 de marzo de 2013 con la ejecución de la Sentencia por el
Consejo de Ministros.

Los operadores estatales han puesto su grito en el cielo y según fuentes periodísticas se encuentran sorprendidos por la falta de diálogo con el actual Gobierno, algo que ha sido un denominador común en los conflictos entre televisiones locales y autonómicas y los ejecutivos de turno, cuando eran anuladas las licencias por los tribunales.

Los hechos se remontan al 16 de julio de 2010, cuando el Consejo de Ministros presidido por Zapatero asignaba directamente un múltiple digital estatal a cada una de las televisiones con licencia de TDT de ámbito estatal. Un acto que muchos interpretaron como un cierre a la entrada de nuevos operadores en el mercado.

A partir de ahí, tres irregularidades comenzaban a denunciarse:

• Las cadenas televisivas han obtenido nuevas licencias sin pasar por un concurso público.
• Los nuevos múltiples se asignan en contra de la normativa de Unión Europea y de la doctrina de los tribunales europeos.
• Esta asignación de nuevos MUX es interpretada como un agravio comparativo hacia el resto de empresas con vocación televisiva que han visto sus solicitudes denegadas.

Esto dio lugar a que una empresa del sector (que nada tiene que ver con las grandes cadenas) planteara un recurso ante el Tribunal Supremo pidiendo la anulación de la adjudicación directa.

Las razones legales

El recurso de Infraestructuras y Gestión 2.002, S.L., se basaba en los siguientes motivos:

1.- La Ley 7/2010, General de la Comunicación Audiovisual exige la realización de concurso para otorgar licencias de servicios audiovisuales televisivos (televisión TDT) que utilicen ondas hertzianas. Y la asignación de MUX se hizo al amparo de una regulación derogada: los Reales Decretos 944/2005 y 365/2010.
2.- Toda concesión de derechos de uso de radiofrecuencias ha de efectuarse mediante procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios. Esto lo establece la Directiva 20/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la utilización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Una asignación directa discrimina al resto de empresas que no son Antena 3, Telecinco, Sogecable, Veo Televisión, Net TV y La Sexta. Y desde luego, no se puede considerar transparente, ni abierta. Al contrario, impide la entrada de nuevos actores al mercado televisivo.

Estos argumentos han sido los que ha utilizado el Tribunal Supremo para anular las licencias a las cadenas de televisión estatales, que han sido víctimas de una deficiente e irregular decisión de la administración.

Los damnificados

La Sentencia del Tribunal Supremo anula nueve licencias a los siguientes operadores:

-Mediaset (la empresa que agrupa ahora a Cuatro y Telecinco) pierde dos canales: los que ocupan Nueve y Energy.
-Veo TV (que pertenece al grupo editor del diario El Mundo (Unidad Editorial) pierde también dos canales.
Recordemos que emite Disney Channel, Intereconomía, Paramount y MTV (las dos últimas, alquiladas).
-Net TV (propiedad de Vocento) perderá otros dos canales. A través de las licencias de Net se emiten Marca TV, 13 TV, Discovery Max y AXN (ésta última en TV de pago).
-Atresmedia (empresa resultante de la absorción de laSexta por Antena 3) se quedará sin tres canales (Nitro, Xplora y La Sexta 3).

El escenario televisivo actual
 
UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), ya ha anunciado acciones legales contra la ejecución de la Sentencia, al haber situado “a los operadores de televisión y a todo el sector audiovisual” – según un comunicado público - en una “situación de inseguridad jurídica sin precedentes”. Deberemos esperar a conocer los argumentos jurídicos que invocará para tratar de invertir la situación y mantener la legalidad de esos 9 canales anulados.

Lo cierto es que desde 2008, el ámbito jurídico del sector de la televisión en España resulta cada más inestable por las irregularidades que los Tribunales están detectando en el reparto de licencias. Nulidad de la TDT Autonómica, Local e Insular en Canarias (todas anuladas). Invalidez de la TDT Local en la Comunidad Valenciana (42 canales declarados ilegales). Anulación de la TDT Local en Galicia (2 demarcaciones) y en Ceuta. Algo increíble.

Y son las propias irregularidades de la administración las que fomentan:
• La concentración de concesiones.
• La devaluación de las licencias televisivas, por estar casi todas recurridas.
• El incremento de emisiones sin autorización.
• La dificultad de sancionar a las televisiones sin licencia.

A lo que hay que añadir los informes de grandes corporaciones de abogados extranjeros que recomiendan a sus clientes (cadenas televisivas con gran respaldo financiero), emitir sin acudir a las licitaciones. No vaya a ser que luego las licencias se anulen por las irregularidades de quienes las otorgan. Por todos es conocido que varias cadenas consideran que resulta más rentable afrontar procesos sancionadores –por su ineficacia- que confiar su existencia a la obtención de licencias audiovisuales.

En definitiva, nos encontramos en un entorno donde cada vez se hace más patente la incertidumbre jurídica caracterizada por sentencias judiciales que declaran las licencias audiovisuales nulas por anomalías de la administración.

Esto es algo que debe cesar si queremos disfrutar de una plena libertad de prensa audiovisual.

 

Jaime Rodriguez Díez

jrodriguez@diezromeo.com

 

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