Los operadores de banda ancha alternativos a Telefónica (Orange, Jazztel y Ono, entre otros) han presentado el pasado jueves 28 de mayo en el Consejo de Estado sus alegaciones contra la tasa para financiar el fin de la publicidad en TVE que el Gobierno trata de sacar adelante.
Estas compañías, que en sus resultados de 2008 registraron pérdidas y están reunidas en la asociación Astel, han expresado su rechazo total al canon, que en su opinión, "beneficiará a Telefónica España" , según un comunicad oficial difundido esta mañana.

El anteproyecto de Ley del Gobierno carga sobre los ingresos brutos de las 'telecos' la aportación del 0,9% a TVE y se olvida de la facturación neta. De acuerdo con Astel, que obtiene por alquilar sus redes a algunos alternativos son deducibles de los ingresos brutos de explotación.

Como antiguo monopolio, Telefónica ofrece acceso mayorista a su red a más de 3,6 millones de clientes en España, según los últimos datos de la operadora.

Las diferencias establecidas por el Gobierno entre compañías ha sido muy criticada por algunos agentes del sector, ya que las 'telecos' regionales (el gallego R, Euskaltel y Telecable Asturias) obtienen beneficios anuales y estarán exentas de pagar la tasa, pese a que TVE hace desconexiones territoriales en sus comunidades autónomas.
Rechazo de la CMT
El pasado jueves, el Consejo de la CMT mantuvo una reunión ordinaria en la que analizó el borrador del anteproyecto de Ley aprobado en Consejo de Ministros el 8 de mayo. Ese informe ya ha sido remitido al Consejo de Estado y algunos Ministerios para su estudio, según confirmaron a este periódico fuentes del organismo.

Antes de evaluar el documento, el presidente del regulador de las telecomunicaciones, Reinaldo Rodríguez, expresó su rechazo a fijar una nueva carga impositiva a este sector, que en los próximos años debe hacer un alto esfuerzo inversor para renovar sus redes.

Parece que ese criterio ha sido compartido por el resto de los consejeros del organismo, ya que según publica hoy Expansión el informe elaborado por la CMT rechaza la implantación de este canon a las operadoras.

Tras pedir ayuda en el Consejo de Estado, Astel ha anunciado que seguirá peleando en contra de este canon y se reunirá con los grupos parlamentarios para tratar de frenar que el anteproyecto de Ley del Gobierno salga adelante en el Parlamento.

El rechazo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) no ha impedido la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley para la financiación de RTVE.

"Aunque sus informes no son vinculantes, el Gobierno ha decidido modificar algunos puntos", ha afirmado la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El polémico impuesto a las operadoras de telecomunicaciones del 0,9% de sus ingresos brutos se mantiene intacto, a pesar de los reproches del sector y de la propia CMT.

Esas concesiones de las que ha hablado De la Vega consisten en la prohibición para el futuro que RTVE pueda lanzar servicios de pago o de acceso condicional.

De la Vega sostiene que las operadoras de telecomunicaciones aumentarán sus beneficios con esta medida, ya que no van a contar con la competencia en los servicios audiovisuales de pago de la cadena estatal.

Además, el Gobierno, ha incluido a las televisiones de pago o de acceso condicional, como Digital +, o como el canal de fútbol televisado Gol TV, que lanzará en septiembre Mediapro, entre las empresas que deben satisfacer el impuesto que afecta a las cadenas de televisión.

Lo harán abonando un 1,5% de sus ingresos frente al 3% que deben pagar las privadas.

Lo que ha eliminado es la sanción específica a las compañías del sector de telecomunicaciones, incluida en el anteproyecto aprobado el pasado 8 de mayo, que suponía la pérdida de licencia en caso de que las operadoras incumplieran con su pago.

Francisco Ros, indicó que el Gobierno no busca "culpables" ni "excusas" en cuanto a los retrasos e incidencias que puedan acontecer en el proceso necesario para el inminente apagón analógico, previsto para el 3 de abril de 2010. En este sentido, Ros explicó que a día de hoy existen 22 proyectos con fecha de cese analógico y otros 10 proyectos pendientes de aprobación, dos en Galicia y País Vasco, uno en cada comunidad, afectados por el proceso electoral, cinco en Castilla y León y tres en Andalucía, que aún necesitan actuaciones de extensión.

Ante la pregunta del diputado del Grupo Popular, Ignacio Gil Lázaro, sobre las medidas para evitar que el 'apagón analógico' se convierta en "un nuevo factor de desigualdad social", Ros señaló que las televisiones ya han firmado un acuerdo con una plataforma de satélite para evitar esta situación.

De esta forma, las televisiones cumplen con la obligación impuesta por el Ejecutivo para que los radiodifusores habilitarán conjuntamente al menos una plataforma de satélite para todo el territorio nacional.

Esta medida persigue que las emisiones de TDT estatales, tanto las públicas como las privadas, lleguen a aquellos ciudadanos que no dispongan de una cobertura adecuada de los canales de TDT.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, critica que las cadenas de televisión "apuran hasta el límite legal" sus emisiones de publicidad, lo que supone un nivel de anuncios que "posiblemente sea lesivo" para los intereses de los anunciantes y los derechos de los espectadores.

Así se desprende del informe anual de esta institución, que asegura que la actual "saturación" publicitaria puede resultar "contraproducente" para la finalidad perseguida por los anunciantes. Múgica señala además que, en ocasiones, los operadores "sobrepasan" el límite establecido, lo que ha conllevado correspondientes sanciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI).

Precisamente, este departamento recibió las quejas sobre este asunto del Defensor del Pueblo, al que comunicó que no "compartía" la afirmación de que se estuviese produciendo un "incumplimiento sistemático" de las emisiones de televisión bajo competencia del Estado.

"De acuerdo con sus datos, si bien había detectado infracciones, éstas eran sistemáticamente sancionadas y el volumen de las mismas no permitía hablar de un incumplimiento generalizado", señala el informe. No obstante, este departamento afirmó que "compartía plenamente la preocupación sobre la necesidad de reconducir las reglas".

Publicidad, sólo 12 minutos

En este sentido, Múgica resalta que la SETSI ya está considerando, en los trabajos previos para la transposición de la nueva directiva europea de medios audiovisuales, la limitación de 12 minutos de publicidad "a todas las formas" de publicidad y televenta. "Como consecuencia de la aplicación de este criterio, desaparecería el margen adicional de cinco minutos para otras formas de publicidad y los anuncios de autopromoción que no fueran avances de programación, no disfrutarían de un régimen especialmente ventajoso", explica.

Cabe recordar que la actual ley autoriza, dentro de una hora de emisión, no sólo 12 minutos de anuncios de publicidad de terceros y de televenta, sino también hasta 5 minutos adicionales de otras formas de publicidad y autopromoción e incluso la emisión de programas de televenta de, al menos, 15 minutos.

A la fecha de la conclusión del informe del Defensor del Pueblo, se estaba a la espera de la información sobre la previsión de fechas del proceso normativo en vía administrativa hasta su remisión a las Cortes Generales para su trámite y aprobación.

Si una compañía modifica sus condiciones, el cliente podrá irse sin sanción

El Gobierno ha aprobado la Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones, que incluye la indemnización automática en caso de avería en las comunicaciones fijas y móviles, si la cuantía es superior a un euro, y en Internet por más de seis horas de interrupción entre las 8 y las 22 horas.

El Ministerio de Industria señala que la Carta añade 20 nuevos derechos a los ya existentes.

En paralelo, el Ejecutivo ha modificado el régimen legal de la competencia desleal en la publicidad, que prohíbe el 'spam' telefónico -las llamadas indiscriminadas de las compañías para vender sus productos- y otras prácticas comerciales agresivas.

La Carta desarrolla la Ley General de Telecomunicaciones, que recoge que los contratos de telecomunicaciones deben contener hasta 16 puntos para garantizar la información al usuario.

De esta forma tienen que incluir la posible existencia de periodos mínimos de contratación y de vínculos entre el contrato de servicio y la adquisición de un terminal y las consecuencias del incumplimiento.

La Carta prohíbe que el operador pueda modificar unilateralmente las condiciones contractuales si no están previstas expresamente en el contrato. En caso de modificación, el usuario deberá ser avisado con un mes de antelación y tendrá derecho a romper el contrato sin penalización si no está de acuerdo con el cambio.

Las modificaciones también serán comunicadas con un mes de antelación a la administración y a las asociaciones de usuarios.

El contrato deberá reconocer el derecho del usuario a elegir el medio de pago de entre los más comunes en el tráfico comercial de forma que no pueda ser impuesta la domiciliación bancaria como único medio.

Además se reduce de 15 a 2 días el plazo que el operador tiene para dar de baja a un cliente. De esta forma prohíbe la facturación posterior a este periodo.

El cambio de operador conservando el número (portabilidad) se reduce a un día y la Carta refuerza la protección del usuario frente a altas fraudulentas, con mayores poderes sancionadores para la administración.

Respecto a la velocidad de acceso a Internet, prohíbe publicitar velocidades que excedan las permitidas realmente por la tecnología y, además, los operadores deben informar a los usuarios, antes de los contratos, de los factores que inciden en la velocidad efectiva de la línea.

Contiene una regulación específica para los abonados de prepago con el derecho al desglose de llamadas, indemnizaciones por interrupción del servicio y a disponer de las condiciones generales del servicio que tienen.

La normativa dice que los usuarios tienen derecho a recibir facturas de los servicios, y del desglose de las mismas. Los cargos que no tienen que ver con las comunicaciones electrónicas, en caso de impago no podrán dar lugar al corte del servicio.

Respecto a las reclamaciones, el usuario tendrá derecho a exigir un documento acreditativo de este tipo de gestión y el operador estará obligado a aceptar la vía telefónica para presentar las reclamaciones que serán contestadas en el plazo de un mes.

Además el operador deberá enviar al usuario un documento acreditativo de las ofertas a las que se acoge si estas no figuran en las condiciones generales aplicables.

 El canon aprobado por el Consejo de Ministros que obliga a las 'telecos' a pagar el 0,9% de sus ingresos anuales para financiar TVE sigue creando el descontento entre las compañías del sector.

Como medida ante la negativa de las operadoras, el impago de la tasa de financiación de la televisión pública podría suponer para los infractores la "suspensión de la actividad" y la supresión "del título administrativo" correspondiente, según un borrador del anteproyecto remitido a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT).

El rechazo ha sido unánime en las empresas y también del propio presidente de la CMT, Reinaldo Rodríguez, quien antes de que se aprobara la medida por el Consejo de Ministros mostró su desacuerdo, indicando que la iniciativa era "poco coherente".

El Estado, por su parte, aportará este año a los presupuestos de RTVE hasta un máximo de 165 millones de euros, para compensar el efecto de la supresión de la publicidad de la cadena pública.

El presidente del supervisor del mercado de las telecomunicaciones, en cambio, se ha negado a opinar sobre la polémica tasa, argumentando que, en el momento en el que la CMT recibió la petición para elaborar el informe preceptivo, él, como responsable del órgano, no "tenía opinión".

El último en posicionarse ha sido el presidente de Telefónica en España, Guillermo Ansaldo, quien ha indicado que el canon no "les gustaba nada" pero que, de momento, es muy pronto para decidir si emprendían medidas legales, que se estudiarían en caso de que el anteproyecto finalmente se aprobara.

Por otro lado, el presidente de la patronal Aetic, Jesús Banegas, ha amenazado con que las operadoras podrían trasladar esta nueva carga, al margen de su actividad, a los precios de móvil e Internet de los clientes finales.

Esta medida se ha descartado por parte del presidente de Vodafone, Francisco Román, quien, en la presentación de resultados del grupo, recalcó que sus tarifas las marcaban las "necesidades" de los clientes en "entornos competitivos".

La reforma del mapa audiovisual español está a la vuelta de la esquina después de que el Congreso de los Diputados aprobara ayer el proyecto de ley que permite las fusiones entre cadenas privadas de TV con la condición de que la resultante no acumule más del 27 por ciento de «share». Todos los Grupos votaron a favor en la Comisión de Industria, excepto ERC y BNG, que se abstuvieron. El texto pasa ahora al Senado para su posterior ratificación definitiva en el Pleno del Congreso.
El mencionado techo del 27 por ciento de audiencia permite numerosas combinaciones de fusiones entre operadores salvo la de Telecinco y Antena 3. En el sector se da por descontada desde hace semanas la unión entre Cuatro y La Sexta, con una eventual cuota de pantalla acumulada del 15 por ciento aproximadamente.
Oscar López, portavoz socialista, que defendió este proyecto de ley, señaló que el objetivo es permitir fusiones entre cadenas, debido a la proliferación de canales que permite el sistema de TV Digital Terrestre y por la actual situación de crisis económica, y evitar situaciones monopolísticas. El portavoz socialista, ante las siete enmiendas presentadas por los Grupos nacionalistas, decidió la eliminación del articulo 3.2 del proyecto de ley, ya que invadía competencias de las comunidades autónomas (limitaba sus competencias para conceder canales públicos).
Entre las concesiones del PSOE para pactar el proyecto de ley también figura la de haber eliminado los artículos 4 y 5, que proponían la creación de una Oficina de Defensa del Consumidor de Productos energéticos, al que se habían presentado también varias enmiendas, por considerar que no tiene cabida en este proyecto. Oscar López consideró ayer que muchas de las enmiendas presentadas tendrían más cabida en la futura Ley General Audiovisual y rechazó otra enmienda del PP, que proponía la posibilidad de privatizar las televisiones públicas.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, garantizó ayer que no ha llegado a ningún pacto «por detrás» con las televisiones privadas a cambio de la supresión de la publicidad en TVE.
RTVE sin publicidad
De la Vega respondió en el Pleno del Congreso a una interpelación urgente que le planteó el diputado del Grupo de ERC-IU-ICV Gaspar Llamazares, sobre el impacto que tendrá la eliminación de los anuncios en TVE en el modelo de televisión pública. «No he negociado con nadie y no hay nada pactado por detrás», afirmó la vicepresidenta. «No es cierto que el Gobierno esté cediendo a las presiones de las televisiones privadas», informó Servimedia.
De la Vega aseguró que, lejos del malestar que denuncian algunos Grupos de la oposición que ha generado la reforma anunciada por el Gobierno, ha encontrado «el apoyo y la comprensión de la gran mayoría del sector».
En defensa de la nueva ley de financiación de RTVE, la vicepresidenta reafirmó los argumentos del Ejecutivo: se busca «dinaminizar el sector audiovisual en su conjunto» y reforzar el sistema de financiación de TVE con un «modelo objetivo de aplicación de tasas» a los operadores de televisión y telefonía que se beneficiarán con el «apagón publicitario» de TVE. Subrayó que la fuente presupuestaria de la futura RTVE sólo provendría en un 11% de los ingresos de las televisiones privadas y dos tercios del erario público.

 Andalucía, Castilla y León, País Vasco y Galicia no tendrá apagón analógica en ninguno de sus municipios el 30 de Junio de 2009.

Los plazos marcados por el Ministerio de Industria para llevar a cabo el apagón analógico comienzan a naufragar. Para el 30 de junio estaba previsto que las viejas emisiones desaparecieran de los hogares de cinco millones de habitantes. Pero la televisión digital terrestre (TDT) sólo llegará a tres millones en esa fecha. De los 1.200 municipios que debían abrazar la nueva tecnología, más de la mitad (alrededor de 700) tienen problemas para recibir las señales.

Ante las dificultades de cobertura, Industria ha comunicado a las comunidades autónomas que en 14 de los 32 proyectos incluidos en esta primera fase "no se alcanzan las condiciones establecidas para el cese de las emisiones", según explicó un portavoz de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

El retraso es de tal calibre que en cuatro comunidades autónomas (Galicia, Castilla y León, Andalucía y País Vasco) no habrá apagón en ninguno de los municipios previstos. Y todo porque no se han cumplido los requisitos que puso Industria: que la cobertura digital fuera igual o superior a la analógica antes de que se produjera el apagón y que al menos el 81,3% de la población afectada tuviera acceso a la señal. Estas obligaciones se adoptaron a raíz del proyecto piloto de Soria, que sirvió de conejillo de Indias para experimentar el proceso de transición. Desde julio pasado, la mitad de la provincia de Soria (160 municipios, 50.000 habitantes) sólo recibe la TDT.

Para su extensión a los 1.286 municipios que, según Impulsa TDT estaban incluidos en esta primera fase, Industria dejó en manos de las comunidades la extensión técnica. A tal fin destinó 8,2 millones de euros. "El ministerio ha hecho sus deberes", afirma el departamento que dirige Miguel Sebastián. Conseguir que la señal llegue a todos los rincones exige poner a punto la red de distribución de señales. En algunas comunidades es necesario utilizar el satélite. Pero muy pocas han convocado concursos para adjudicar este servicio. Para impulsar la cobertura en los municipios afectados en las fases II y III, el Gobierno ha puesto en manos de las comunidades otros 52 millones de euros.

Las demoras en la fase I han sido muy criticadas por las televisiones privadas. Uteca, el organismo que las agrupa, se queja del "notable perjuicio económico" que supone el retraso, dado que los operadores han de hacer frente a un doble gasto de transporte y difusión de señales analógicas y digitales. Uteca estima que también perjudica a su negocio el hecho de que Industria no haya adjudicado los múltiples digitales a los operadores.

Científicos del Baylor College of Medicine de Texas (Estados Unidos) han dado un paso importante en el conocimiento de los ovarios y también de sus patologías y los problemas de infertilidad que sufren algunas mujeres. En un estudio publicado en 'Science', describen dos enzimas cuya eliminación desencadena una serie de alteraciones que culminan con la incapacidad para la reproducción."Existen otros genes que cuando mutan pueden bloquear la ovulación u otras actividades involucradas en la maduración de los oocitos o en la formación del cuerpo lúteo. Pero estos son los únicos tan potentes como para bloquearlo todo", ha explicado JoAnne Richards, una de las autoras del trabajo.

Ella y su equipo centraron su atención en un grupo de moléculas llamadas MAP kinasas, implicadas en muchas vías celulares. Dentro de estas, hay un subgrupo relacionado en investigaciones anteriores con la fertilidad, el formado por ERK1 y 2. Sin embargo, su papel específico en la regulación de los procesos que tienen lugar en el ovario "no se ha analizado ni definido claramente aún", anotan los autores.

Para evaluar la función de ERK1 y 2 en las gónadas femeninas, Richards y sus colegas crearon dos familias de ratones. Una sin ERK2 en las células de la granulosa –esenciales para el desarrollo folicular- y la otra carecía por completo de ERK1. Después cruzaron a los ejemplares.

De las hembras, aquellas que carecían de ambas enzimas "no podían ovular y eran completamente infértiles", explican los investigadores. Al alcanzar la edad adulta, sus ovarios mostraban folículos preovulatorios pero no cuerpos lúteos, que son aquellos que aparecen después de que se produzca la ovulación. Además, las secreciones hormonales eran anómalas, "indicando la presencia de profundos cambios endocrinos", añaden.
Dos horas vitales
Análisis más exhaustivos revelaron que el bloqueo de ERK1 y 2 impedía que la hormona luteinizante, que controla la remodelación del folículo y la división de las células de la granulosa además de la liberación del óvulo maduro, realizara adecuadamente su trabajo.

La activación de estas dos enzimas es rápida "como una bala", ha explicado Richards. Sólo durante un corto periodo de tiempo, que va de los 30 minutos a las dos horas, ERK1 y 2 se activan para emitir las señales necesarias para que la ovulación sea satisfactoria. Si estas moléculas fallan, el óvulo no madura correctamente.

"Estos hallazgos podrían ayudar a esclarecer la naturaleza molecular que subyace a la patología ovárica y otras condiciones que provocan infertilidad en los seres humanos", concluyen Rajsesha Duggavathi y Bruce Murphy, especialistas en reproducción animal, en un editorial que acompaña al trabajo de Richards.

La Nasa va a poner en órbita un satélite llamado PharmaSat. De pequeño tamaño y peso (apenas llega a los cuatro kilos y medio), se caracteriza porque en su interior contiene un microlaboratorio en el que han colocado levaduras, un tipo de hongos microscópicos.

El objetivo de este proyecto es ver el comportamiento de las levaduras frente a un fármaco antifúngico. Resulta que las levaduras se comportan de forma más virulenta y resistente en el espacio debido a la falta de gravedad. Esto se debe a que varía la forma de expresión de los genes encargados de la resistencia, y por tanto, podría cambiar la forma en que las levaduras reaccionan frente a los fármacos. Según dijo Elwood Agasid, jefe del proyecto, al diario New York Times, quieren "cuantificar el efecto".

Las funciones de este microlaboratorio son: proporcionar a las levaduras un medio de cultivo con una humedad y una temperatura adecuadas; administrar tres dosis diferentes de antifúngico a las celdillas que contienen las levaduras, más una dosis de control (sin fármaco, sólo con el excipiente); cuantificar la población fúngica antes, durante y después de la administración del antifúngico; determinar la viabilidad de la levadura a determinados tiempos tras la administración del principio activo; mandar los datos obtenidos a la Tierra.

Estos satélites más pequeños permiten realizar experimentos de forma más rápida y barata que en una estación espacial o en un satélite más grande: El coste total del proyecto es de tres millones de dólares y el experimento durará tan solo cuatro días.

El satélite orbitará a unos 450 kilómetros de la Tierra, y a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora. Su lanzamiento se había programado para el martes 5 de mayo, pero debido a las malas condiciones climatológicas se pospuso al jueves 7 de mayo. Despegará a bordo del lanzacohetes Air Force Minotaur 1 a partir de las ocho de la tarde desde la plataforma de lanzamiento que la agencia espacial estadounidense tiene en Wallops Island, Virginia.

PharmaSat se ha desarrollado en el centro de investigación Ames en Moffett Field, California.

Los anuncios en la televisión pública desaparecerán a partir del próximo mes de septiembre, por lo que TVE toca a su fin en cuanto a la publicidad. Así, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, lo ha anunciado hoy tras la reunión del Consejo de Ministros: "Ha llegado el momento de tomar la decisión de suprimir la publicidad en RTVE".

Tras haber sido debatido el nuevo modelo financiero de RTVE en el Consejo de Ministros, el anteproyecto será examinado por el Consejo de Estado y por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para, posteriormente, ser trasladado al Parlamento. La nueva ley "afianzará el modelo de una radiotelevisión pública mayoritaria, sostenible e independiente" que "clarificará el panorama audiovisual", según ha declarado Fernández de la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El fin de la publicidad viene acompañado de un nuevo modelo de financiación en RTVE. Para compensar la pérdida de ingresos publicitarios (478 millones previstos para este año, más de la mitad del presupuesto del grupo estatal), las televisiones privadas se apretarán en cinturón y destinarán a la pública el 3% de sus ingresos brutos anuales. En total, se calcula que inyectarán en las arcas de RTVE 140 millones de euros.

También las operadoras de telecomunicaciones (Telefónica, Vodafone, Orange y Ono, entre otras) estarán obligadas a financiar RTVE. Será a través de una nueva tasa equivalente al 0,9% de sus ingresos. Por este concepto, la televisión pública ingresará unos 290 millones de euros.

La tercera vía de financiación procederá de la tasa que todos los operadores (desde las radios a las telefónicas) pagan por la utilización del espacio radioléctrico. Esta partida equivale a 240 millones de euros. Para completar su presupuesto (que rondará los 1.200 millones), el Estado aportará a RTVE 550 millones.

Este modelo financiero ha sido recibido de forma desigual por los sectores implicados. Las televisiones privadas lo aceptan a regañadientes. Por un lado, critican que se les añada una nueva tasa (ya tienen que invertir el 5% de sus ingresos en cine y hacer frente al pago a las entidades de gestión, con una cuota similar). Pero por otro lado, han recibido el compromiso del Gobierno para que en ese 5% computen también las series de televisión. Además, las privadas se beneficiarán de los anuncios que libere TVE y se comerán una buena parte del pastel publicitario que acapara la pública.

Más furibunda ha sido la reacción de las operadoras de telecomunicaciones, que consideran "injusto" financiar un sector que, alegan, tiene poco en común con su actividad. Las telefónicas han anunciado que repercutirán la cuota 0.9% a los usuarios y detallarán esta partida en la factura telefónica . A través de Redtel, organismo que agrupa a los principales operadores, éstos aseguran que ya soportan impuestos exclusivos que suman 568 millones de euros al año. "Es injusto y difícilmente explicable que los operadores de telecomunicaciones tengan, además, que financiar un modelo determinado de televisión que opera en otro mercado distinto, como es el audiovisual".

Frente a estas protestas, De la Vega ha asegurado que es una medida evaluada que está en los márgenes de la Constitución y del derecho europeo. "Parece razonable que si van a obtener beneficios" por la desaparición de la publicidad, "puedan contribuir a la financiación del servicio público".

La vicepresidenta también ha asegurado que respeta la postura de las compañías de telecomunicaciones pero ha recordado que algunas de ellas ya pagan una tasa similar en otros países europeos, como por ejemplo en Francia: "No se entiende por qué no lo pueden pagar en España".

A partir de ahora, TVE tendrá que cumplir determinadas obligaciones. Tendrá restringida la compra de derechos deportivos, incrementará su cuota (hasta el 6%) para apoyar al cine, fomentará la emisión de debates parlamentarios y electorales e impulsará la programación infantil.

Tras la reciente Sentencia del pasado 28 de abril en la que se condenaba a la FOX en el pleito que mantenía contra la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones), el Tribunal Supremo ha aceptado un recurso de apelación del Gobierno norteamericano para reconsiderar la multa de 550.000 dólares (411.000 euros) impuesta contra la CBS.

La cadena emitió el destape de Janet Jackson en su actuación junto a Justin Timberlake durante la Superbowl de 2004. Este cantante dejó al descubierto un pecho de la hermana de Michael Jackson, una decisión que provocó la multa más dura que haya sufrido una cadena norteamericana.

La orden, a favor del Gobierno, envía el caso de nuevo a los tribunales de apelación federales para revisar la resolución que apoya, como mantiene la nueva política del Gobierno de EEUU, que se debe sancionar cualquier imagen ofensiva que se ofrezca en un 'show' en directo.

No obstante, un tribunal de apelaciones de Filadelfia determinó que la FCC  actuó "arbitraria y caprichosamente" en su veredicto sobre la imagen del desnudo.

La escena aludida fue vista por casi 90 millones de espectadores durante menos de un segundo en el descanso del partido de la Superbowl de fútbol americano del año 2004.

A pesar de la brevedad de esta aparición 'estelar', los reguladores respondieron con indignación y rotundidad por un supuesto caso de 'indecencia' en la emisión.

En la misma línea que Timberlake, quien achacó lo ocurrido a un "fallo de vestuario", la CBS y la MTV, que producían la gala, insistieron en que no sabían que fuera llevarse a cabo tan polémico destape, que costaría 27.500 dólares a cada una de las 20 cadenas del conglomerado CBS que sacaron en antena la gala.

La corte de apelación ha manifestado que la CBS no puede ser responsable de los actos de Jackson y Timberlake, por lo que la sentencia deberá ser revisada.

El Gobierno, por su parte, ha instado al Tribunal Supremo a atender el recurso o a las nuevas normas instauradas por la FCC en cuando a mensajes ofensivos emitidos por televisión.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha explicado a los directivos de TVE su intención de eliminar en septiembre la publicidad en la cadena pública "si los plazos parlamentarios se cumplen con rapidez".

Según ha explicado fuentes de la Corporación, el Ejecutivo plantea presentar un proyecto de ley antes del verano, aunque la aprobación definitiva del texto dependerá finalmente de los plazos establecidos para las enmiendas de los partidos políticos y su tramitación en el Congreso.

No obstante, estas mismas fuentes aludieron a la "dificultad" para llevar a cabo esta propuesta, ya que, previo a su entrada en el Parlamento, deberá pasar por el Consejo de Ministros y el Consejo de Estado. Por ello, el Gobierno contempla también otro margen "más amplio" para la entrada en vigor de esta ley, si bien dentro del periodo que abarca el último cuatrimestre del año.

El Gobierno desarrollará esta medida aparte de la Ley General Audiovisual y, entre las soluciones propuestas para financiar a TVE, se incluirán previsiblemente una tasa a las televisiones privadas del 3% de sus ingresos brutos de explotación, así como otra de un 0,9% para los operadores de telecomunicaciones, según ha explicado De la Vega.

Este anuncio se corresponde con lo comunicado por el presidente Zapatero hace menos de un mes: que aplicaría "una drástica reducción de la publicidad  en la televisión pública".
En contra
Esta medida ya había sido criticada a finales de abril por el sector de las telecomunicaciones, a través del presidente de la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de España (AETIC), Jesús Banegas, que considera "un sinsentido" obligar a este sector a financiar en parte a TVE. Banegas ha explicado que los operadores del sector ya soportan "una carga importante de impuestos especiales".

Además, entre las nuevas medidas, De la Vega plantea destinar un porcentaje de la tasa por la utilización del espacio público radioeléctrico -que entró en vigor este año-, y que previsiblemente destinará un 80% del total de los ingresos por este concepto.
Más reuniones
Durante su comparecencia la semana pasada ante la comisión mixta de RTVE, Fernández aseguró que no conocía el modelo de financiación que está elaborando el Gobierno para RTVE, después de que el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciara la citada reducción publicitaria.

El Gobierno también prevé reunirse a última hora de este lunes con los sindicatos y, "en un plazo de tres días", con los representantes de las televisiones privadas y las operadoras de telecomunicaciones para exponer estos primeros pasos hacia la eliminación de la publicidad en TVE.
Demanda histórica
Durante los últimos años, el Gobierno ha ido reduciendo la publicidad de la televisión pública a razón de un minuto por año hasta los actuales 10 minutos por hora y con el compromiso de llegar a nueve minutos en 2010.  

Sin embargo, para las cadenas privadas esta reducción es insufuciente y han pedido en reiteradas ocasiones la desaparición total de la publicidad en las públicas o, como mínimo, un plan más intenso como el plan presentado por Sarkozy en Francia.